El gobierno mantiene la privatización del Río Paraná que hizo Menem

Ante el reclamo de numerosos sectores por la renacionalización del Paraná (un corredor fluvial de 3400 kilómetros de los ríos Paraguay y Paraná), que se derogue el Decreto 949/2020, que el Estado se haga cargo de todos los controles, del dragado y balizamiento, de los puertos, del cobro de los peajes, del cuidado del Río, y la efectiva fiscalización aduanera, que reclaman también que se recupere la industria naviera y se vuelva a poner en pie una flota estatal, el gobierno anuncia la creación de órganos estatales de control de la concesión y recaudación para tratar de engañar a sus seguidores defraudados.

La esencia de la política del gobierno en este terreno la manifiesta el Ministro de Transporte Alexis Guerrera (hombre de Massa) que se reunió con la comisión Directiva de la Bolsa de Cereales para informarles del nuevo decreto que está a la firma del Presidente.

Le otorgará a “la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado por 12 meses” que luego “licitará entre dragadoras privadas los servicios de dragado y balizamiento”. Señalando expresamente que serán dragadoras privadas. Les comentó que ya hay dragadoras internacionales interesadas en participar de la compulsa de precios. Es un verso hablar de “licitación internacional transparente” cuando todos saben que hay pocas multinacionales con capacidad para tomar esa tarea. La llamada “transparencia” tiene como objetivo dejar al Estado nacional fuera de la actividad.

El principal cambio es que “será la AGP (y por ende el Estado) el que cobre a las navieras el peaje por el tránsito fluvial, cuando hasta ahora el concesionario privado era el que cobraba la tarifa. El cobro del peaje es apenas un premio consuelo para los seguidores defraudados. Son algunos cientos de millones de dólares al año. No es el tema central en discusión.

Lo más importante es que las exportadoras no quieren ningún control serio sobre las cargas, ni sobre la cantidad, ni sobre el producto. Y quieren que el dragado del río les asegure que entren los barcos de mayor calado y puedan cargar el máximo de su capacidad, sin importar las consecuencias que pueda tener. Y que nunca esos barcos vuelvan a ser de una flota estatal.

La lucha por la soberanía abarca todos los puntos que se reclaman y que debieran centrarse en el monopolio estatal del comercio exterior, única forma de empezar a terminar con el contrabando, la subfacturación y otros fraudes que se destapan todo el tiempo. Para poder decidir qué se vende, a quién y en qué cantidades. Esta decisión vital para la economía hoy está en manos de un puñado de multinacionales exportadoras, la oligarquía terrateniente y los bancos.

La presión por mantener en manos privadas el control del movimiento del comercio exterior está íntimamente vinculado al contrato escandaloso que se acaba de firmar en Uruguay extendiendo por varias décadas la concesión de su puerto a una empresa belga, que promete llevar al doble su capacidad en comparación con el de Buenos Aires.

Estamos ante un acto de corrupción extraordinario. Estando vencidos los contratos de concesión y teniendo todos los recursos materiales y humanos para centralizar toda la actividad en el Estado, como lo fue en el pasado, no hay nada que justifique una renovación de la entregada del Río a una empresa extranjera. Son decenas de miles de millones de dólares los que se evaden por esa ruta. No tomar el control es un grave renunciamiento a la soberanía, que seguramente no es gratis. Los dueños del país están operando con todos sus medios, con todos sus recursos, para impedir la estatización de un sector vital.

El secretario de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte, Leonardo Cabrera Domínguez, que se encargará de la nueva licitación trabajó en la multinacional Dreyfus; apoyó en su momento a la pastera Botnia y, en 2016, fue nombrado Presidente del Instituto Portuario Provincial entrerriano por el Gobernador Bordet. Participó de la venta de Dreyfus Argentina a la pastera chilena Celulosa Arauco; militó contra los defensores del río Uruguay; fue parte del proyecto de dragado de ese río a pedido de las pasteras. ¡Qué casualidad que haya caído en ese Ministerio!

Los miles de pronunciamientos son valiosos y han generado una crisis política en el gobierno, pero es necesario remarcar que sólo la movilización, la intervención activa de la clase obrera con su política puede quebrar la dominación sofocante del imperialismo y sus secuaces nativos. La burguesía nacional definitivamente adoptó un camino de sometimiento servil al capital financiero.

(nota de MASAS nº396)

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