Rechazar la reforma laboral del Gobierno, con los métodos de lucha de la clase obrera
El Gobierno asegura que ya tiene los votos para sancionar en los próximos 2 meses la Ley contra los derechos de los trabajadores y de desconocimiento y disolución de los sindicatos. Se conocen propuestas pero el texto del proyecto de Ley se mantiene en secreto, es redactado por los estudios de abogados de las grandes corporaciones y traducido de las exigencias del FMI. Los legisladores recibirán la Ley que deben aprobar sin haber participado de la elaboración y debate. Cuando Milei dice que tiene los votos, reconoce que le dieron un apoyo a ciegas, sin conocer qué apoyan. Hay un acuerdo general de atacar a los trabajadores para mejorar la rentabilidad capitalista.
El objetivo es también terminar con los sindicatos y limitar las representaciones sindicales en las empresas. Afecta a la burocracia sindical y su poder de negociación, de intermediación entre los trabajadores y los empresarios y el Estado. Lo esencial es golpear la organización sindical.
La burocracia ha colaborado con todos los gobiernos capitalistas, inclusive con la dictadura militar, para facilitar sus políticas antinacionales y antiobreras y perseguir al activismo opositor. Pero las grandes corporaciones creen que ya no son necesarios, que pueden prescindir de ellos, que pueden arreglárselas directamente contra los trabajadores. Que son un obstáculo para ir a fondo contra las conquistas de los trabajadores.
Esto implica que su función sería insignificante y tenderían a desaparecer. Por eso se escuchan las voces de alarma desde sus filas y afirman que rechazarán la reforma. No hay cómo conciliar el objetivo del Gobierno con su preservación como casta. Para sobrevivirse tienen que enfrentar al Gobierno.
El sindicato por rama de actividad ha establecido un mínimo de condiciones en los Convenios, en cuanto a salario y condiciones de trabajo, permitiendo que los establecimientos más débiles en número o menos organizados puedan ampararse en la fuerza de los más grandes y mejor organizados, que a su vez pueden imponer mejores condiciones por encima del Convenio general. Los sindicatos negocian con las Cámaras empresarias los convenios para cada actividad, si esto se suprime dejarían de ser sindicato. Es una vieja aspiración capitalista que los trabajadores negocien empresa por empresa sus condiciones para quitar su fuerza colectiva. Para luego tratar de negociar trabajador por trabajador, de acuerdo al “mérito”, para disolverlos como clase. La fuerza del sindicato y de las centrales sindicales se apoya en esa representación colectiva.
Defendemos los sindicatos, las comisiones internas, los cuerpos de delegados, como organizaciones básicas de los trabajadores por sus derechos más elementales, son sus creaciones. Rechazamos cualquier intromisión de la burguesía, sus partidos, sus instituciones, en la vida de los sindicatos, no tienen nada que hacer ahí. Es la burocracia la que les abre paso. No defendemos a los burócratas repodridos, pero solo los trabajadores pueden ajustar cuentas con ellos, expulsándolos.
En números anteriores nos hemos referido a algunos de los objetivos de la reforma:
Terminar con la “ultraactividad” que quiere decir que cuando un convenio colectivo vence, sigue existiendo hasta que se negocia sindicatos y cámaras empresarias firman uno nuevo. Los empresarios quieren que cuando se vencen los convenios, las relaciones queden reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo.
Cambiar la Prelación laboral: el Gobierno y las empresas quieren que prevalezca un convenio por empresa por encima del convenio colectivo por actividad, flexibilizando las condiciones, al revés de lo que ocurre hoy. En la legislación actual se debe aplicar la norma más favorable para el gremio o sindicato central. Hoy un convenio por empresa o región negociado localmente no puede establecer condiciones inferiores a las establecidas en convenio nacional.
Las empresas afirman que este tipo de cambios les permitiría negociar mejores condiciones de productividad y flexibilidad laboral, lo que llevaría a un ascenso en la facturación y a una mejor distribución de rentabilidades. Es una mentira. Si una empresa quiere otorgar mejores beneficios a los trabajadores que los contemplados en el Convenio Colectivo, puede hacerlo. Lo que quieren es perforar ese piso de derechos y condiciones que se establece en general.
Habilitar los Fondos de Cese para no pagar indemnizaciones por despido. El proyecto es hasta ridículo por lo inviable. Aparece como un hueso que le tiran a la burocracia para que sea parte de la administración de esos Fondos, como ocurrió con las AFJP para que apoyaran el sistema privado de jubilación. Entienden que este negocio los puede atraer.
El Gobierno debate insistir con la Ley Mucci que Alfonsín no pudo imponer: En nombre de la democracia sindical eliminar que haya un solo sindicato representativo por rama, prohibir reelecciones indefinidas de dirigentes sindicales, etc. Somos partidarios de la unidad sindical, en contra de toda fragmentación que sólo favorece las patronales y el Gobierno. Son los trabajadores los que deben decidir qué dirigentes encabezan sus sindicatos, no los empresarios. Por definición, los empresarios y el Gobierno son contrarios a cualquier expresión de democracia sindical. El Gobierno buscará negociar con la burocracia abandonar la bandera de democracia sindical a cambio que le aprueben otros puntos de la reforma.
Es urgente avanzar con el debate de la reforma entre todos los trabajadores, ocupados y desocupados, formales e informales, para rechazarla de plano y organizar la resistencia desde ya.
(Editorial de Masas n°493)