La Corte Suprema remite la causa de Macri por el Correo al Tribunal de Justicia porteño, tal como lo pidió
La causa es conocida como “correogate”, es el escándalo político que involucra al expresidente Mauricio Macri. La carátula judicial es Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y cohecho.
El 24 de marzo de 1997, mediante el Decreto N° 265/1997 de Carlos Menem, la empresa ENCOTESA fue liquidada y la prestación de servicios postales le fue otorgada en concesión a la Sociedad Macri (SOCMA). Uno de los primeros países del mundo en privatizar el correo. El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo hasta el 2003, cuando la concesión fue rescindida. El Gobierno señaló que la empresa sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año de concesión y que a 2001 la deuda del Correo con el Estado en concepto de canon ascendía a $296 millones de dólares porque en el país regía la ley de convertibilidad.
Bajo su Gobierno, en 2016, fue sorprendido cuando trató de cancelar toda la deuda que el Grupo Macri traía desde 2002, por cánones que nunca pagó, con una quita de más del 90%, algunas estimaciones llegan al 99%. La fiscal Gabriela Boquín motivó una causa penal en la que fueron indagados el entonces titular del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, el director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, Juan Mocoroa, el presidente del Correo (Grupo Macri), Jaime Cibils Robirosa, y el apoderado de los Macri, Jaime Kleidermacher. Se investigan delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Su presunción fue confirmada por estudios producidos por la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2020. Los estudios fueron cuestionados por la defensa de la Empresa y volvieron a ser ratificados por la Dajudeco en julio de 2021.
El fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad… obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”.
La quiebra del Grupo Macri debió decretarse transcurridos dos años y el proceso ya lleva más de dos décadas. Es el proceso de concursos y quiebras más largo de la historia argentina. En el juzgado en lo Comercial a cargo de Marta Cirulli, a cargo de la causa por el concurso, se decretó la quiebra de Correo Argentino S.A., además se dispuso la inhibición general de la compañía y el embargo de todas sus cuentas, y que la firma, “sus apoderados y terceros” entreguen o pongan a disposición del síndico de la compañía ”la totalidad de los bienes de la deudora”.
Ahora la Corte traslada el juicio del Correo a la justicia porteña en la que Macri tiene más influencia. El Juez Maqueda se despidió del máximo tribunal con este pronunciamiento.
La definición produce un giro que impacta en la larga pelea por defender su competencia de los jueces “nacionales” de la Capital, único distrito donde existe esa categoría. La Jueza Weimberg de Roca que integra el Tribunal es amiga de Macri.
Antes Macri había reclamado el apartamiento de la jueza Marta Cirulli y la fiscal Gabriela Boquín, que contra viento y marea hizo avanzar la causa. Ha recurrido a todas las maniobras posibles para evitar pagar la deuda con el Estado, y la Justicia permite que siga dilatando la resolución y siga sin pagar la deuda. Ahora mandó el juicio al Tribunal que pedía Macri, ¿qué más?
Tardaron 3 años pero Rosatti y Maqueda confluyeron en su voto con Lorenzetti, mientras que Carlos Rosenkrantz se pronunció en disidencia con la mayoría y en consonancia con Casal, que había considerado que los supremos porteños “no tienen competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil”. Ese voto de la mayoría de la Corte es objetado también por camaristas del Poder Judicial, que observan que la Constitución “no dice que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea una provincia”, sino que establece “un gobierno autónomo y que las competencias de ese gobierno estarán fijadas por una ley especial del Congreso, que es la Ley Cafiero”. “Que el TSJ porteño sea superior de la Cámara Nacional no surge ni de la ley especial del Congreso, ni de la Constitución”.
Dice el dicho “todo huele a podrido en Dinamarca”. Esta Justicia no se puede reformar, está podrida hasta la médula, tiene que ser barrida con todas las instituciones del Estado burgués descompuesto.
Macri y una fortuna “imposible de determinar”
El periodista Santiago O’Donnell publicó en Página 12 la nota “El tesoro oculto de Macri: su hermana Alejandra reclama su parte de casi 400 empresas de la familia”. Resumimos algunos puntos de su nota para ayudar a conocer mejor al clan Macri.
Alejandra Macri “presentó un listado ante la justicia con 398 firmas vinculadas al grupo. Entre ellas aparecen varias offshore que salieron a la luz en las distintas filtraciones desde Panamá. Mauricio la había excluido del reparto de la herencia tras la muerte de Franco”.
Algunas de esas empresas hasta ahora desconocidas, algunas con base en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia del expresidente. Entre las empresas enumeradas en su presentación judicial se incluyen Fleg Trading Ltda y Karter Trading LTD, firmas offshore que aparecen en la megafiltración de los Panama Papers y Kagemusha S.A., que aparece en el Registro Público de Panamá.
Mientras busca establecer cuál es el patrimonio de su padre, fallecido en marzo de 2019, Alejandra Macri inició una acción ante la justicia civil para reclamar a futuro sus derechos hereditarios. Informa que para determinar dicho patrimonio, más allá de los bienes declarados en el juicio de sucesión, “se encuentra en proceso de recabar la totalidad de la información” respecto de casi 400 sociedades que estarían vinculadas al grupo Macri “ya que en este estado resulta imposible… determinar el monto del reclamo”.
Antes de presentar su demanda en el Juzgado Civil 14 a cargo del magistrado Federico Causse, que maneja la sucesión, Alejandra Macri citó a sus cuatro hermanos vivos y a los de herederos de su hermana Sandra para una mediación, pero ninguno de los otros herederos, incluyendo Mauricio Macri, concurrió audiencia.
La demandante señala que Franco Macri podría haber realizado “transmisiones gratuitas de acciones” a distintas sociedades vinculadas al grupo Macri que deberían incluirse en la herencia a repartirse entre los hermanos.
“En febrero de 2021Pagina/12 reveló que el 14 de septiembre de 2007 el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron gran parte de la herencia en vida de su papáa través un acuerdo secreto. Según el acuerdo, ellos y sólo ellos se quedarían con las acciones y el dinero que les legaba Franco Macri. Nada menos que dos tercios de su fortuna. Cerca de veinte millones de dólares en efectivo para cada hijo por la venta de una autopista en Brasil, según estimó Mariano Macri, más un quinto del imperio de empresas, terrenos, emprendimientos e inversiones alojadas bajo el paraguas del holding familiar Socma, tenencias de un valor difícil de calcular”.
“Las revelaciones periodísticas acerca de la existencia de las firmas offshore Fleg y Kagemgusha en la primera semana de abril de 2016 dieron inicio a una denuncia del fiscal federal Federico Delgado contra Mauricio Macri, que había asumido la presidencia cuatro meses antes, el 10 de diciembre de 2015. Delgado imputó a Mauricio Macri por omisión maliciosa, ya que figuraba como directivo de Fleg y Kagemusha pero esas firmas no aparecían en las declaraciones juradas del entonces presidente”.
El 8 de abril de 2016, después de una autodenuncia de Franco Macri, que se adjudicó la titularidad de ambas empresas, Mauricio Macri presentó ante un juez que diga si había cometido algún delito o irregularidad en relación a esas firmas alojadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá. Apenas ocho meses después el Juez desvinculó a Mauricio Macri de esas offshore.
En abril de 2017 el juez Casanello se declaró incompetente en la causa por omisión maliciosa. Al hacerlo trasladó la denuncia al juzgado correccional donde Mauricio Macri era investigado por presunto enriquecimiento ilícito. También remitió el expediente al fuero penal económico para que se investigue si las firmas offshore fueron usadas por Mauricio Macri y sus hermanos para evadir impuestos o lavar dinero.
En octubre de 2018 la jueza criminal y correccional Elizabeth Paisan sobreseyó a Mauricio Macri en la causa de enriquecimiento ilícito. En diciembre de 2019 el juez federal en lo Penal y Económico Diego Amarante sobreseyó a Mauricio Macri en la causa Panamá Papers pero aclaró que continúa investigando a sus hermanos Mariano y Gianfranco por presunta evasión impositiva.
En octubre de 2020 el entonces titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, realizó una presentación judicial en la que pidió la nulidad del fallo express del juez civil Fraga, argumentando que la sentencia “fue redactada con la única intención de crear un blindaje jurídico al mandatario de la manera más rápida, expedita y segura posible”. Y agregó: “resulta absolutamente evidente que todo el proceso judicial de marras ha sido -cuanto menos- una ‘mise en scene’ de padre e hijo para evitar daños mayores a la carrera política de este último”.
A su vez, a instancias de las autoridades impositivas, entonces lideradas por Mercedes Marcó del Pont, la IGJ abrió su propia investigación sobre el origen de esas empresas offshore y las transferencias de dinero que se hicieron a través de ellas. La investigación de la IGJ permanece abierta.
Mauricio Macri fue consultado a través de su jefe de prensa Gustavo Gómez Repetto. Luego de un breve intercambio de mensajes se le envió un cuestionario para el expresidente pero Gómez Repetto no se volvió a comunicar.
El Grupo Macri hizo su gran fortuna en negocios con el Estado, especialmente desde la dictadura militar cuando supo multiplicar sus empresas. Toda su existencia estuvo rodeada de fraudes y con un proceso por contrabando agravado. Hacen mil maniobras para no pagar la deuda por el canon del Correo que tiene más de 20 años.
Todo un ejemplo de politiquería burguesa que habla de transparencia, ficha limpia y república, como los resonantes casos de Kueider, Santilli, Ritondo que sonaron hace unas semanas y que ya no se mencionan sus escándalos. Toda su fortuna ha sido creada estafando a la Nación y al pueblo, debe ser expropiada sin pago y estatizada.
(Nota de MASAS n°472)