La producción y distribución de gas no puede quedar en manos de los privados y sus gobiernos
En el país que produce granos y carne para alimentar 10 países como el nuestro, buena parte de la población no puede consumir pan, carne, leche y yerba. En el país de Vaca Muerta con una de las mayores reservas de gas y petróleo del mundo se corta el suministro de gas y electricidad a millones de hogares, en medio de una ola de frío polar.
El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), afirma que se registró una demanda récord de gas que superó los 100 millones de metros cúbicos diarios, un incremento del 25% respecto al año pasado. El Gobierno cortó el suministro a industrias y estaciones de servicio a último momento para abastecer a usuarios residenciales y prioritarios, dice que por un consumo récord.
Bajo el gobierno de Milei las tarifas se ajustaron 1.482%, ¡15 veces más! pagando un precio como si importáramos de Oriente Medio el gas que consumimos. Un ajuste muy por encima de la inflación. Pero los problemas no se resolvieron.
La factura promedio del país en junio para un usuario de ingresos más altos llegó a $61.220 por mes. Los hogares de bajos ingresos abonaron en promedio $46.674 y los de ingresos medios $51.752. Para los hogares de bajos ingresos el gasto en energía (luz y gas) representa un porcentaje cada vez mayor respecto de sus ingresos.
El ajuste violento de las tarifas tuvo como objetivo asegurar una la rentabilidad reclamada por los empresarios del sector y eliminar una buena parte de los subsidios a cargo del Estado.
Y peor aún para los barrios, que ni siquiera tienen acceso a la red de gas y deben abastecerse con garrafas y tubos, cuyos precios han sido liberados terminando con la “garrafa social”. En el país, la mitad de la población no tiene acceso al gas de red. Así, los más pobres terminan pagando más caro el gas.
Deja al desnudo la decisión del Gobierno de no invertir en obra pública imprescindible para almacenar e inyectar gas al sistema y transportarlo a todas las regiones. Los miles de millones recibidos como deuda no se utilizan para resolver los problemas de infraestructura urgentes sino para atender a la usura financiera. No es el “retraso tarifario” que posterga las inversiones sino la política parasitaria de la burguesía.
El gas, el petróleo, las represas, las redes de distribución deben estar en manos del Estado, fuera del negocio de monopolios nacionales o internacionales, para poder aplicar los recursos a la necesidad de todos los hogares y la industrialización del país y exportar solo el excedente.
(Articulo de MASAS n°483)