Terminar con las Obras Sociales y con toda la salud privada! Por un sistema único de salud estatal
A fines de diciembre Cristina Kirchner encendió las alarmas en la CGT al sostener que “tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”. Esta simple declaración pesó más para los burócratas sindicales que todos los despidos, suspensiones y rebajas salariales del 2020. Aterrados ante la posibilidad de algún plan del gobierno de implementar un control sobre sus negociados, el 11 de enero se reunió el Consejo Directivo Nacional de la CGT y emitió un documento de defensa de las Obras Sociales en el que afirman que “el Coronavirus demostró la solidez y nivel de cobertura de uno de los sistemas de salud más solidarios del mundo, al tiempo que resultó evidente la necesidad de dotarlo de fondos suficientes para garantizar la salud de todos”.
Unos días antes Alberto Fernández le había pedido una reunión en la Casa Rosada a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS), para asegurarle que “el Gobierno de ninguna manera está planteando una estatización del sistema de salud ni nada que se le parezca” según palabras del propio Belocopitt. Éste añadió que el presidente le transmitió “tranquilidad” y que también hablaron de los aumentos de las prepagas, nuevos “beneficios impositivos” y hasta del restablecimiento del ATP.
El Gobierno ya no nos sorprende con estas volteretas, un día dan un discurso radical para contentar a quienes aún guardan ilusiones en su política y al día siguiente llaman a los verdaderos dueños del poder para darles tranquilidad y satisfacer sus demandas. Lo mismo ocurrió el año pasado con el comienzo de la pandemia cuando el plan de “centralizar” la salud duró menos de 24 horas, o con la estatización de Vicentin.
A lo largo del 2020 el Gobierno Nacional entregó $7.000 millones a las Obras Sociales para “auxiliarlas” dado que sus ingresos se vieron reducidos por… los despidos y el retroceso salarial! Fondos gigantescos que van a parar a la caja negra de los negociados entre la burocracia y la medicina privada donde nos dicen que por la pandemia se incrementaron sus costos pero sabemos que han aprovechado para reducir aún más las prestaciones y una buena parte de la atención se ha trasladado a los hospitales públicos.
El Gobierno se ha comprometido con el FMI a reducir el gasto fiscal para cumplir con el pago de deuda, por lo que no podemos descartar que se vea obligado a tomar alguna medida de mayor control sobre una parte de los fondos de las obras sociales, como ya ocurre actualmente con el Fondo Solidario de Redistribución donde una parte de los aportes queda primero en manos del gobierno y éste decide cuándo entregarlo a la burocracia (estamos hablando de miles de millones de pesos que todos los años aceitan los “pactos sociales” y la sumisión de la burocracia a los distintos gobiernos).
El sistema de Obras Sociales y Prepagas no tiene nada de “solidario” como le gusta decir a los burócratas, sino que se ha convertido en el principal agente de privatización y destrucción de la salud pública en los últimos 50 años, estableciendo un sistema de salud diferenciado de acuerdo a los ingresos que en los hechos significa que la mayoría de los trabajadores veamos postergados por años o negados tratamientos elementales, o tengamos que poner más plata de nuestros bolsillos para la atención de nuestra salud.
El peronismo es incapaz de defender la salud, tanto los gobiernos de los Kirchner como de Fernández tiene como punto de partida no tocar el sistema de las Obras Sociales que impuso la dictadura de Onganía, así como la provincialización de los hospitales públicos de la última dictadura y de Menem.
La salud no puede estar en manos privadas, tenemos que defenderla como un derecho con el programa de expropiación sin pago de todos los laboratorios, clínicas y sanatorios y su estatización integrándolos en un sistema único de salud estatal, nacional y gratuito.