Estado policial en Colombia
El balance de 33 dirigentes campesinos, indígenas y exguerrilleros de las FARC asesinados desde principios de 2022, demuestra que en Colombia sigue vigente el terrorismo paramilitar y estatal, método institucionalizado por la burguesía y los terratenientes, así como por el gobierno nacional, para tomar represalias contra los explotados y oprimidos que se levantan contra el capitalismo. La saña es aún mayor cuando se trata de exguerrilleros que, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, sobreviven de pequeños negocios o arando la tierra.
Es en las zonas rurales, donde los indígenas y campesinos se enfrentan a los terratenientes por la posesión de la tierra, es donde se aplican con mayor intensidad los métodos terroristas. Es habitual ver cómo la prensa informa la responsabilidad de los grupos guerrilleros que no se han sometido al proceso de paz, de los paramilitares e incluso de los escuadrones del ejército por las masacres. Pero siempre se oculta la responsabilidad de la burguesía y de los terratenientes como principales culpables.
Los crímenes y matanzas tienen, en el fondo, los intereses de los monopolios, la burguesía narcotraficante y los terratenientes, en apoderarse de porciones crecientes de territorios y tierras, para ampliar sus ganancias, sean lícitas o criminales, con el Estado burgués como actor de apoyo, que garantiza la impunidad de los asesinos, y la marcha de sus industrias y negocios. El mismo contenido de clase e intereses económicos estuvo presente en la violenta represión policial, con decenas de muertos, cientos de heridos y miles de presos, durante el levantamiento obrero y popular de 2021, que enfrentó y derrotó el paquete de contrarreformas de Duque.
La burguesía sabe que los continuos daños de las crisis económicas y sanitarias sobre las masas las obligarán a levantarse de nuevo en defensa de sus condiciones mínimas de vida, proyectando la lucha de clases, y abriendo el camino a nuevas crisis y revueltas obreras y populares. Por eso el gobierno de Duque ha dado un paso más en el fortalecimiento del Estado policial, que se ha construido durante décadas con el apoyo del imperialismo.
En sesiones extraordinarias de febrero, el Congreso decidió aprobar una nueva Ley de Seguridad que amplía los poderes represivos del Estado, especialmente orientados a la represión política de las protestas masivas. Se endurecerán las penas contra los participantes u organizadores de piquetes y bloqueos callejeros, y contra los manifestantes que dificulten su identificación. También aumentarán las penas por atentar contra la «integridad de las fuerzas policiales». Y se ha creado la figura jurídica de la «legítima defensa», para encubrir los asesinatos y abusos policiales. Según Duque, se trata de una medida demandada por los empresarios para garantizar el «legítimo derecho a la propiedad privada».
El empeoramiento del marco represivo se combina con una brutal caída del poder adquisitivo de los salarios. La inflación ha subido a un máximo histórico del 5,6%, mientras que los salarios están bajando. El gobierno aprobó un aumento del 11% en los precios de los combustibles. Los productos de alimentación y consumo popular registraron un aumento del 20%; los aceites, del 50%; y las frutas, del 30%. El golpe es aún mayor para los pobres y miserables, que constituyen más del 60% de la población.
Sorprende que, ante este cuadro general de ruptura social y avance represivo, el Comité Nacional de Paro (CNP) -organismo creado por las direcciones sindicales y movimientos populares en 2021, como centro político de las protestas y levantamientos, que tumbaron el proyecto de ley de pensiones- sólo amenace con organizar una huelga de un día. Sin embargo, no hace nada por organizar asambleas en las fábricas y los barrios, llamando a las masas a repeler el avance del estado policial, y a defender el aumento de los salarios.
Las ilusiones democráticas, despertadas por las próximas elecciones generales, que, según las encuestas, darían la victoria al nacional-reformista Gustavo Petro, en la segunda vuelta, son presentadas por la burocracia, los partidos reformistas y los movimientos feministas y ecologistas pequeñoburgueses como una oportunidad única para sacar a la derecha del poder. La Central Única de los Trabajadores (CUT) forma parte del pacto electoral de Petro con las direcciones burocratizadas de los sindicatos. El problema es que están explotando las ilusiones democráticas de los trabajadores, para que no luchen por su propio programa de reivindicaciones. Una lucha que llevaría a la clase obrera a ponerse al frente de la mayoría oprimida contra el estado policial.
La vanguardia de clase se enfrenta a la tarea de enfrentar, en el seno de los sindicatos y de las masas, con las reivindicaciones y los métodos de acción directa, la política de conciliación y el democratismo burgués del CNP. Partiendo de las necesidades básicas de la mayoría oprimida, es posible poner en marcha un movimiento contra el Estado policial.
(POR Brasil – MASSAS nº 659)
