Desconocer la deuda, expropiar a los terratenientes, expulsar a las multinacionales para un proyecto propio de país
¡Hay plata para salud y educación! Se la fugan los empresarios y banqueros
Esta movilización, esta lucha, tiene un profundo contenido político: Imponer nuestros reclamos significa ni más ni menos que ir en choque directo con la política de Milei y el FMI.
No es posible conciliar intereses absolutamente antagónicos como nuestros derechos vitales a la educación, salud y vivienda, salarios y jubilaciones con el interés de los banqueros de Wall Street y los locales, con el interés de un puñado de petroleras y terratenientes. Milei gobierna para esa minoría que concentra los medios de producción, que domina la banca, son ellos los que mandan. Ellos quieren pagar cada vez menos impuestos, multiplicar sus ganancias, tener libertad para fijar los precios y las tarifas y transferir al exterior sus utilidades.
El rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario sería un golpe a la política de este gobierno que ha ratificado como objetivo principal el “equilibrio fiscal”. El gobierno desesperado por cumplir con el programa del FMI no saca el pie del acelerador y promete seguir con más ajustes. Incluye en su propuesta de presupuesto 2026 la derogación de partidas destinadas a ciencia y educación y ofrece un presupuesto que apenas llega al 65% de lo que los decanos afirman que se necesita para mantener el funcionamiento de las universidades. Que hoy nos encontremos ante la posibilidad de un rechazo al veto es resultado de las dos marchas universitarias, de las tomas del 2024, de las asambleas y los paros docentes y no docentes que se sostuvieron durante los últimos dos años.
La Ley de Financiamiento Universitario está limitada por el sometimiento del peronismo. CFK ya había anticipado, al inicio del gobierno de Fernandez que no aspiremos a recuperar lo perdido. La ley propone recomponer el salario docente de tal manera de recuperar el poder de compra de noviembre de 2023 ¿Tenemos que olvidarnos que perdimos el 30% del poder adquisitivo entre el 2015 y el 2023? Debemos cuestionarnos la referencia de nuestros salarios. No corresponde tomar como referencia un gobierno que en 10 años no pudo terminar con la pobreza y la desocupación, sino tomar como referencia el costo de la canasta familiar.
Desde la década de los ‘90 hasta hoy, todos los gobiernos que han dirigido al país, han puesto en marcha las reformas impuestas por el FMI y el Banco Mundial. El ahogo financiero y fundamentalmente el ataque a la autonomía universitaria para someter la universidad pública a los intereses de los grandes empresarios han sido una constante en todos estos años. No olvidemos cómo empresas mineras y agrícolas multinacionales se metieron de lleno en la universidad ante la necesidad de fondos propios.
Todos son cómplices de la destrucción de la educación. Durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner del total del crecimiento de la matrícula en educación inicial, primaria y secundaria, la educación privada representó el 70%. El triunfante gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también ha mantenido como prioridad el “equilibrio fiscal” dejando el salario de referencia de los docentes bonaerenses en menos de un tercio de la canasta familiar. No es Milei solamente el problema. Hoy se aplica aceleradamente una política de destrucción de la educación pública en todos los niveles que lleva décadas.
La clase social que gobierna impone limitaciones a la universidad, la ciencia y la educación. Así como hoy vemos a la universidad siendo destruida por una burguesía que ha abandonado totalmente cualquier perspectiva de desarrollo nacional, que no tiene ningún interés en el desarrollo de la industria y una investigación científica que lo acompañe. En el periodo anterior, vimos a la universidad sometida a las empresas extranjeras y locales y un gobierno que utilizó la riqueza generada para pagar la deuda externa contraída por la dictadura que benefició a las grandes corporaciones. Sin embargo, no se garantizó plenamente la gratuidad de la educación superior, no se ha resuelto el problema de la desocupación de la juventud, el desarrollo tecnológico ha favorecido a unos pocos. La pelea en defensa de la universidad también nos tiene que permitir cuestionarnos qué universidad queremos, para qué y a beneficio de quién.
Por eso es importante que sea otra clase la que tome el rumbo de la sociedad. Por eso es importante el carácter independiente de nuestras luchas. La política del capital financiero es ahogar la educación y la salud para que el Estado tenga más recursos para pagar la deuda externa fraudulenta. El Gobierno reafirma su voluntad de liquidar todos nuestros derechos para cumplir con el mandato del FMI y de las grandes corporaciones capitalistas que no quieren pagar impuestos para multiplicar sus ganancias. No es posible defender la universidad y garantizar los fondos para su funcionamiento sin romper definitivamente con el FMI, sin desconocer la deuda, sin terminar con este gobierno que está decidido a aplicar el ajuste.
La CGT, la CTA, y todos los sindicatos deben romper con el Gobierno. Las centrales sindicales mantienen una actitud pasiva mientras la población busca canales para expresar su rechazo a este gobierno. Así como la lucha en defensa de la universidad y la salud ha convocado a la población en su conjunto a pesar de la pasividad de los sindicatos. Tenemos que seguir avanzando en la unificación del resto de las luchas, en camino a una huelga general que permita terminar con este gobierno y la política del FMI.
17-09-2025