El gobierno retrocedió ante la oligarquía terrateniente y los pulpos exportadores en la cuestión del maíz
Al igual que sucedió con Vicentin, con la centralización de la salud, con el reconocimiento de la deuda externa
Ante la posible falta de maíz para abastecer el mercado interno hasta marzo, en que comienza la nueva cosecha, el gobierno había limitado los permisos de exportación. Los sectores más poderosos del campo, acompañados por sus medios de comunicación lanzaron inmediatamente una campaña para obligar al gobierno a retroceder y tomaron medidas de paro y movilización.
El gobierno no estaba confiscando sus cosechas, ni obligándolos a vender en el mercado interno por debajo del precio que obtienen con la exportación. Simplemente establecía por dos meses la prioridad de abastecer el mercado interno.
El maíz es utilizado como materia prima en sus procesos de transformación para la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot (engorde a corral).
Hasta principios de enero se había autorizado la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz, sobre un total exportable de 38,50 millones de toneladas. Las 4,27 millones de toneladas restantes deberían quedar disponibles para el consumo interno. En esta última cosecha la producción alcanza los 50 millones de toneladas.
¿Por qué razón prefieren exportar el maíz sin procesar antes que vender al mercado interno, si el precio es el mismo? Porque hay menos controles y regulaciones en la exportación, pueden declarar menos cantidad y dejar las divisas en el exterior. No quieren declarar la producción y la venta real, para pagar menos impuestos, evadir.
Este conflicto tiene especial importancia porque muestra el peso que tienen el precio internacional y las devaluaciones, que se trasladan al precio de numerosos productos de consumo popular. La oligarquía tiene ganancias extraordinarias y no quiere ceder un centavo. Cuando vende internamente aplica el precio que cobraría si lo exportara. Los productores de maíz aumentaron sus ganancias en dólares un 73,7% respecto del año pasado.
Mientras se realizaban las reuniones entre gobierno y las patronales el precio del maíz se disparó. Subió 9,8 dólares, un 5,06%, y la tonelada se comercializó a 203,6 dólares en el mercado de Chicago (el precio más elevado desde 2013). La soja llegaba a 522,5 dólares la tonelada, el máximo precio desde mediados de 2014 (un 52% más que hace un año). Es importante marcar que el rendimiento de la producción de maíz es el triple por hectárea que la de la soja.
Este sector, uno de los más poderosos de la economía, sabe de las necesidades del gobierno de exportar todo para generar divisas para poder acumular reservas, para poder pagar la deuda externa y saca todo el provecho de esta situación.
Un funcionario explicó; “el sector agroindustrial y agroalimentario… permiten proyección a los mercados internacionales lo que redunda en la obtención de las divisas necesarias para el desarrollo y la reconstrucción del tejido social y productivo de nuestro país”. Pura mentira, las divisas son necesarias para pagar una deuda externa fraudulenta, que debía ser desconocida.
El gobierno queda acorralado por su política de conciliación con esos sectores, porque al mismo tiempo promete frenar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de la mayoría. A su vez, los acreedores externos le exigen que no aumente los subsidios y reduzca el déficit de presupuesto, cerrándole la puerta a compensar a la industria local esos mayores precios que tiene que pagar por el maíz. A cada paso el gobierno desnuda toda su impotencia.
Es tan grande la diferencia que provoca la suba de precios multiplicada por la devaluación del peso que una pequeña contribución de los exportadores para crear un fondo para subsidiar el precio interno es ridícula. Quieren convencernos que han encontrado una solución para no reconocer que han cedido vergonzosamente ante un puñado de oligarcas.
Respetando la gran propiedad privada no hay forma de “desacoplar” los precios internacionales del mercado interno. La defensa de la “mesa de los argentinos” es un cuento miserable. El resultado es que este año el consumo de carne cayó al nivel más bajo en 100 años. La oligarquía no va a vender ni un gramo de cereal internamente por debajo de lo que obtiene exportando.
Los especuladores de la Sociedad Rural afirman mentirosamente que el maíz y la soja tienen escasa incidencia en los precios. Que en el pollo es de un 21%, en la leche un 8%, en el asado un 7%, y en el cerdo 10%.
El INTA de Marcos Juárez informa que el 65% del costo total del cerdo es la alimentación y esa alimentación se compone de 68 por ciento de maíz y 29 por ciento de soja.
El gobierno retrocede ante la presión y exigencia de los poderosos y ni siquiera informa a la sociedad sobre quién produce, qué cantidades, y cómo han crecido en forma extraordinaria sus ganancias en un período que la gran mayoría ha retrocedido en su poder adquisitivo y no puede satisfacer las más mínimas necesidades. Los “productores” maiceros están superconcentrados, no se trata de pequeños chacareros.
La ganancia en dólares para la zona núcleo (norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe y Entre Ríos), donde los rindes se acercan al promedio histórico de 95 quintales por hectárea, asciende a 853 dólares, derivado de costos totales por 484 dólares e ingresos netos de 1337 dólares.
Esto revela la importancia de expropiar la gran propiedad rural para poder decidir qué se produce, cómo se produce, dónde se vende, a qué precios, cuánto se exporta y cuánto se importa, a quién. Vinculado a la necesaria nacionalización del comercio exterior, recuperando todos los puertos, los ríos, y las aduanas.