Otro Fraude de Milei: ordenó que el Estado desista en la causa judicial por la deuda con el FMI
Decidió que la Procuración del Tesoro de la Nación deje de ser querellante en la causa contra el expresidenteMauricio Macri y sus colaboradores más cercanos, incluyendo su ex ministro de Economía Luis Caputo, por presunta defraudación, al derogar el artículo 1° del Decreto 239/21.
Investigaba si “parte de los fondos desembolsados por el FMI en 2018 fueron utilizados por Economía y el Banco Central para la venta de divisas al mercado, violando los compromisos asumidos ante el propio organismo internacional”. Significa un claro alivio para las situaciones de los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, de decisiva participación en esos temas de deuda con el FMI en 2018.
Los abogados del Estado habían remarcado, que otro organismo de control, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), “había detectado ya que buena parte de los fondos desembolsados por el FMI entre junio y agosto de 2018 fueron utilizados por el Ministerio de Hacienda y el BCRA para la venta de divisas al mercado, en violación a los compromisos asumidos ante el organismo internacional en cuanto al destino de esos recursos”. Estos fondos “debían ser empleados como apoyo presupuestario y sólo excepcionalmente podrían ser empleados para su venta. Las autoridades incumplieron la obligación de realizar informes periódicos, que aseguraran la trazabilidad y transparencia en el uso de aquellos fondos”.
La Justicia también es cómplice del fraude. Decidió archivar la causa, el pasado 2 de febrero.La magistrada encargada del caso determinó que los hechos denunciados no eran delitos sino discrepancias con decisiones relacionadas a la política económica. Se trató de una deuda gigantesca asumida con el FMI, la más grande de la historia, pasando por encima de todas las regulaciones legales y administrativas, violando las propias normas del FMI, y destinando esos recursos a la fuga de divisas por un puñado de empresas y empresarios, dejando la deuda al país.
El Congreso también es cómplice del fraude. Se negó a levantar el secreto bancario, bursátil e impositivo para investigar a esas empresas y empresarios que fugaron las divisas, garantizándoles impunidad. Luego aprobó en 2022, por pedido de Guzmán, ministro de economía de Alberto Fernández, el reconocimiento de esa deuda fraudulenta, con la excusa de modificar su forma de pago. El 80% de los legisladores lo votaron. Y muchos de los que no votaron dijeron que hubieran votado a favor si estaba en peligro el resultado. Todos truchos, todos corruptos.
En marzo de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, la Procuración del Tesoro impulsó una denuncia contra la conducción política y económica del gobierno de Cambiemos, constituyéndose en querellante por los presuntos delitos de “violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación a la Administración Pública Nacional” en relación a la deuda contraída con el FMI. Lo que parecía una tibia medida de defensa de la Nación se transformó meses después en su contrario cuando el mismo Presidente envía al Congreso el proyecto de Ley que pasa a reconocer y legitimar toda esa deuda fraudulenta.
Toda la deuda debe ser desconocida, como los planes, programa y auditorias del FMI, que tiene el mando sobre la economía del país. Todos los funcionarios implicados en el fraude deben ser investigados por el fraude contra la Nación. Claro que no será obra de esta Justicia controlada por ellos.
(Nota de Masas n°497)