Colombia grita: ¡Nos están masacrando!
Las masas en Colombia no pararon de salir a las calles ni con el covid-19, pero en septiembre la indignación desató las protestas por la muerte de Javier Ordoñez que desembocó en una cacería a bala por parte de la policía, que dejó un saldo de 13 civiles asesinados y más de 70 heridos con arma de fuego. Medicina legal reportó 9 fracturas en el cráneo. Ordoñez había sido torturado camino a la estación policial y una vez en su interior. La fiscalía citó de demenciales las pruebas visuales que se tienen en contra de los uniformados colombianos.
El descontento se tradujo en ataques contra sedes de algunas alcaldías que destruyeron 43 de 103 Comandos de Acción Inmediata de la policía sólo en Bogotá. Lo grave de todo esto es que los policías vestidos de civil o con uniforme portan arma de fuego que indiscriminadamente utilizan para reprimir y hasta masacrar a la población. Llegan al punto de desobedecer las órdenes explícitas de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quien prohibió el uso de armas de fuego contra los manifestantes. La población exige responsables, ¿Quién dio la orden?, ¿Quién los mató?, son apenas algunas de las consignas con la que la población trata de decir no más, ¡NOS ESTAN MASACRANDO!
Desde el 2017 hasta el 2019 se tiene el reporte de 639 homicidios, 40.481 casos de violencia física y 241 casos de violencia sexual por parte de la policía en Colombia. Es importante mencionar que la policía en Colombia no es juzgada en tribunales civiles sino militares. El sistema está armado para garantizar la impunidad con que policías y militares reprimen y violentan a los oprimidos. Toda esta brutalidad de los brazos armados, la mal llamada “fuerza no letal” del Estado, no son ni casos aislados, ni manzanas podridas, como lo manifiesta la institución. Es la policía en su conjunto la que está podrida, llegando a realizar varias masacres (más de 55 en el 2020) y desapariciones forzadas de miles de civiles.
Cínica es la actitud de Duque y su gabinete al definir las masacres como “homicidios colectivos”, lavándose así las manos y defendiendo las instituciones que silencian, persiguen, asesinan, hostigan, violentan, sobornan a líderes sociales, defensores de derechos humanos, políticos, comunicadores sociales y periodistas. A esto se suma el discurso utilizado por el Estado para justificar este tipo de represión cuando plantea la necesidad de combatir a vándalos, exguerrilleros, comunistas, petristas, castrochavistas, que hacen que Bogotá y el país entero se descontrole.
Hoy la policía y el gobierno nacional representan a los sectores más reaccionarios de la burguesía colombiana. Aquellos que orquestaron las masacres y garantizaron el profundo sometimiento del país al imperialismo, quienes garantizaron todos los planes de ajuste y ataque a las condiciones de vida de las masas.
La oposición burguesa, entre ellos la alcaldesa de Bogotá, denuncia los excesos de las fuerzas represivas. Este sector representa la promesa de una Colombia democrática y llaman a democratizar las fuerzas represivas, a profesionalizarla, a humanizarlas. Proponen que una reforma de la policía significaría el fin del abuso policial. Desde el POR sostenemos que este camino no llegará a ningún lado, la policía no se puede reformar, su función es reprimir a oprimidos.
¡Viva el Paro Nacional!
El Comité Nacional de Paro convocó a que el 21 de septiembre se celebre la “caravana nacional” reclamando que el gobierno “en la emergencia debe respetar la democracia, la soberanía, la vida de las personas líderes sociales, reincorporadas, defensoras de derechos humanos, y los acuerdos de paz, así como rechazando la injerencia norteamericana en la autodeterminación de los pueblos hermanos”. Y en medio de la crisis derivada de la recesión económica y la pandemia, considera de la mayor prioridad atender las necesidades más angustiantes de los sectores económicos y sociales con enfoques diferenciales por ra zón de edad, género y etnia.
La explosiva respuesta de las masas se enmarca en una profunda crisis política debido a las denuncias en contra del expresidente Uribe, quien fue quien facilitó la unión entre el narco y el Estado colombiano; la crisis económica que desde hace años sacude a la mayoría de la población y que se agrava día tras día; el pase libre para que tropas norteamericanas se encarguen de la “lucha contra el narcotráfico” cuando uno de sus objetivos fundamentales es presionar a Venezuela; la crisis sanitaria que ubica a Colombia en el 6º lugar a nivel mundial como uno de los países más afectados por el Covid entre contagiados y muertos; y el asesinato sistemático de líderes sociales y de jóvenes que nunca cesó pero que se agrava a cada minuto.
Los partidos burgueses y pequeño-burgueses hacen todo lo posible por desviar el descontento hacia la defensa de la institucionalidad y el camino de las reformas, tienen miedo de que la revuelta llegue más lejos y se cuestione la propiedad privada burguesa, origen de todas las desigualdades en la sociedad. El programa levantado por el Comité Nacional de Paro es un programa nacionalista burgués, de rechazo a la injerencia imperialista y fomento a la burguesía nacional. La expropiación de los principales medios de producción está ausente en el programa del Comité Nacional de Paro, en cambio se restringen a exigir un incremento impositivo.
Sin embargo, las masas colombianas están en el camino correcto, utilizando los métodos de acción directa y la organización para defenderse de la barbarie y la opresión generada por tantos años de gobiernos entreguistas y títeres del imperialismo yanqui.
Es en estos momentos en donde urge que la clase obrera colombiana enarbole el programa histórico de la revolución y dictadura proletaria, único programa que permitirá una verdadera democracia a la mayoría explotada en contra de la minoría explotadora, expropiando los principales medios de producción, expulsando al amo del norte y sus sirvientes de una buena vez. Sobre la base de esta estrategia es necesario poner en pie el partido revolucionario, marx-leninista-trotskysta.
(nota de MASAS nº 378)
