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La aprobación del presupuesto nacional que exige el FMI mostrará hasta dónde llega el sometimiento y la entrega de gobernadores y legisladores

La aprobación del Presupuesto 2026 tendrá una gran importancia política. Legalizará todos los actos adminis­trativos y decisiones financieras tomadas durante los dos primeros años de gestión de Milei. Será aprobado por La Libertad Avanza, el PRO, radicales y parte del peronismo provincial, contra la voluntad y las necesidades de la gran mayoría de la población.

No está claro qué ayuda dará el gobierno nacional a las provincias que ahogó, para que lo vuelvan a apoyar. Hasta hora parece que sólo las habilitaría a que tomen deuda del exterior con respaldo del Gobierno nacional.

Con esa aprobación del Presupuesto podrá ser legal el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI el 11 de abril pasado, que fue fruto de un DNU. El FMI permitió a Milei y a Caputo avanzar en el incremento del endeudamiento sin respetar la Ley de 2021, que obliga a cualquier incremento del pasivo internacional a pasar por el Congreso. El acuerdo significó un incremento del prés­tamo del FMI en unos 20 mil millones de dólares y exige que tenga aprobación del Congreso. Al igual que hizo con Guzmán en el Gobierno anterior, exige que el Congreso apruebe la deuda, para que no pueda ser cuestionada le­galmente en el futuro.

En el Presupuesto se deben reflejar los pasivos moneta­rios con los organismos internacionales.

También debe quedar aprobado el swap firmado con EEUU como consecuencia del descalabro producido en las semanas anteriores a las elecciones. El “rescate” del Tesoro norteamericano incluye un incremento en los pasi­vos financieros del país, presentes y futuros. Esto obligará a terminar con el secretismo de las negociaciones reali­zadas y se podrán conocer más detalles de lo entregado. Es posible que muy pronto deban recurrir a tomar mayor deuda para hacer frente a los vencimientos. El 9 de enero debe cumplir con el compromiso de pago de bonos por 4.300 millones de dólares y el 9 de julio, otros 4.200 mi­llones. Para el último vencimiento de deuda en noviem­bre, EE.UU. entregó derechos especiales de giro por 872 millones de dólares para que Argentina pudiera pagar 796 millones sin afectar más las reservas negativas.

El Presupuesto convalidará el fuerte retroceso de las ju­bilaciones y pensiones, de los salarios de los trabajadores estatales, de los presupuestos de salud y educación, de ciencia y tecnología, de la eliminación de la obra públi­ca, etc. privilegiando el pago de la deuda fraudulenta. El ajuste contra los oprimidos debe seguir. La aprobación del Presupuesto pondrá un dique a cualquier iniciativa legis­lativa de ajuste del gasto en educación, salud, jubilacio­nes, o cualquier otro rubro.

El superávit que se proyecta ya sabemos que es trucho porque no contabiliza los intereses que se devengan mes a mes. Y también por objetivos imposibles de realizar man­teniendo el actual esquema parasitario.

El presupuesto debe ser rechazado de plano. Sólo la clase obrera en el poder podrá planificar y proyectar la economía para ponerla al servicio de la mayoría, utilizando todos los recursos y priorizando los objetivos más urgentes, un presupuesto de otra clase.

Es necesario desarrollar la industria y la obra pública y para eso se deben romper todos los bloqueos empezando por desconocer toda la deuda fraudulenta. Ni un dólar se ha destinado a la producción o a infraestructura, toda la deuda se destinó a la fuga, al turismo, a la especulación y a la importación de bienes que son innecesarios o pueden producirse en el país. Los sectores vitales de la economía deben ser expropiados para poder ordenar toda la econo­mía y apropiarnos de esos recursos. Otra clase, la clase obrera, deberá dirigir el país por primera vez para ordenar la economía sobre otras bases.

(Nota de Masas n°493)