¿Se desmantelará el aparato de inteligencia?
Crece el escándalo por el espionaje masivo en los últimos años que revela un régimen mafioso, de dictadura civil. Una funcionaria del gobierno de Macri dijo que podría haber 15.000 espiados por los servicios de inteligencia.
Espiaban a periodistas, expresidentes, sindicalistas y políticos, hasta de su propio partido. Llegaron al extremo de infiltrar agentes para trabajar como “personal doméstico” para grabar y filmar la vida de uno de sus dirigentes. Hacían seguimientos, espiaban los correos electrónicos, los accesos a internet, armaron una red de escuchas en las cárceles, etc. Y fichaban a todos según sus inclinaciones políticas. ¿Para qué? Para saber qué pensaba y hacía cada uno, para apretarlos si era necesario.
Una parte de los operativos se combinaba con periodistas y medios para difundir escuchas realizadas ilegalmente. Y con jueces y fiscales que articulaban sus operaciones con los servicios.
En la dictadura este procedimiento se combinaba con la tortura física para sacar información, para quebrar voluntades, chantajear y extorsionar. Ya cuando fue detenido D´Alessio quedó al desnudo buena parte de la trama de espionaje.
La Justicia es cómplice de este accionar criminal. Hasta el momento ni renuncian los jueces y fiscales abiertamente involucrados ni tampoco aparecen otros jueces que tomen la iniciativa de terminar con esa infamia, ni tampoco la Corte Suprema. Bonadío dejó de ser juez porque falleció. Stornelli aún sigue en funciones.
Sólo casos aislados y casi por azar terminaron revelando la trama mafiosa, de contacto con narcos puestos a colaborar con los espías. Ante las revelaciones impactantes y contundentes de los últimos días ya intentaron quitarle la causa al Juez interviniente Federico Villena para llevarla hacia el redil de los “jueces amigos” pero la amplia difusión en varios medios periodísticos frustró la operación.
El Congreso es impotente frente a la acción de los servicios. La Comisión bicameral que debía controlar los servicios de inteligencia y el uso de los cuantiosos recursos materiales que manejaba ni siquiera se reunía. Su existencia era puramente formal, no se animaban a meterse con los espías y como quedó en evidencia ahora, hasta sus miembros eran espiados.
Todos los espías que participaron de estas acciones deben ir presos. Ya mismo, para que no obstaculicen las investigaciones o se escapen. Todos saben que su accionar era ilegal. Y todos sus jefes. Y todos los políticos y periodistas que operaron con información ilegal. ¿Quiénes son los jefes de esta mafia? Los visibles son Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y el propio Macri, que llegó a la presidencia procesado por escuchas ilegales desde el gobierno de Buenos Aires.
Tienen que ir todos presos, son una amenaza concreta y real para las libertades democráticas. No alcanza con echarlos de la AFI, porque todos ellos se “privatizan” y siguen trabajando para empresarios o políticos, realizando los mismos trabajos. Los espías, sus jefes, los periodistas y los políticos y los dueños de los medios periodísticos que formaron parte de las operaciones.
Los grandes medios de comunicación televisiva, radial, gráfica, deben ser expropiados, son operadores contra el interés nacional por parte de potencias imperialistas y sus servicios de inteligencia. Ellos se ocupan de envenenar permanentemente la cabeza de nuestro pueblo.
La politiquería busca cómo protegerse y proteger a los que quedaron escrachados. Seguramente rodarán unas cabezas, y todo quedará ahí nomás, para hacernos creer que de verdad están desmantelando esa cloaca inmunda del Estado. El grado de pudrición del sistema ha llegado a tal punto que todos terminan conviviendo con todos. Es difícil pensar que a la cabeza de toda esta estructura estaban sólo Macri y Arribas, seguramente habría más personajes.
No olvidemos que en el caso D´Alessio todos se pusieron de acuerdo en que no se hablara más de la DEA y la Embajada, ¿qué pasó? el personaje actuaba con credenciales de la DEA y aparecía públicamente como relacionado con ella y utilizando vehículos de la Embajada. ¿Quién investiga esta relación? ¿Quién dio la orden a los medios para que no se hablara más del tema? ¿Por qué todos lo encubren?
Decimos que todos los responsables de estos atentados contra las libertades públicas deben ir presos, sus ejecutores y sus mandantes, pero sabemos que esto sólo sería obra de verdaderos tribunales populares, apoyados en las organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, y apoyados en la movilización popular. La justicia burguesa no se autoincriminará, no investigará, dejará impune lo esencial de estas violaciones groseras porque siguen necesitando mantener activo el aparato represivo.
No olvidamos que bajo los gobiernos kirchneristas Berni y Milani tuvieron un papel protagónico, que infiltraron movilizaciones, que se implementó el “Proyecto X” de gendarmería para espiar a más de 1000 organizaciones políticas y sindicales en el país. Que dieron luz verde al accionar de las patotas de la burocracia para reprimir a los trabajadores. Que el famoso jefe de inteligencia que venía desde la dictadura, Stiuso, llegó casi hasta el final del mandato de Cristina Kirchner. ¿Qué hicieron en 12 años para desmantelar esa mugre?
Recordamos que la reciente lucha de los mineros de Andacollo estaba siendo espiada por la gendarmería. La ministra Frederic se desligó del caso porque tomó estado público, pero antes había reconocido la importancia de hacer “cyber patrullaje”. ¿En qué quedó la investigación por los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel? ¿Y las pericias sobre Alberto Nisman? Eso nos muestra hasta qué punto este gobierno está dispuesto o no a desmantelar la estructura represiva de los mandos de Gendarmería y Prefectura. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que informen qué pasa con estos temas? ¿O pretenden dejarlos en el olvido? Es decir, en la impunidad.
El Estado es la maquinaria de la dictadura del capital. Pueden cambiar las formas de sus gobiernos, pero siempre, siempre, son la expresión de la dictadura de una minoría sobre la mayoría. La estructura del poder represivo, en lo esencial, sigue siendo la misma que bajo las dictaduras militares. Los luchadores, los militantes, los activistas populares, deben tener presente siempre esto. Que la maquinaria del Estado intentará vigilarlos y controlarlos porque su función es garantizar que el orden social no sea alterado, que la gran propiedad no se toque. Puede ocurrir que algún sector se desmadre, se vuelva incontrolable y hasta ponga en riesgo la eficiencia de ese aparato represivo y tengan que hacer purgas. Pero siempre preservaron su función esencial.
Por eso es tan importancia la lucha por el desmantelamiento completo del aparato represivo, por la vigencia plena de las libertades democráticas. Rechazamos totalmente cualquier tipo de control o vigilancia sobre la actividad política o sindical.