El gobierno refuerza sus rasgos dictatoriales ante la profundización del desastre económico
Milei reestructura los servicios de inteligencia a los que denominará con el nefasto nombre de SIDE y le asignó una estructura de gran magnitud que dependerá de él mismo, le asignó un presupuesto adicional de 100.000 millones para gastos reservados y triplicó el presupuesto de equipamiento. Entre los responsables aparecen nombres vinculados a los gobiernos de Macri y Menem.
Esta reforma de la inteligencia no se hizo por Ley. Es un decreto que explícitamente dice que evita el trámite parlamentario. El organismo de control parlamentario de los servicios de inteligencia no se ha reunido bajo el gobierno simplemente porque no se ha conformado.
El gobierno busca darle mayor poder a los servicios de inteligencia dando marcha atrás con medidas del gobierno anterior que buscaron transparentar o limitar sus funciones. Es un aspecto del reforzamiento represivo, de vigilancia y persecución a quienes resisten a sus políticas. Es una búsqueda del fortalecimiento del Estado burgués, en su función esencial, como ha señalado Milei.
En el diseño de la nueva estructura, las misiones y funciones trabajó activamente el estratega presidencial, Santiago Caputo, que integra la cúpula del Gobierno junto a los hermanos Milei, aunque no es funcionario. Él eligió al nuevo jefe, Sergio Neiffert, sin experiencia en el tema. Colaboró en el diseño el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, José Luis Vila, que trabajó en la SIDE a principios de los 2000 y fue funcionario de inteligencia en Washington. En ese proceso habrían hecho consultas al círculo allegado al ya conocido Stiuso, exdirector de Operaciones y exdirector de Contrainteligencia y con Lucas Nejamkis, colaborador del exespía.
Las cuatro nuevas agencias dentro de la SIDE se llamarán: Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Agencia de Seguridad Nacional (ASN); y Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), todas monitoreadas por la denominada División de Asuntos Internos, que será el organismo de control de las tres anteriores y cuya misión “será prevenir el espionaje ilegal”.
La SIA (cuya estructura está inspirada en la CIA de los Estados Unidos) se dedicará a la “recopilación de información estratégica alrededor del mundo” y a la “cooperación con agencias de inteligencia” internacionales “aliadas”. Su jefe será Alejandro Walter Colombo, quien fue agregado de inteligencia en la embajada de Roma durante el menemismo, encargado del área internacional de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri y fue titular del área de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad y que “supo forzar lazos con la CIA y con el Mossad, claves para la gestión libertaria”.
Al frente de la ASN –el “FBI” local- fue nombrado Alejandro Cecati, excustodio de Macri (también fue custodio de Daniel Scioli y de Carlos Corach) y con vínculo con Patricia Bullrich quien lo propuso como jefe de la Policía Federal.
La nueva SIDE tendrá injerencia directa sobre la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) que es la dependencia de inteligencia de las fuerzas represivas, y autorizará su presupuesto.
Bullrich no habría tenido injerencia en la definición de la nueva estructura, aunque estará integrada con viejos conocidos.
En Gobierno aseguran que “La División de Asuntos Internos va a permitir que cualquier agente pueda denunciar que recibió una orden ilegal. Va a permitir combatir el espionaje ilegal porque ya no va a haber obediencia debida como era hasta ahora”. Esto es puro verso, para cubrir la violación de las libertades democráticas.
La “nueva” SIDE pretende reincorporar funcionarios retirados de los servicios del Sistema de Inteligencia Nacional.
Los servicios de inteligencia no han sido utilizados para defender el interés nacional frente a la acción de potencias agresoras y opresoras del país. Ha sido destinados a la vigilancia y persecución de las actividades políticas y sindicales y todo tipo de operaciones oscuras. Somos partidarios de su disolución como de todas las fuerzas represivas.
La represión a la protesta
La brutal represión del 12 de junio fue acompañada por la denuncia ridícula de intento de golpe contra el gobierno y pretendieron castigar con terribles penas a los presos de aquella jornada. Prácticamente todos los presos han sido liberados y no han podido volver a mencionar que se trató de un intento de golpe. En la Justicia Federal no pudieron avanzar con una acusación tan burda aunque el conocido y servil fiscal Stornelli hiciera las denuncias acompañado por medios de comunicación y sus “periodistas” que sólo reproducían el incendio del auto y las pedradas ocultando la enorme movilización popular contra la Ley. Semejante represión tuvo por objetivo “limpiar” la Plaza de manifestantes antes de que se votara la Ley, impedir que se siguiera incrementando la enorme cantidad de manifestantes, y enviar un mensaje disciplinador a las masas.
La reivindicación de la dictadura y la represión genocida
Generó una crisis dentro de las filas del gobierno que un grupo de 6 legisladores fuera a visitar a la cárcel de Ezeiza a los genocidas condenados. Fueron los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.
En el propio bloque mileísta criticaron la medida y una de las legisladoras afirmó desconocer para qué iba. No hay dudas de que es coherente con el discurso del Presidente y Vicepresidenta. Fueron como diputados y utilizando un vehículo oficial del Congreso.
No es negacionismo, es reivindicación explícita de la dictadura. Llegan al extremo de decir que “No son represores, son ex combatientes”. “No fuimos a ver represores. Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad en todo caso, fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. Lo propuse yo, y vamos a hacer un escrito. Dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (los terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio. Los fallos violan las leyes y los tratados, mientras que no hay terroristas presos y si hay héroes de Malvinas. Los cargos no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados” sostuvo el legislador entrerriano Beltrán Benedit.
Según “La Política Online” fueron a visitar a los represores Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el “Pájaro” Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, el uruguayo Juan Manuel Cordero, Mario “el Cura” Marcote, Miguel Angel Britos y Adolfo Donda, además de Astiz.
La dictadura genocida fue parte del Plan Cóndor organizado por la CIA en todo Latinoamérica para terminar con las organizaciones sindicales, sociales y políticas de los trabajadores, la juventud, los campesinos; para eliminar a decenas de miles de luchadores; sólo así se podían imponer las políticas neoliberales que dictaba EE.UU. en Argentina a cargo de Martínez de Hoz. La enorme mayoría de los detenidos desaparecidos asesinados eran trabajadores, fueron secuestrados de sus casas o de sus lugares de trabajo. 300 hijos aún no se han recuperado. La dictadura generó una extraordinaria deuda externa y estatizó la deuda de las corporaciones privadas. Los jefes de esa dictadura antinacional fueron responsables de la rendición en Malvinas, algunos traidores se entregaron a los ingleses sin siquiera disparar un solo tiro, otros torturaron a nuestros soldados. La dictadura cívico-militar-eclesiástica, derrocó a un gobierno que había sido elegido por el voto en 1973 del 62%, con 84% de participación.
Debemos reflexionar sobre el régimen de la democracia burguesa que permite llegar al gobierno y la legislatura a personajes nefastos que se proclaman contra esa democracia burguesa, contra el Estado que dicen querer destruir. Los mismos sectores empresarios nacionales y extranjeros que ordenaron el golpe de 1976 apoyan a este gobierno y sus políticas mostrando la continuidad entre dictadura y democracia burguesa.
En ese mismo sentido se explica el desfile militar del 9 de Julio, para reivindicar a los golpistas y mezclar a los verdaderos combatientes de Malvinas, que siempre reivindicamos, con los traidores y torturadores de Malvinas, para intentar lavarles la cara. Los comandantes que ordenaron la guerra fueron condenados por los tribunales militares con las penas máximas. Milei y Villarroel subidos a un tanque de guerra son todo un símbolo.
El Gobierno desmantela especialmente los organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos y la investigación de los crímenes de la dictadura.
Esta política represiva se prepara para enfrentar la explosión social que se avecina y que tanto preocupa al imperialismo. Por eso las reuniones de dirigentes de la CGT, de las centrales empresarias, de los partidos, con la Embajada que pretende encontrar la forma de apaciguar los choques.
(Nota de MASAS n°461)