LAS CÁRCELES ARGENTINAS: RADIOGRAFÍA DE LA BARBARIE CAPITALISTA
La mañana del 24 de abril de 2020 el Coronavirus pasaba a segundo plano, al menos por un momento, en los programas “periodísticos” de nuestros infames canales de TV y radio en la Argentina. “Violento motín en la cárcel de Devoto” gritaban a los cuatro puntos cardinales los desinformadores, mientras exigían el castigo más severo como respuesta. Es que la población carcelaria de Devoto cometió la osadía de prorrumpir con sus propios reclamos largamente desoídos, relegando la “lucha unitaria” contra el temible virus. No tardaron en llenarlos con los más bajos adjetivos. Pareciera que reclamar condiciones de higiene, arrestos domiciliarios y conmutación de penas, es violencia para nuestros cómodamente dispuestos periodistas y funcionarios públicos.
Una información corrió rápidamente entre los presos esa misma mañana. Se había confirmado el análisis positivo para COVID19 a un guardiacárcel que había estado largamente en contacto en varios pabellones de distintos módulos. Los presos lo intuían, lo habían advertido ante la indiferencia total de los responsables. Ya desde los primeros días de marzo habían comenzado con batucadas pacíficas y huelgas de hambre individuales reclamando barbijos, alcohol en gel, lavandina y todos los materiales necesarios para higienizar sus espacios de presidio… Pero el problema iba mucho más allá para quien quisiera ver.
INSTITUCIÓN PUTREFACTA DEL CAPITALISMO
Las cárceles suelen asociarse rápidamente con el lugar en el que se deposita la “escoria de la sociedad”, esos confines privados de derechos donde todo vale. Es posible, incluso, hacer oídos sordos a los más elementales derechos garantizados por la Constitución y nuestras leyes, quedando a merced de la discrecionalidad del funcionario de turno. Las prisiones resultan ser una de las instituciones del régimen social capitalista donde más claramente puede evidenciarse el carácter de clase de las mismas.
El lunes 25 de marzo de 2019 era declarada en nuestro país la “Emergencia en materia penitenciaria”, quedando harto demostrado que la declaración de Emergencia (sea en el ámbito que sea) se produce para que nada cambie, o más bien para que todo empeore. Sucede que en la Argentina la población carcelaria ha venido aumentando a un ritmo vertiginoso. Desde el año 2000 hasta el 2015 la población carcelaria pasó de 37.885 a 72.693 (si incluimos a los detenidos en Comisarías y otras dependencias policiales pasaban los 77.000). En la actualidad esta población total supera, y holgadamente, los 100.000 (notable récord macrista alcanzado a fines de 2018). En 20 años se triplicó la cantidad de presos, abarrotando en más del doble su capacidad total.
Pero debemos indagar más aún para no caer fatalmente en los prejuicios tantas veces inoculados por los señores de saco y corbata de los medios. 7 de cada 10 presos que ingresaron en los últimos dos años lo hicieron por delitos patrimoniales menores o por infracciones a la ley de drogas (donde obviamente no abundan los grandes nacrotraficantes, sino todo lo contrario). En los 3 restantes se incluyen los que cometieron homicidios y delitos sexuales, entre otras. A esto se debe agregar que el 60% de la población carcelaria no cuenta con condena firme, y se encuentra privada de su libertad bajo la figura de la “Prisión Preventiva”.
Dicho artilugio legal es una condena sin condena y desnuda el carácter burgués y represivo de la Justicia. Por el contrario los grandes delincuentes, los funcionarios corruptos, los genocidas de la última dictadura, los empresarios fugadores, tienen décadas de cómodos procesos cuando son acusados: muchas de estas causas terminan cayendo, “se cierran por falta de méritos”, “se cajonean”, “todos absueltos”, etcétera, etcétera. El Presidente Alberto Fernández, jefe de cátedra de “Teoría General del Delito y Sistema de la Pena” en la Universidad de Buenos Aires, aunque lance de tanto en tanto tibias declaraciones, muy lejos está de combatir esta situación.
DETENIDOS SIN DERECHOS NI SIQUIERA A VIVIR
Desde la inauguración de la cuarentena el 19 de marzo, las fuerzas represivas han encontrado un terreno allanado para retornar a las prácticas más oscuras de la historia argentina. Los 5 asesinatos en las cárceles santafesinas el 24 de marzo, aun sin esclarecimiento, inauguraron un raid de impunidad escalofriante. Fue el 5 de abril cuando Florencia Magalí Morales de 39 años fue detenida en la Comisaría nº 25 de Rosa de Conlara (Provincia de San Luis) por un supuesto incumplimiento del aislamiento obligatorio. Florencia se encontraba realizando las compras esa mañana para sus dos hijos y un nieto con los que vivía, cuando fue detenida. Esa misma tarde, fue encontrada “ahoracada” en su celda. Familiares denuncian forcejeos y golpes previos de parte de las fuerzas represivas (entre los que Florencia tenía conocidos que la habían estado hostigando previamente), que fueron curiosamente “olvidados” en el informe pericial de la autopsia que se le realizó.
Pero este “modus operandi” del “autoahorcamiento” pareciera ser el argumento favorito de los perversos policías de San Luis. El 25 de abril volvería a repetirse. Esta vez la víctima sería un niño de 16 años detenido en la “Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia” en Villa Mercedes (también San Luis). Nuevamente la medicina forense pasó por alto la descripción de todos los hematomas provocados por la dura golpiza que le propinaron en su detención. Tal burda maniobra ignoró que dicho espectáculo había ocurrido a la vista de varios vecinos del lugar. Pero el procedimiento fue el mismo: detención por no tener documentos, y a las pocas horas “autoahorcamiento”.
El 21 de abril el escenario fue la Unidad Penal nº 1 de Corrientes, donde los 470 lugares disponibles se encuentran ocupados por 670 personas. De ciertas similitudes con Devoto la población carcelaria comenzó una huelga pacífica de hambre cuando dio positivo un guardiacárcel. El asesinado fue esta vez José Mario Candia de 22 años, detenido por el robo de un celular a una vecina, quien llevaba prácticamente cumplida su condena. Los inescrupulosos asesinos pretendieron archivar todo rápidamente bajo la figura de “disputa interna” y “herida por arma blanca”. No contaban con las filmaciones, el relato de los vecinos y los testimonios de los propios internos, que presionaron para revelar la cruda realidad… 3 fueron los impactos de bala de plomo que terminaron con la joven vida de José Mario, preso por un celular, y asesinado por reclamar por condiciones dignas.
En Florencio Varela, tan solo un día después, la causa de muerte estaba escrita – y difundida – antes que los 8 disparos alcanzaran a Federico Rey. Sería el ya desgastado argumento de “apuñalado en una pelea entre internos”. Las fuerzas represivas hubiesen logrado ahogar en sangre un nuevo reclamo por condiciones de higiene y revisión de “prisiones preventivas”, sino fuera por el escandaloso video que muestra cómo Federico era asesinado a quemarropa cuando ya se encontraba totalmente cercado sin posibilidad de defenderse.
Y también señalar, entre muchos otros acontecimientos que nos llenan de angustia, la estúpida muerte (mejor dicho asesinato) de Francisco Britos de 29 años el domingo 26 de abril. En un desesperado intento por lograr ser escuchado por las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja, y luego de semanas enteras de huelgas de hambre desoídas, Francisco Britos murió. Elemento tan básico como un matafuegos en el pabellón hubiese bastado para salvarle la vida, pero ni eso están dispuestos a darle a nuestros privados de libertad y derechos. Es evidente que algo se esparce más rápido que el virus: son los asesinatos en las cárceles del país.
ORGANIZARSE PARA NO MORIR
Reclaman barbijos y alcohol en gel, reciben balas de plomo y represión; exigen el cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad y les devuelven desprotección ante cualquier agente infeccioso (Coronavirus o tuberculosis); reclaman prevención y terminan siendo asesinados… las cárceles son un símbolo de la descomposición capitalista. La pandemia, lo que hace, es exponer la precaria superestructura social, cuya dueña lleva el nombre de impunidad.
Pero ellos continúan peleando y asimilan instintivamente cuál es el camino para conquistar sus reivindicaciones. Se organizan, salen a luchar, toman los problemas en sus propias manos, redactan pliegos de reivindicaciones, unifican sus reclamos… en síntesis utilizan los métodos de acción directa como única garantía para lograr respuestas
Sabemos que la mayoría de estos sucesos quedarán impunes. Como pretendieron hacerlo con las dos masacres en las cárceles bonaerenses bajo el Gobierno de María Eugenia Vidal: en Pergamino en 2017 siete personas murieron asfixiadas mientras realizaban un reclamo contra el hacinamiento y los malos tratos policiales, los mismos que obstaculizaron que llegaran los rescatistas para salvarles la vida; en 2018 en una Comisaría de Esteban Echeverría inhabilitada para detención de personas (tenía 27), 4 morirían luego de un incendio en donde la respuesta policial – regocijada ante esa situación – fue el corte total del agua… otros 6 morirían en los días siguientes producto de las lesiones ocasionadas.
Gran parte, de aquéllos y de estos hechos, no han tenido más que una acotadísima mención en algún que otro diario local, para verse sumergida en el más completo desinterés. Pareciera como si nada hubiese sucedido en nuestro territorio. Pero vemos el hilo invisible que une todos y cada uno de los reclamos a lo largo y ancho de las prisiones del país: hacinamiento, superpoblación, malas (o nulas) condiciones de higiene, presos sin las mínimas garantías constitucionales, y donde incluso las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o del máximo tribunal penal del país, son desestimadas sin más argumento que la permanencia de la feria judicial.
No podemos olvidar el carácter de clase de la Justicia y la imposibilidad de reformarla o mejorarla. Y eso incluye la impotencia de la clase dominante por dar una respuesta progresiva a lo que sucede en sus instituciones. Le corresponde enteramente a la clase obrera desarrollar una respuesta, que comienza en la más completa solidaridad ante los reclamos. Sabiendo que la única forma de destruir el perverso sistema carcelario argentino, es acabando con el régimen social que le da forma a tal muestra de barbarie presente.
(nota de MASAS nº 369)