LAS IDAS Y VUELTAS CON VICENTIN ¿Quién gobierna la Argentina?

(Editorial del MASAS nº 373)

Como anticipáramos desde antes que se formara el Frente que ganó las elecciones, el gobierno que surgiera de un frente tan heterogéneo en nombre de derrotar a Macri, se encontraría cara a cara con todas sus contradicciones.

Cualquier propuesta, aunque tímida y limitada, que el gran capital consideró que podía limitar su accionar, se encontró con una dura reacción en los medios, en las instituciones y también en sus propias filas, que los frenaron.

El proyecto inicial de centralizar todos los recursos de salud en el Estado para planificar las acciones contra la pandemia fue retirado. El proyecto de impuesto a las grandes fortunas aún no se presentó al Congreso –aunque ya redujeron la cantidad de empresarios que alcanza y el porcentaje-. La negociación de la deuda externa que empezó con un recorte de los intereses a pagar ya se fue modificando de 38 a 50%, se acortan los plazos de pago, y probablemente se sumen nuevos pagos compensatorios en nombre de “no quedar aislados del sistema financiero”. El roce con Techint por los despidos terminó con los trabajadores despedidos (y la empresa recibiendo dinero del Estado para pagar salarios). Las denuncias sobre fugas de divisas en los últimos años que tuvieron gran repercusión mediática, han quedado como pólvora mojada. Lo mismo con todas las denuncias sobre los escándalos de corrupción, muchas de las cuales fueron confesadas por sus protagonistas. El proyecto de interrupción legal del embarazo no se presentó en el Congreso, y el gobierno ya lleva 6 meses de gestión. Ahora se suma la expropiación con pago de Vicentin, dando un paso atrás ante una decisión miserable de un Juez civil y comercial y las dificultades para conseguir los votos de todos sus diputados.

Estas vacilaciones políticas, en un terreno de conciliación con el gran capital y el imperialismo, son muestras de hasta qué punto la burguesía es una clase antinacional, parasitaria, corrupta. No sólo no puede luchar por la soberanía nacional sino que la pisotea todo el tiempo. Nuestra crítica al peronismo gobernante no es porque “quiera estatizar” o “avanzar sobre la propiedad privada”, como lo presentan los grandes medios, sino todo lo contrario, por no hacerlo, por ser representante de esa clase social.

Debemos rechazar toda justificación de que “Macri era peor”, eso ya lo sabemos, porque era la representación directa de esos intereses.

Necesitamos un gobierno de otra clase, que partiendo de la certeza de que los intereses del capital financiero, de los terratenientes, de los banqueros nacionales, de las petroleras, son contrarios al interés nacional y de la clase obrera, tome todas las medidas para terminar con esos intereses, para alcanzar la soberanía política y económica. No hay cómo conciliar esos intereses, es imposible gobernar para todos. El resultado de las políticas de sometimiento tienen como resultado un desastre económico que no se detiene. Las privatizaciones masivas del menemismo no se han revertido, sus beneficiarios son hoy más poderosos.

Sólo la clase obrera puede plantear consecuentemente la defensa de la soberanía nacional, confiando en sus métodos de lucha, en su estrategia política. Ninguna confianza en la Justicia, el Congreso, ¡ni en el Gobierno! que recula ante cada embestida del capital.

LA DISPUTA POR VICENTIN

Los grandes medios de comunicación hablan de “descontento en el campo por el anuncio de la expropiación de Vicentin”. El campo al que se refieren es a los grandes propietarios y las empresas vinculados a ellos. Esos sectores ejercen presión sobre el Frente que gobierna y se pronuncian en contra de cualquier expropiación. Y ponen en dificultades la aprobación de la ley de expropiación en la Cámara de diputados, si el proyecto llegara.

Estos sectores proponen una “salida negociada” a la crisis con Vicentin. ¿Negociar con quién? Con los dueños, que la llevaron a la quiebra, acusados de estafas, vaciamiento, lavado, fuga de divisas y otros. La “idea” de una asociación público-privada es preservar el manejo de la empresa en manos privadas y que el Estado se conforme con asociarse aportando la deuda que la empresa tiene con el Banco Nación, con la AFIP y otras entidades, un socio pasivo, sin capacidad de decisión.

Como anticipáramos, el papel de la Justicia es preservar y proteger la gran propiedad, contra el interés de los trabajadores e incluso de los pequeños propietarios rurales a los que Vicentin debe muchísimo dinero. Quienes comandan las decisiones judiciales son los propios empresarios que llevaron a la ruina. La maniobra de la Justicia es impedir que el Estado tome control de la empresa.

El hecho de quebrar una empresa de características monopólicas, con elevada cotización del dólar, con mínimas retenciones, con volúmenes crecientes de producción, elaboración y exportación (y con la cantidad de denuncias por estafas de todo tipo) es la demostración que esta actividad no puede quedar en manos privadas.

Los grandes empresarios del sector no quieren ninguna presencia del Estado, entienden que pueden quedar al desnudo todas las maniobras que se hacen con la comercialización de granos, uno de los sectores con más facturación y más ganancias en el país.

La expropiación con pago que plantea el gobierno es un rescate de la empresa, como lo dice el gobierno. No hay la más mínima intención de afectar patrimonialmente a los dueños, que fueron a pedir el salvataje del gobierno, porque no estaban en condiciones de sostenerla.

Es necesario recordar como señalan correctamente Carlos Del Frade y José Alonso (“Nuestras Voces”), que Vicentin se potencia con la entrega gratuita de tierras en el norte santafesino por la dictadura de Onganía, por la entrega del puerto de Ricardone en San Lorenzo, sobre el Paraná, en 1979 por la dictadura de Videla-Martínez de Hoz a la par que se liquidaba la Junta Nacional de Granos; en 1982 aún bajo la dictadura se estatiza la deuda externa; en el 2001 la empresa fuga 135 millones de dólares. Estos son algunos antecedentes de una empresa que quieren presentar como “familiar” y que tiene sociedades en paraísos fiscales y sedes en otros países.

Este sector es de importancia fundamental para la economía del país. Solo 10 empresas controlan el 91% del comercio de granos, la mayoría multinacionales. El sector es de los que más dólares debieran ingresar. Dominan los puertos privados sobre el Paraná, situación que se potenció con el gobierno de Menem y no fue revertida. Situación que se combinó con la eliminación de la flota naviera nacional, cuando había llegado a ser la quinta en importancia en el mundo.

No solo debe ser expropiada Vicentin sino las empresas que concentran el comercio exterior de granos. Esta medida debe combinarse con la nacionalización del comercio exterior y una banca única, estatizada, bajo control obrero colectivo. Y también con la nacionalización de todos los puertos privados.

La experiencia demuestra que los caminos legales, legislativos, judiciales son una trampa para reforzar la opresión colonial sobre nuestro país. Medidas tan elementales de lucha por la soberanía nacional sólo pueden ser lideradas por la clase obrera, acaudillando a los oprimidos, con sus propios métodos de lucha, ocupando los establecimientos, ocupando las calles y los puertos, imponiendo su control.

(nota de MASAS nº 373)