Continúa la lucha en Mendoza
¡Expulsar a las multinacionales mineras que vienen a saquear el país! ¡Por una minería estatal bajo control obrero para desarrollar el país!
Mientras en Mendoza continúan las movilizaciones contra el Proyecto Minero San Jorge, el Gobierno Nacional avanza en un ataque directo a la Ley de Protección de Glaciares. Con la intención de incrementar la actividad minera para la extracción de minerales y tierras raras, el lobby minero y la administración de Javier Milei intentarán introducir modificaciones a la normativa apenas comiencen las sesiones legislativas, el próximo 10 de febrero.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, protege de manera directa a los glaciares y a los ecosistemas asociados, limitando las actividades extractivas, petróleo y minería, en ambientes glaciares y periglaciares, considerados reservas hídricas estratégicas de enorme importancia para la Argentina. Esta ley, única en el mundo por su alcance, no fue fácil de conquistar: la primera iniciativa, presentada en 2008, fue vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en lo que se conoció como el “veto Barrick Gold”. Esa decisión logró revertirse en 2010 gracias a la presión sostenida de organizaciones ambientales, sociales, científicas y políticas.
Desde entonces, el lobby minero, integrado por grandes corporaciones transnacionales, no ha cesado en sus intentos por anularla: presentaciones de inconstitucionalidad, presiones de los gobiernos provinciales y concesiones a gobernadores para habilitar proyectos extractivos. El último intento fue incluir su modificación en la llamada “ley ómnibus” de febrero de 2024 y, posteriormente, avanzar por decreto, buscando habilitar la minería en zonas periglaciares.
Hoy vuelven a la carga alegando que la definición actual de ambiente periglaciar es demasiado amplia y constituye un obstáculo para la actividad minera, bloquea inversiones en cobre, litio y otros minerales, y frena la creación de miles de empleos. Cuentan con el respaldo de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, que sostiene que hasta el 75 % de las áreas con potencial mineral se encontrarían en zonas restringidas por la normativa vigente.
La modificación propuesta introduce cambios estructurales que alterarían por completo el espíritu de la ley, elimina la protección automática y la reemplaza por un sistema discrecional, permitiendo que cada provincia determine qué zonas se protegen, en lugar de que lo haga el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), como ocurre actualmente. Además, elimina la prohibición de explotación minera en áreas periglaciares, reconocidas como indispensables para la regulación hídrica. No se trata únicamente de glaciares visibles a simple vista, sino también de suelos congelados (permafrost) o zonas que atraviesan ciclos de congelamiento y descongelamiento. Estos ambientes actúan como reservas y reguladores del agua, liberándola gradualmente según las estaciones y sosteniendo ríos y cursos de agua, especialmente en períodos de escasas precipitaciones.
Eliminar esta protección jurídica busca favorecer la minería a cielo abierto, presentada como sinónimo de empleo y desarrollo. Son doce provincias argentinas las que poseen glaciares y, en las más áridas como Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja y sectores de la Patagonia, numerosos ríos y cuencas dependen del deshielo como principal fuente de agua dulce. Esa regulación natural del ciclo hídrico es clave para sostener caudales durante épocas con escasas precipitaciones. El daño al permafrost y a las áreas periglaciares sería irreversible, con impactos directos sobre el abastecimiento de agua para consumo humano, agricultura y ecosistemas.
Por otro lado, las regalías provinciales, promocionadas como sinónimo de “riqueza”, representan en realidad una porción mínima del negocio: apenas el 3 % del valor bruto de lo extraído. Esto se agrava con la liberalización de las exportaciones sin retenciones, establecida por el Decreto 563/2025, que eliminó los derechos de exportación para 231 minerales. En los hechos, este esquema garantiza que la mayor parte de la renta minera sea transferida al exterior, dejando a las provincias con beneficios marginales frente al agotamiento de sus recursos naturales y un daño ambiental irreversible.
En este contexto, resulta imprescindible frenar el saqueo extractivista y avanzar hacia una nacionalización integral de la minería bajo control de los trabajadores. La minería debe ser planificada para industrializar el país y garantizar un desarrollo soberano, no para engrosar las ganancias de multinacionales que comprometen nuestro futuro.
(Nota de MASAS n°496)