Atentado a la AMIA, el Estado es garante de impunidad
El caso del Atentado a la AMIA muestra el grado de descomposición absoluta del Estado burgués, de todas sus instituciones.
En primer lugar Menem y su gobierno, sus servicios de inteligencia, su Congreso y la Justicia. A esta conclusión se llega porque hicieron todo lo necesario para desviar la investigación, para encubrir a los responsables, para acusar sin pruebas, comprando testimonios falsos o usando testimonios de agentes de inteligencia. Todos los que le siguieron tampoco lo hicieron.
26 meses antes, el 17 de marzo de 1992, la Embajada de Israel también fue blanco de un atentado. 22 fallecidos, 242 heridos.
Hubo un interés de EE.UU. e Israel, desde el inicio, de que no se conozca la verdad. Horas después de la voladura de la AMIA, tanto EE.UU. como Israel acusaron a Hezbollah y a Irán de haber sido los autores intelectuales y materiales. El gobierno argentino se sometió colonialmente a esa orientación.
Existen pocas certezas sobre el Atentado, pero las que existen, muy fuertes, no permiten acusar al Estado de Irán como responsable. El delegado de la CIA en la Argentina, Ross Newland, y el enviado del FBI a investigar el atentado, Jim Bernazzani, sostuvieron que no encontraron rastros contra Teherán.
El embajador de EE.UU. James Cheek, en funciones en ese momento en Argentina lo repitió muchas veces en público y en privado: no hay pruebas válidas judicialmente para acusar a Irán. Los documentos desclasificados por el Departamento de Estado lo confirman. En 1994 se dirige al Coordinador de Contraterrorismo del Departamento de Estado Philip Wilcox, para prepararlo a él y su equipo para su visita a Buenos Aires: “no hay evidencia dura del mismo (la responsabilidad iraní) y el caso del gobierno argentino se basa principalmente en el testimonio del desertor iraní Manoucher Moatamer, que carece de credibilidad local e internacional” (documento reproducido por Carlos Escudé).
En agosto de 1994 Cheek le dice al Secretario de Estado Warren Christopher “se está ganando la batalla de la opinión pública para convencer de que Irán fue responsable, a pesar de que no hay evidencias duras”.
El informe al Congreso de EE.UU. del 28 de septiembre de 1995 sobre el tema dice: “El Sr. Charles Hunter, experto en explosivos del Departamento de Estado enviado a Buenos Aires cuatro días después del atentado, declaró que los rastros de la explosión son incompatibles con los de un coche bomba, y que los relativamente escasos daños producidos en los edificios vecinos sugieren que la bomba estuvo dentro de la sede de la AMIA”. También menciona la obstaculización de sus investigaciones por parte de la policía argentina.
El ataque a la mutual judía AMIA ocurrió a las 9.53 del 18 de julio de 1994. La explosión provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. Las víctimas, sus familiares, sus amigos y compañeros no tienen respuesta. Muchos familiares de las víctimas del atentado a la mutual judía, vienen denunciando desde hace décadas el rol de los servicios de inteligencia, de la Policía Federal, del Poder Judicial y del menemismo. El gobierno de Milei los reivindica plenamente.
El 19 de julio –un día después del atentado- Menem dio una entrevista a Bernardo Neustadt, en el programa Tiempo Nuevo. Minutos antes, en el mismo programa, había estado vía satélite el primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Ambos dieron una “versión coincidente del atentado”. Cumplieron lo expresado en un cable de la Embajada argentina en Israel, enviado pocas horas después del atentado. Les convenía a EEUU e Israel acusar a Irán como responsable, aunque no hubiera prueba alguna. Inmediatamente se produjo el atentado, Rabin envió un emisario para preparar cuál debía ser la versión. Esta es una prueba contundente de la manipulación de los hechos.
La SIDE destinó 400.000 dólares a Telleldín para incriminar a 17 policías bonaerenses que habrían sido los que retiraron la camioneta con la que se habría realizado el atentado. La SIDE coordinó con el juzgado dos pagos que salieron de sus fondos reservados. La DAIA tuvo una participación directa en esta maniobra, también es responsable del encubrimiento. ¿Quién ordenó esta operación?
Acusaron a personas que todavía estarían en cárcel y que debieron ser liberadas por la aparición de los videos de Galeano preparando la acusación. Estuvieron detenidos entre 6 y 10 años, todos fueron absueltos. El actual ministro de Justicia, Cuneo Libarona, estuvo preso por ese video. Toda una farsa.
Los jueces del Tribunal N°3 determinaron que hubo un comportamiento criminal ante el atentado y que los investigadores debían ser investigados. Entiende que la maniobra buscaba cerrar el caso mostrando que estaban haciendo Justicia y “a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. El Juez Galeano fue apartado; en 2005 fue destituido por un juicio político, decisión que quedó firme en 2010. Cuando el juicio comenzó, la fiscalía era representada por Mullen y Barbaccia. El 13 de abril de 2004, el tribunal los apartó por considerarlos parte del encubrimiento. En 2009 la Corte Suprema confirmó la sentencia.
Los medios de comunicación colaboraron en colocar a a Rivelli y Telleldín como responsables del atentado. ¿A quién estaban protegiendo cuando fabricaban esta acusación gravísima? Seguramente no a Irán.
El juicio AMIA por Encubrimiento se realizó entre 2015 y 2019. Tribunal Oral Federal N° 2. Fue derivada de la sentencia del Tribunal N° 3. Fueron acusados los funcionarios judiciales Galeano, Mullen y Barbaccia; los integrantes de la SIDE Anzorreguy, Juan Carlos Anchézar y Patricio Finnen; los integrantes de la PFA (Policía Federal Argentina) Carlos Castañeda y Jorge “Fino” Palacios; Carlos Saúl Menem, Rubén Beraja, Telleldín, Ana Boragni y Víctor Stinfale (esposa y abogado de Telleldín). Confirmó que existió una “maniobra global de encubrimiento que involucró a altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial de la Nación”. El daño cometido a la investigación ha perjudicado “de manera casi irreversible la averiguación de la verdad que las víctimas del hecho, sus familiares y la sociedad toda todavía demandan conocer. Pero fueron absueltos: Menem, Beraja, Finnen, Palacios y Stinfale. La absolución de Finnen fue revertida en 2024 al considerarlo pieza clave de la SIDE. También en 2024 es absuelto Telleldín porque no pudo probarse que sabía para qué sería usada la camioneta que vendió.
Se reconstruyó el pago a Telleldín con fondos reservados de la SIDE para que involucrara a los policías, incluye la extorsión de personas para presionarlo y derivó en la privación ilegítima de la libertad de los policías. Se investigó también el desvío de la pista que involucra a Kanoore Edul y su entorno.
El absuelto Palacios fue el policía elegido por Macri como jefe de la Policía Metropolitana elegido por consejo de las embajadas de Estados Unidos e Israel. Años después del atentado, el Fino Palacios era el cuadro más nombrado para ser designado jefe de la Policía Federal, lo pusieron al frente de la Unidad Antiterrorista, que investigó el ataque a la mutual judía. Años después el fiscal Alberto Nisman lo acusó por encubrimiento del atentado a raíz de allanamientos que se ordenaron a la casa de un sospechoso, Alberto Kanoore Edul, y que Palacios tardó muchas horas en concretar. Eso permitió que se le avisara a Kanoore del allanamiento.
En 2018, durante el juicio, quedó clara la protección del sistema judicial a los fiscales Mullen y Barbaccia: el Poder Ejecutivo retiró la acusación.
El expediente del caso tiene 3000 cuerpos. Todos los archivos deben ser abiertos para poder avanzar con la investigación, en particular de la SIDE y la Policía Federal. El “secreto de Estado” es para mantener el encubrimiento de los responsables, se debe levantar inmediatamente. Impedir que se destruya un solo archivo, recuperar las pruebas que se llevaron del país. Ese es el reclamo de las víctimas y sus agrupaciones Apemia y Memoria Activa.
Entre tantas historias alrededor de uno de los mayores atentados de la historia llama la atención el caso de Iosi, el “espía arrepentido”, el servicio de la Policía Federal, José Pérez que se infiltró en la comunidad judía durante 15 años y que pasó los planos de la AMIA a sus superiores antes de su voladura, tanto en la Embajada como en la AMIA Pérez suministró las características del edificio, las formas de acceso, los horarios, los sistemas de seguridad, los puntos débiles, las formas de entrar y salir sin ser advertido.
La Corte Suprema sostuvo que el atentado a la Embajada “fue causado por la explosión de una carga de pentrita y trinitrotolueno que había sido acondicionada en la parte posterior derecha del interior de una camioneta Ford F-100”. Ese dictamen de la Corte Suprema ignoró un estudio que en 1996 había realizado la Academia Nacional de Ingeniería donde se planteaba que la explosión se produjo por un artefacto ubicado en el interior de la embajada. Este resultado fue rechazado por las autoridades israelíes, que para deslegitimarlo plantearon que era “antisemita”.
Lazos objetivos de ambos ataques con Oriente Medio: Un año antes el gobierno de Menem había decidido miserablemente sumarse a la coalición imperialista, que lideró Estados Unidos contra Irak, con la excusa de su invasión a Kuwait (la “Tormenta del Desierto” ordenada por George Bush), con la intervención de barcos argentinos en el golfo Pérsico. Se denunciaba también que Menem había traicionado sus promesas previas a ser presidente de continuar con el programa del misil Cóndor y el suministro de agua pesada para países de Oriente Medio que habrían aportado para su campaña.
Toda la historia de los atentados muestra la inmundicia de un Estado en descomposición irreversible, que debe ser destruido como condición para que pueda surgir una nueva sociedad dirigida por una clase que nunca gobernó, la clase obrera, apoyada en la mayoría oprimida de la ciudad y el campo.
(Nota de MASAS n°461)