La mayor masacre de la historia de Río de Janeiro
QUE LAS CENTRALES, LOS SINDICATOS Y LOS MOVIMIENTOS ORGANICEN INMEDIATAMENTE LAS MANIFESTACIONES
¡Por un Tribunal Popular, organizado por los sindicatos y movimientos populares, para investigar, juzgar y castigar los crímenes de clase de la burguesía y sus gobiernos contra los trabajadores!
POR UNA RESPUESTA PROPIA A LA VIOLENCIA Y LA BARBARIE SOCIAL DESATADAS POR EL GOBIERNO DE CASTRO CONTRA LAS MASAS EXPLOTADAS
La mayor matanza de la historia de Río de Janeiro tuvo lugar este martes, 28 de octubre de 2025. La policía militar y civil, a las órdenes del gobernador del estado Cláudio Castro, del PL, con la connivencia del alcalde de la ciudad de Río, Eduardo Paes, y del Gobierno Federal de Lula/Alckmin, invadió los complejos de Alemão y Penha para promover la mayor barbarie que Río de Janeiro haya visto jamás. Los medios de comunicación canallas ya cumplen su papel, justificando las muertes y hablando de «operación» y no de matanza, de que el Gobierno está reaccionando a la violencia de los traficantes y combatiendo el crimen organizado.
No es casualidad que Castro y todos los gobernantes de extrema derecha y derecha sigan los dictados de Trump, que utiliza la calificación de «narcoterrorismo» para cercar a Venezuela y Colombia. Ahora mismo, cuando en Río de Janeiro la «Operación Contención» provocaba más de 130 muertes, Estados Unidos atacaba barcos en aguas internacionales y mataba a 14 tripulantes. Sumadas a las muertes anteriores, ascienden a 57 muertos. Castro forma parte de aquellos que se someten y se inclinan ante el imperialismo norteamericano y, en particular, siguen lo que dicta Trump. Por eso, esta vez, la guerra en el estado de Río fue otro de los acontecimientos mortíferos que expresan la descomposición económica y social del capitalismo en Brasil.
El gobernador del estado de Río, Claudio Castro, envió a más de 2500 policías a un área de nueve mil kilómetros cuadrados, entrando en la comunidad por la mañana, cuando la población salía de casa para ir a trabajar y los niños iban a la escuela. Se enorgullece de afirmar que la «operación» se planificó durante más de 60 días junto con la fiscalía de Río de Janeiro y en colaboración con la policía civil y militar. Elogió la violencia como una medida defensiva para frenar el avance territorial del Comando Vermelho. Las favelas del complejo del Alemão y de Penha, que cuentan con más de 150 000 habitantes, quedaron en llamas, una situación que, lamentablemente, es conocida por la población: en mayo de 2021, hubo 28 muertos en Jacarezinho; en 2022, 23 muertos en Penha; en 2007, 19 muertos en el complejo del Alemão, etc.
El 28 de octubre, los medios burgueses informaron que la masacre había dejado 64 muertos, 60 de ellos «sospechosos» y 4 policías, y que 81 personas habían sido detenidas. Sin embargo, un día después de la masacre, la población de las comunidades afectadas formó una fila de cadáveres, extendidos por la calle de la Praça da Penha, después de que se encontraran más de 60 cuerpos en el bosque del Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, como forma de protesta contra la brutal acción policial del estado. Esta acción dejó al descubierto que el número de muertos, en realidad, superó la cifra de 130, contrariamente a lo que afirmaron la policía y los medios burgueses.
Suponiendo que sea cierto que los gobiernos burgueses quieran acabar con el tráfico, la matanza en Río es una prueba de la vieja política burguesa hacia la delincuencia: querer acabar con las facciones mediante la represión pura y simple, sin acabar con las condiciones sociales y económicas que forman el terreno donde brota la delincuencia.
Castro acusa al gobierno de Lula de no hacer nada, el ministro de Justicia afirma que han atendido todas las peticiones de Castro. Y en este juego de tire y afloje, siempre sale perdiendo la mayoría explotada. El gobierno federal de Lula/Alckmin, sin embargo, con la declaración de Gleise, destaca la aprobación de la PEC de Seguridad Pública en el Congreso Nacional y predica la necesidad de coordinación entre las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el fortalecimiento de la Policía Federal y el suministro de más armas, equipos y tropas para operaciones decididas de forma aislada por los gobiernos locales. El sanguinario gobierno de Castro aún dice que si tiene que «excederse», lo hará.
Castro también ordenó que los autobuses siguieran funcionando, exponiendo a la población al tiroteo, afirmando su planificación e ignorando el caos social. Afirma: «Estamos actuando con toda nuestra fuerza y de forma integrada para dejar claro que el poder es del Estado». Se levantaron más de 200 barricadas para impedir la masacre. En uno de los días más difíciles de la historia de Río, se vieron afectadas la línea roja, la línea amarilla y la Avenida Brasil, que conectan los principales puntos de la ciudad. El caos en el transporte afectó a cientos de líneas de autobús y, en el metro, muchos trabajadores tuvieron que saltar el molinete. Universidades como la UFRJ y la UERJ suspendieron parte de las clases debido a la masacre, pero dicha suspensión solo se produjo cuando la masacre ya se había desencadenado a primera hora del día, lo que puso en peligro a varios estudiantes, trabajadores tercerizados y profesores que ya se encontraban en el campus cuando comenzó la masacre.
En medio de esta guerra civil, la Secretaría de Seguridad Pública entregó un informe al Consulado de Estados Unidos en Río de Janeiro para el gobierno de Trump, en el que calificaba al Comando Vermelho como organización terrorista. Desde hace mucho tiempo, el imperialismo estadounidense quiere clasificar a las organizaciones criminales del estado como terroristas y así justificar la intervención estadounidense en suelo nacional con la excusa de contener a las facciones.
Lo fundamental es que las masas explotadas de Río de Janeiro siguen siendo rehenes del narcotráfico, las milicias y la maquinaria bélica del Estado. Esta situación de descomposición y barbarie total provoca en los trabajadores la más pura sensación de impotencia. Las protestas espontáneas que han tenido lugar no tienen fuerza para cambiar el curso de los acontecimientos. La raíz de este problema radica en el hecho de que la clase obrera y los demás trabajadores explotados, principalmente los que viven en los suburbios, las colinas y las favelas, no pueden contar con ninguna organización propia que tenga la fuerza para dar una respuesta independiente al problema. La crisis de dirección revolucionaria del proletariado es el factor principal.
La sensación de impotencia solo puede disiparse mediante la lucha de clases. Los trabajadores deben exigir que los sindicatos, las centrales sindicales y los movimientos populares y estudiantiles convoquen manifestaciones de inmediato para exigir el fin del terrorismo de Estado y el fin de la matanza. Las notas de solidaridad que las direcciones sindicales han publicado en sus sitios web no sirven de nada si no forman parte de una campaña real para organizar la lucha y dar a los trabajadores la posibilidad de dar su propia respuesta.
La tranquilidad con la que Cláudio Castro concede entrevistas después de que su policía haya matado a más de 130 personas solo es posible porque sabe que las organizaciones de trabajadores no suponen ningún peligro para su gobierno. El apoyo gubernamental de las direcciones sindicales y políticas hace que sus respuestas siempre apunten a las elecciones del año que viene. Les dicen a los trabajadores que deben «votar mejor», pero los explotados ya están cansados de esa sarta. Saben por experiencia que, año tras año, llegan y pasan las elecciones, y su situación de miseria y violencia no cambia. Es necesario dar rienda suelta a los instintos de rebelión de las masas explotadas.
No hay que esperar nada de la burguesía, de la clase media rica, de los gobiernos ni de los parlamentarios. Es necesario que los trabajadores, que son mayoría, reaccionen con una política propia e independiente. Hay que responder a la barbarie con los métodos de la lucha de clases, que son las huelgas, los bloqueos, las manifestaciones masivas y organizadas, y con un programa propio de reivindicaciones que unifique a la mayoría de los explotados.
Para responder a la violencia policial es necesario defender las condiciones de vida y de existencia de los trabajadores:
Fin inmediato de las operaciones policiales en los barrios marginales y favelas.
Fin del genocidio de la población pobre y negra, que es mayoría en las favelas y comunidades.
Ningún despido de trabajadores debido al caos y la violencia que se ha instalado en Río.
Que las centrales, los sindicatos y los movimientos convoquen inmediatamente un Día Nacional de Lucha, con paros y bloqueos, como forma de iniciar la lucha contra la violencia policial estatal y por las reivindicaciones de los explotados, por empleos, salarios y derechos.
¡Por un Tribunal Popular, organizado por los sindicatos y movimientos populares, para investigar, juzgar y castigar los crímenes de clase de la burguesía y sus gobiernos contra los trabajadores!
¡No a la sangrienta máscara de la guerra contra el narcotráfico de Trump!
Organizar el frente único antiimperialista en defensa de la soberanía nacional y la expulsión de Estados Unidos de América Latina.
¡Abajo el capitalismo en su agonía de muerte!
¡En defensa de la revolución social y del socialismo!
(POR Brasil – 29 de octubre de 2025)