Ante la represión terrorista del miércoles 12

Todos los presos deben ser liberados inmediatamente, sus causas anuladas

→ La represión salvaje de las fuerzas represivas federales avasallando las libertades democráticas es la otra cara del funcionamiento antidemocrático en el Congreso, votando una Ley en base a la extorsión, amenazas, maniobras y compra de votos.

→ Desde el día anterior enjaularon el Congreso con vallas para que nadie pueda acercarse. El miércoles lo rodearon con miles de efectivos de policía Federal, Gendarmería, Prefectura.

→ El protocolo represivo había sido desbordado por la presencia multitudinaria de manifestantes desde antes del mediodía, ocupando las plazas, avenidas y calles. Esta realidad fue cuidadosamente ocultada por los medios de comunicación.

→ El gobierno montó las provocaciones para reprimir con gases, balas, carros hidrantes, decenas de detenciones, para despejar de manifestantes toda la zona, para que se pudiera consumar el voto de la Ley sin la presencia de semejante movilización en la zona de Congreso.  El Gobierno preveía que esa movilización podría radicalizarse cuando se conociera el resultado de la votación trucha.

El objetivo es disciplinar a las masas, a sus organizaciones, impedir el derecho a la protesta.

No hay acusaciones concretas contra los detenidos que fueron mantenidos por horas esposados arriba de camiones sin que sus familiares supieran dónde estaban. Los heridos son cientos.

→ Las detenciones arbitrarias no son un error, es terror, atemorizar a cualquiera que participe en una movilización, criminalizando así la protesta.

Entre los detenidos hay una familia que vendía empanadas (abuelo, hija y nieta), un vendedor de choripán, manifestantes que salían de la estación de subte, una señora de 59 años que filmaba la represión. Acusados de sedición y ataque al orden constitucional.

El fiscal Carlos Stornelli pidió prisión preventiva para todos y les imputó 15 delitos.
En línea con Patricia Bullrich, que antes había pedido centrar la investigación en un presunto delito de “sedición” y había dicho que las protestas fueron parte de una nueva modalidad de “golpe de Estado”.

Ya conocemos las tropelías del Fiscal. Debía haber sido destituido hace mucho tiempo. No hay ninguna garantía de imparcialidad, todo lo contrario.

Les imputan “Lesiones, daños simples, incendio, estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia, organizar grupos permanentes o transitorios para imponer sus ideas o combatir ideas ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los poderes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad, perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo legislativo”. 

→ La imputación de Stornelli no explica cuál es la sospecha sobre cada una de las personas detenidas, no describe los hechos, no hace una valoración mínima de las pruebas y pide prisión preventiva en todos los casos, cuando el riesgo procesal debe ser evaluado uno por uno.

Como fundamento el fiscal cita el texto de la Oficina del Presidente que habla de golpe y las crónicas de Clarín y La Nación. No logra señalar ni un dato concreto respecto de las personas que imputa. 

→ Es increíble que hablen de Golpe. Parece una estupidez. Pero es una provocación más. En la historia Argentina los golpistas son los que hoy gobiernan. Todos los golpes (1930, 1955, 1966, 1976) tuvieron detrás a la oligarquía, al imperialismo, a los sectores más concentrados del capital que hoy gobiernan. La imputación de golpe es para para acusar de terroristas a los manifestantes, para agravar las penas, para amenazar a todos los que se movilicen.

→ Es increíble que puedan acusar de “incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, …posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta”. Desde el mismo gobierno de Milei que se reivindica públicamente como “topo” para destruir el Estado, “que es su principal enemigo”, de las ratas en el Congreso, de cerrar el Congreso, de gobernar desconociéndolo.

→ El papel de los medios de comunicación es fundamental para justificar las medidas represivas, mostrando una y otra vez el auto prendido fuego, las pedradas y los incidentes en las vallas, hechos que ocurrieron en un espacio muy reducido, para que no se vea la movilización multitudinaria. Ocultando las grandes movilizaciones que se realizaron en todo el país.

Pero en esos mismos medios aparecen las filmaciones y las fotos de los infiltrados que provocaron esas acciones, (de los que se alejaron los manifestantes que se ubicaban en ese espacio), que no fueron detenidos ni identificados. En las filmaciones del hecho no se ve intervenir a ningún agente, y a algunos de los provocadores se los ve pasar el vallado para juntarse con policías. Algunos de esos medios reprodujeron y documentaron las detenciones arbitrarias. Ninguna de las personas detenidas sería, según fuentes judiciales, el autor del incendio del auto de Cadena 3, antes volcado por un grupo de hombres, que el Gobierno incluye entre los actos terroristas. Viendo las fotografías de encapuchados, que no eran manifestantes, mostradas por La Nación, el cronista de Cadena 3 afirma que fueron infiltrados.

→ En esta represión aparece el Estado al desnudo, con métodos de dictadura militar, con represión física y judicial, para para imponer las políticas del sector más poderoso y concentrado de la economía, no tienen otra forma de poder avanzar con estas políticas. Es la dictadura del capital detrás de un régimen de dictadura civil.

→ Las centrales sindicales, CGT y CTAs deben responder inmediatamente con la convocatoria a un paro general de repudio a la represión brutal contra los trabajadores, los movimientos piqueteros, contra la juventud y convocando a toda la población a manifestarse contra semejante ataque a las libertades democráticas. No es con declaraciones y discursos que se detiene la represión. Debemos debatir cómo preparar la intervención en futuras manifestaciones para identificar y detener a los infiltrados, impedir que desnaturalicen nuestras luchas.  

Todos los presos deben ser liberados inmediatamente, sus causas anuladas. Todos los responsables del operativo represivo deben ser identificados, quiénes dieron las ordenes violando el derecho a la protesta, violando las libertades democráticas más elementales.

14 de junio 2024