Las distribuidoras de energía deben ser estatizadas inmediatamente, ninguna “deuda” debe ser reconocida
Reclaman 3.600 millones de dólares por los “congelamientos” tarifarios. El Gobierno acepta el pedido de las distribuidoras respecto a cancelar las deudas surgidas luego de la devaluación de 2001/2002 y de la renegociación de tarifas de 2005.
En el proyecto de Presupuesto 2026, artículo 74, el Gobierno reconoce retroactivamente “deudas” del Estado por ingresos no percibidos durante los distintos congelamientos de precios ocurridos desde enero del 2002 con las distribuidoras eléctricas y habilita su pago. El cálculo de lo adeudado queda en manos de la Secretaría de Energía.
El Gobierno busca beneficiar a las grandes compañías perjudicando al país. Un nuevo saqueo. Incrementando las deudas y habilitando a todas las empresas monopólicas que reclamaron ajustes tarifarios en el pasado a que hagan juicios contra el Estado en el CIADI. Tal entrega, con miles de millones de dólares en juego, no es gratis, aquí no hay errores. Es una política deliberada de saqueo. Es otro crimen contra la Nación que no debe quedar impune.
Ese reconocimiento también implicará un terrible ajuste en las tarifas eléctricas que pagan los usuarios.
En un documento presentado al Congreso, entidades de defensa de usuarios y consumidores expresaron que la normativa “constituye una pretensión abusiva y desproporcionada que viola principios esenciales del derecho, menoscaba la finalidad del régimen de emergencia pública, y puede generar un descomunal perjuicio patrimonial para el Estado”. Ocurre que son los monopolios eléctricos los que gobiernan e imponen sus condiciones.
La Secretaría de Energía, en consulta con las Jurisdicciones provinciales y sus entes reguladores, determinará las diferencias de ingresos percibidos por las distribuidoras nacionales, provinciales y municipales con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas, correspondientes a cualquiera de los Ejercicios en los que hubiera estado vigente, comparados con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el correspondiente pliego de concesión. Esto significa desconocer aquellas leyes retroactivamente, violarlas, aprovechándose de su posibilidad de hacer votar este Presupuesto.
Ninguna de esas empresas quebró o llegó a un concurso de acreedores, han tenido ganancias. Es necesario abrir sus libros conocer en detalle sus costos reales, sus inversiones reales, sus ganancias. Ninguna de esas compañías actuó en competencia, tuvo asegurado el monopolio en la actividad. Tuvieron ingresos en dólares extraordinarios porque por largos períodos la cotización del dólar estuvo subvaluado.
El menemismo fue el principal responsable de las privatizaciones de los servicios públicos entregando el patrimonio y facilitando el saqueo, así impusieron tarifas dolarizadas cuando todos los costos son nacionales, en pesos. Todos los gobiernos que siguieron no fueron capaces de revertir esas privatizaciones, fueron cómplices del saqueo, algunos apenas se limitaron a contener sus tarifas compensando a las empresas con subsidios, preservando su control monopólico sobre los servicios.
El Estado debe recuperar inmediatamente el control de esas empresas bajo control obrero colectivo y terminar con las extorsiones que realizan contra el país y los consumidores. No será la burguesía en cualquiera de sus variantes la que termine con este robo. Sólo la clase obrera en el poder podrá defender la soberanía nacional.
(Nota de Masas n°493)