(Brasil) No naturalizar la destrucción de vidas humanas
Por una verdadera campaña a favor del trabajo para todos, salario mínimo vital y salud pública
La crisis económica se vio agravada por la pandemia. Una situación que preanunciaba el estancamiento y la recesión mundiales a finales de 2019, se vio reforzada por la crisis sanitaria. En Brasil, que apenas había salido de la recesión de 2015-2016, a fines del año pasado, ya se avecinaba que volvería a caer en ella. Una de sus manifestaciones se evidenciaba en el deterioro de las condiciones de existencia de buena parte de la población. El desempleo y el subempleo estaban aumentando. El número de desocupados, que en 2014 fue de 6,7 millones, se elevó a 12,6 millones. Un aumento del 75%. El subempleo mostró la violenta precariedad de las condiciones de trabajo informal. Este contingente alcanzó la triste marca de los 24,2 millones, el 80% de los cuales no tenía ninguna protección laboral y muchos ni siquiera tenían aportes jubilatorios.
Es en este contexto que la pandemia llegó a Brasil. Hubo una falsa polémica entre Bolsonaro y los gobernadores sobre la aplicación del aislamiento social. La Corte Suprema de Justicia terminó dando a los Estados la facultad de decidir sobre la extensión de la cuarentena. Por encima de los gobernantes estaba el poder económico, que, al principio, acordó aislar a una parte de los trabajadores. Por otro lado, en pocos días, Bolsonaro exigió una legislación para proteger sus negocios. En menos de 15 días, el 1 de abril, se instituyó la Medida Provisional 936 (MP 936).
Las consecuencias de su implementación fueron desastrosas. Según datos oficiales, ya se han realizado 16,2 millones de acuerdos, que alcanzan a 9,6 millones de trabajadores. A mediados de agosto, el gobierno extendió la aplicación de la MP 936 por dos meses más, ahora transformada en ley N °14.020. La burocracia sindical se sometió a la campaña burguesa de que era mejor tener un salario reducido que quedarse sin trabajo, lo que afectó profundamente a los asalariados. En poco tiempo salió a la luz el desastroso resultado. Se trata de dos acciones patronales simultáneas. Las empresas que utilizaron la medida provisional recortaron los salarios y luego despidieron. Otros prefirieron despedir, sin tener que recurrir a la medida provisional. Así, la desocupación alcanzó los 12,6 millones en agosto. Cabe recordar que, en tres meses de la pandemia, se cerraron 8,9 millones de puestos de trabajo. Para los 27,9 millones de trabajadores, la solución fue ceñirse a la informalidad. La situación llegó al extremo del 41,8% de los jóvenes, entre 18 y 24 años, sin fuente de ingresos, lo que equivale a 7,3 millones. Ciertamente, las consecuencias son aún más graves, dado que la pandemia terminó por ocultar la magnitud del desempleo y el subempleo. Esto se debe a que una parte que fue despedida y ya no buscó trabajo, por lo que desapareció de las estadísticas.
Además del desempleo y la informalidad, el ingreso promedio del trabajador ya estaba cayendo. En 2019, el ingreso familiar mensual (per cápita) fue de R$1.438,00. Lo destacable es que 105 millones de personas, por lo tanto, la mitad de la población, sobrevivió con solo R$438,00 mensuales. En estos meses de pandemia, con el aumento de los despidos y con las formas más precarias de informalidad, esta situación se ha agravado. Esto amplió la brecha entre la ultra minoría, que se aprovechó de la crisis económica y de salud, y la gran mayoría, que fue empujada a condiciones infrahumanas de existencia.
La pandemia solo acentuó la pobreza y la miseria, que venían aumentando desde 2018. Los datos muestran que, en ese año, 5.2 millones de personas se encontraban en situación de hambre. Al año siguiente, con los recortes en el número de beneficiarios del programa Bolsa Familia y el desmantelamiento de estructuras destinadas a atenuar la pobreza, por parte del gobierno de Bolsonaro, hubo un aumento en el número de personas que padecen hambre. Ahora, con el desempleo y la pandemia, las tasas de pobreza y miseria han aumentado. Hay pronósticos oficiales (ONU) de que Brasil terminará el año con el 9,5% de las personas en pobreza extrema, ganando menos de R $ 353,00 mensuales. Y que habrá un aumento del 20% al 26,5% el contingente de personas, consideradas en las estadísticas gubernamentales como pobres, que ganan menos de R$738,00. El gobierno, por su parte, ha aprovechado para reforzar su campaña electoral diciendo que la situación podría haber sido aún peor si no hubiera implementado la ayuda de emergencia de R$600,00.
El hecho es que millones de trabajadores y jubilados viven del salario mínimo de R$1.045,00, que apenas cubre el valor de una canasta básica, que es de R$539,95. El costo de vida, especialmente para los alimentos básicos, es alto. A pesar de que la inflación es del 2,7%, el aumento promedio de los precios de los alimentos alcanzó el 10%, 23% en el caso del del arroz el 23% y 34% en el del poroto. Si se tienen en cuenta los gastos de una familia de 4 personas, que incluye alimentos, alquiler, tarifas de agua y luz, transporte público, farmacia, etc., según el Dieese (Departamenteo Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), se requeriría un salario de R$4.536,12. Sin embargo Bolsonaro anunció el monto del salario mínimo, para 2021, en R$1.067,00, por lo tanto, un certificado de condena al hambre.
Como puede verse, gobernantes y burguesía aprovechan la pandemia para imponer más sacrificios a los explotados. Las direcciones sindicales y políticas, a su vez, se sometieron a los lineamientos del capital. Aceptaron la política burguesa de aislamiento social, que dividía a los trabajadores entre los que podían quedarse en casa y los que seguían trabajando. Utilizaron los sindicatos para convocar las asambleas virtuales, para hacer factible la aplicación de la MP 936. Denunciaron, de palabra, los despidos masivos, pero se negaron a plantear una lucha efectiva en defensa del empleo. Convocaron a un Día Nacional de Luto, con motivo de las 100 mil muertes, que no se utilizó para la lucha. Ante las huelgas, como la de Renault y de los trabajadores de los Correos, no movieron un pelo, en el sentido de quebrar el corporativismo. Gritan “Fora Bolsonaro”, como forma de fortalecer electoralmente a los partidos reformistas. Ésta es la expresión más flagrante de una política de conciliación de clases. De esta manera, la clase obrera y demás oprimidos no podrán defender sus demandas en el campo de la independencia política y organizativa.
La pandemia permitió que las contradicciones del capitalismo aflorasen abruptamente. El desempleo, la miseria y el hambre han ganado visibilidad en todo el mundo. Como una chispa, casi de repente, miles de jóvenes salen a las calles, en protestas en la mayor potencia, contra los asesinatos de negros. Miles más se apoderan de la capital libanesa. Las protestas instintivas están surgiendo en varios países. Detrás de ellos están las consecuencias de la crisis económica y sanitaria. Sin embargo, se observa que son sectores sociales menos controlados por las burocracias sindicales, que continúan ejerciendo un fuerte dominio sobre la clase obrera.
Después de seis meses de pandemia, que acabó con 130.000 brasileños, la mayoría de ellos pobres y miserables, el gobierno y la burguesía han naturalizado las muertes. Se normalizaron las actividades económicas, el plan anti-nacional sigue siendo aprobado por el Congreso Nacional, ahora en línea, siguiendo el ejemplo del llamado “Nuevo marco normativo para el Saneamiento en Brasil”, que entrega distribución, recolección y tratamiento de aguas residuales al sector privado, y se siguen articulando las contrarreformas para ser aprobadas próximamente, como la reforma administrativa, que elimina logros históricos de los trabajadores del sector público, como la estabilidad. Como vemos, aprovechan la inmovilidad de las direcciones sindicales y la pasividad impuesta a la clase obrera para salvar el negocio de los capitalistas y garantizar que el Estado pueda seguir haciendo frente a los fuertes intereses y amortizaciones de la enorme deuda pública.
Es necesario, sin embargo, entender que la clase obrera y los demás oprimidos tienen un pliego de reivindicaciones para enfrentar el desempleo, el subempleo, el hambre y la miseria, que incluye la defensa de la vida. Ésta es la tarea urgente del momento. Lo que significa defender una verdadera campaña nacional que una a los ocupados y desocupados, trabajadores formales e informales, la mayoría de los trabajadores del sector público, campesinos sin tierra y millones de pequeños propietarios y jubilados, con los que aún están activos. Un plan que tiene como reclamos centrales:
1) defensa del trabajo para todos, mediante la reducción de la jornada laboral, sin reducir los salarios (escala móvil de horas de trabajo); 2) luchar por el salario mínimo vital, calculado por las asambleas, con base en el salario necesario establecido por el Dieese; 3) rechazo a las contrarreformas laborales, previsionales y administrativas, que están por venir; 4) expropiación de los latifundios y entrega de la tierra a los campesinos pobres; 5) protección de los pequeños productores y comerciantes, a través de la acción del Estado; 6) combatir las privatizaciones; estatización y control obrero; 7) estatización, sin indemnización, de la red de salud privada, bajo el control de la clase obrera; 8) no al pago de la deuda pública, que consume la mitad de todo lo que se recauda en el país.
Este plan de reclamos debe ser discutido por asambleas democráticas y comités de base, para ser aprobado y encaminado con los métodos propios de los trabajadores. Es un plan que choca con los intereses generales de la burguesía y de los gobiernos. Por eso está en oposición a la política de las direcciones sindicales, que es la conciliación de clases. Es un plan para que la mayoría explotada, bajo la dirección de la clase obrera, pueda, de hecho, defender sus condiciones de existencia. Esta tarea, por tanto, cabe a la vanguardia con conciencia de clase.
(nota de Massas n°619 – POR de Brasil)