Significado de la anulación de la condena del ex presidente Lula
La tarea de la vanguardia con conciencia de clase es luchar por la independencia política del proletariado y demás explotados
Declaración del Partido Obrero Revolucionario de Brasil – 10 de marzo de 2021
En abril de 2018, el ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Edson Fachin, negó el hábeas corpus al ex-presidente Lula, bajo la amenaza del general Eduardo Villas Bôas, quien habló en representación del Alto Mando de las Fuerzas Armadas. Este mismo ministro, actual relator del Lava Jato en el STF, el día 8 de marzo, casi tres años después, decidió anular las condenas, determinadas por el 13º Juzgado Federal de Curitiba. El cambio de opinión de Fachin se produjo poco después de que el general Villas Bôas confirmara, en un libro de memorias publicado recientemente, que su pronunciamiento contra el hábeas corpus fue resultado de un acuerdo con el Alto Mando. Fachin, después de agachar la cabeza ante los mensajes de Villas Bôas, hace unos tres años, respondió que tal injerencia en el poder judicial era inconcebible.
La decisión monocrática de anular las condenas de Lula causó sorpresa generalizada. El general Villas Bôas, quien ocupa un cargo en la Oficina de Seguridad Institucional de la Presidencia (GSI), esta vez, no pudo actuar en sentido contrario. El Alto Mando prefirió no contestar, para no abrir un conflicto institucional, en la situación de agravar la crisis política. Le correspondió al general Eduardo José Barbosa, presidente del Club Militar, lanzar una nota en la que afirma: “el lugar del ladrón es la cárcel”. Según el general, existe, en el país y en el mundo, una “comunidad criminal”, que celebraría “la victoria del bandolerismo”. Bolsonaro desenfundó las acusaciones del “petrolão” y denunció que Fachin había sido nominado por el gobierno del PT al STF. La prensa dominante incluso llegó a calificarla de «chicana».
El PT consideró la nulidad de las condenas como una prueba de inocencia de Lula. Con matices, los partidos de oposición de izquierda, juzgaron que se trataba de una revisión judicial de una persecución política. La ultraderecha militar se sintió molesta. Seguramente presionará para que la decisión de Fachin y la casi decisión del 2ª turno del STF, de tipificar al ex juez Sérgio Moro de sospechoso, no llegue al punto de entregarle a Lula una carta de inocencia, lo que implicaría una carta de condena al ex juez y al grupo de fiscales del Lava Jato. Por eso la dirección del PT dijo que recibió la noticia con alegría, pero con cautela. Existe el temor de que la maniobra “técnica” de Fachin pueda ser utilizada por un juez federal en Brasilia, para validar el proceso y la condena, llevada a cabo por el Juzgado 13 de Curitiba. La mejor solución para el Poder Judicial sería dejar de lado al juez y a los fiscales de Curitiba, sin anular el proceso y las decisiones judiciales.
Todo indica que la interpretación de la jugada “técnica” de Fachin apunta a salvar el Lava Jato, que se vio ante sospechas concretas, con las revelaciones de The Intercept. La operación “Spoofing”, impulsada por la Policía Federal, arrestó a los hackers. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las conversaciones entre el juez, fiscales, miembros de la Policía Federal y periodistas, sobre las acciones y formas de incriminar a Lula, evidenciaron un complot político. El hecho de involucrar a parlamentarios y ministros del STF, considerados opositores al Lava Jato, expuso la amplitud de la complot mayor que el objetivo de condenar y arrestar a Lula. Este descuido fue fatal. A su vez, la revelación de que se realizaron escuchas telefónicas clandestinas le dio a Gilmar Mendes el argumento de que se trataba de una práctica criminal. Estas acciones clandestinas del juez y los fiscales facilitaron a que el STF entregara las revelaciones de The Intercept a la defensa de Lula.
La sesión del 2ª turno del STF, el 9 de marzo, resolvió la sentencia sobre la parcialidad de Sérgio Moro. El voto favorable del ministro Gilmar Mendes se basó en una larga exposición sobre las violaciones cometidas por el núcleo responsable de Lava Jato. Concluyó que Sérgio Moro era responsable y lo sentenció a pagar las costas del proceso. La esencia de la imputación se resume en la frase de que no se puede corregir un crimen cometiendo otro crimen. El pedido de vista del ministro Kassio Nunes Marques pospuso la decisión. La exposición completa de las artimañas del juez y los fiscales, sin embargo, fue más que suficiente para darle causa favorable a Lula. Los pronunciamientos de Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski enterraron definitivamente al Lava Jato.
Los ministros no hicieron más que reconocer judicialmente lo que ya estaba expuesto, desde la apertura del proceso contra Lula, en marzo de 2016, cuando Moro dictó la orden de conducción coercitiva y, en agosto, la denuncia, realizada por Deltan Dallagnol, de corrupción. La condena y encarcelamiento de Lula, en abril de 2018, sin pruebas, concluyó la operación política de desmantelamiento del PT y la anulación de los derechos políticos de Lula, cinco meses antes de las elecciones presidenciales de 2018, que pondrían fin a la transición de la dictadura civil de Temer, y elegiría a Jair Bolsonaro. La anulación de la condena de Lula por parte de Fachin, y la remisión favorable a la sospecha de Moro, pueden restaurar el derecho de Lula a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2022. Es en esta posibilidad donde radica el temor a la decisión, incluidos los críticos de Lava Jato y del propio gobierno de Bolsonaro, como se refleja en la prensa monopolista. La deshonestidad del Club Militar, la reanudación de acusaciones contra el expresidente por parte de la prensa, sin las pruebas necesarias, y comentarios de representantes de la gran capital indican que habrá una gran presión para que no se consoliden los derechos políticos de Lula. .
El propio discurso del petista, realizado en el Sindicato Metalúrgico ABC el 10 de marzo, buscó enfriar la resistencia de la burguesía, al afirmar varias veces que no guardaba rencor. Y que tan solamente exigía la suspensión de Moro. Gracias a figuras como el Papa, que había confiado en su inocencia, jugó un papel destacado en la idea de que sólo se trataba de reconocer la verdad y la justicia. Lula es un orador astuto, que hace un amplio uso de las improvisaciones, pero que hizo todo lo posible para proyectarse como oposición a Bolsonaro. Atacó el talón de Aquiles del gobierno, que menospreció la pandemia, y no estuvo a la altura de defender a la población. Evitó cualquier mención a los generales, que apoyan a Bolsonaro, y actuaron a favor de la persecución de PT y Lula. Criticó, en términos de comparación, que Bolsonaro quiere liberar la compra de armas, cuando debería estar ocupándose de la compra de vacunas y el desempleo. E hizo un gesto a los militares, diciendo que lo que se trata es de proveer más armas para las Fuerzas Armadas y la Policía.
El problema fundamental para la burguesía, el gobierno de Bolsonaro y el propio PT no es anular el proceso fraudulento que llevó a la detención de Lula, sino su habilitación como candidato presidencial. Bolsonaro ha estado tropezando, de crisis en crisis. Las fuerzas de los partidos de oposición, que incluso incluyen partidos que estuvieron con el bolsonarismo y que rompieron, ya se estaban moviendo para constituir alineamientos electorales. Entre los partidos que se consideraban de izquierda en el espectro de la política burguesa, se discutía la posibilidad de un amplio frente anti-Bolsonaro. En caso de que Lula conserve los derechos políticos, las articulaciones sufrirán cambios. Es sintomático que el caudillo Ciro Gomes, PDT, estuviera a favor de la nulidad de la condena y, al mismo tiempo, rechazara una alineación bajo la candidatura de Lula. Sin embargo, no hay forma de desvincular la decisión de Fachin de la recuperación de los derechos políticos y, en consecuencia, de la candidatura de Lula. Este fue el significado del pronunciamiento del ex presidente en el Sindicato Metalúrgico.
La desautorización del Lava Jato está más o menos definida, con el desenmascaramiento del ex juez y el grupo de fiscales de Curitiba. Lo que queda por definir es si la Justicia Federal de Brasilia permitirá que Lula recupere definitivamente sus derechos políticos. Es en este terreno donde se producirán los enfrentamientos en el próximo período.
No cabe duda de que es una bandera democrática exigir el fin de la condena, la plena reanudación de los derechos políticos y la rendición de cuentas de los involucrados en el complot del Lava Jato. Bandera que no puede servir a los intereses electorales del PT, ni ocultar que Lula y el PT se han corrompido en la política burguesa. Se impuso la lucha democrática contra la persecución política de Lula y el PT, en las condiciones en las que el Lava Jato fue un instrumento del golpe de Estado, que derrocó al gobierno del PT de Dilma Rousseff. Para anular el voto de los millones que eligieron a Rousseff, en la disputa con Aécio Neves, del PSDB, fue necesario montar un escándalo político sobre la corrupción, como si fuera una práctica inherente al gobierno del PT, y constituir un amplio frente burgués apoyado en la furia anticorrupción de la clase media. El lugar de Dilma lo ocupó su vice, Michel Temer, cuya participación en la corrupción pronto fue revelada por el Ministerio Público, sin ser motivo para que las mismas fuerzas que utilizaron la bandera anticorrupción se colocaran por la deposición del presidente designado. Aécio Neves, quien lideró el movimiento de acusación, también fue sorprendido por las acusaciones de corrupción. Tanto Temer como Aécio emergieron como gánsteres. El uso de la corrupción es muy conocido en la historia de los golpes de Estado, como si está no fuera una manifestación intrínseca del Estado y la política burguesa.
El PT, desde su nacimiento, fue blanco de una reacción oligárquica, simplemente porque levantó banderas reformistas, que en la práctica terminaron resultando inviables, por las condiciones del capitalismo en descomposición, y la rígida dominación imperialista. A Lula no le bastó con organizar su gobierno en alianza con sectores de la burguesía nacional, vinculados a intereses internos. Ni siquiera eligiendo como vice al capitalista José Alencar, y constituir una base parlamentaria con partidos conservadores y de derecha, fue suficiente para demostrar su compromiso con los intereses generales de la burguesía y del propio imperialismo. Lula superó la presión de la oligarquía para ser depuesto por un juicio político, gracias al crecimiento de la economía mundial, que se reflejó a favor de su gobierno en Brasil. Dilma Rousseff no tuvo tanta suerte. El declive de la economía y la recesión impulsaron un movimiento de la pequeña burguesía, inflado por un frente golpista, y armado por los escándalos promovidos por la Operación Lava Jato.
Lo que se busca ahora, con las revelaciones de la trama de Moro, fiscales, agentes de la Policía Federal y la prensa, es evitar que se convierta en la punta del iceberg del golpe de Estado que comenzó a principios de 2016 y concluyó en agosto de 2016. En ese momento, hubo voces dentro del PSDB que propusieron anular la personería del PT. La sorpresa fue que, en las elecciones presidenciales de 2018, Lula, desde su arresto, comandó la candidatura de Fernando Haddad, quien terminó polarizándo electoralmente con Bolsonaro.
La trayectoria de estos hechos permite deducir que la candidatura de Lula es una seria amenaza para la continuidad de Bolsonaro y sus generales en el poder. El problema no se limita al gobierno bolsonarista, que cayó en desgracia desde muy temprano, frente a importantes sectores de la burguesía que lo apoyaban, para evitar el regreso del PT a la presidencia. Si era inconcebible que el golpe concluyera con dos gobiernos inmersos en la crisis económica y política y con la elección de Haddad, más aún con la población reconduciendo a Lula de prisión a la presidencia de la República. Si bien Lula y el PT están dispuestos a olvidar el pasado, históricamente el regreso al poder estatal significa el fracaso del golpe de 2016, cuyo objetivo era erradicar el petismo, por mucho que se adaptara a la dictadura de clase burguesa. Este es el choque que tendrá lugar en el futuro.
La vanguardia con conciencia de clase debe tener claro que este proceso y el vuelco que comenzó con la liberación de Lula y, ahora, con la decisión de Edson Fachin, y la ofensiva de Gilmar Mendes contra el ex juez Moro, desembocará en una ofensiva electoral del PT. Es necesario aclarar que la defensa democrática de los derechos políticos de Lula no se confunde, y no deriva en ningún tipo de alineación y disputa electoral. Para ello, es imperativo explicar a la clase obrera, a los demás trabajadores y a la juventud el carácter capitalista y contrarrevolucionario del reformismo. Lula puso en escena, en su discurso, en el Sindicato Metalúrgico, que su gobierno fue de progreso y que está listo para reemplazar a Bolsonaro con un gobierno que tenga un «proyecto de nacional de nación». Evidentemente, excluyó el momento en que su gobierno comenzó a derrumbarse, y cuando su sucesora, Dilma Rousseff, se hundió en la incapacidad de afrontar la crisis económica, sin rechazar las presiones del capital financiero y apoyándose en la movilización de las masas contra las maniobras económicas y políticas del gran capital. Lula no hizo una sola mención al golpe de Estado y la impotencia del PT y sus aliados, de organizar a la clase obrera para resistir y derrotar al frente golpista.
La victoria del PT y Lula -que señalamos como una victoria pírrica- ocurre en una situación en la que la burocracia sindical, liderada por la dirección del Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, no movió un pelo para organizar un movimiento contra los despidos de la MP 936 y la implementación de las reformas laborales y previsionales. Las fuerzas políticas reformistas se han sometido a la política burguesa de aislamiento social, hasta el punto de cerrar las puertas de los sindicatos, condenar cualquier manifestación en las calles, refugiarse en el mundo virtual y colaborar con las medidas de emergencia de Bolsonaro, el Congreso Nacional y los gobernadores. El cierre de Ford, en medio de una pandemia, se produjo en la más profunda pasividad de las masas, provocada no solo por el miedo a la pandemia, sino sobre todo por la política de colaboración de clases de la burocracia sindical y los partidos que la dirigen. Lula denunció acertadamente que Bolsonaro no hizo nada para combatir el desempleo y el aumento de la pobreza. Sin embargo, no denunció a sus sindicalistas, quienes aplicaronla MP 936.
La clase obrera y el resto de los explotados no deben esperar que ningún gobierno burgués proteja los empleos y los salarios. La razón es simple: sea cual sea el gobierno, gobierna para la burguesía y nunca para los explotados. Los reformistas hacen todo lo posible para ocultar esta ley económica, política e histórica. La vanguardia con conciencia de clase tiene la obligación de combatir todo lo que distraiga la atención y el curso de la lucha de clases. El PT se cristalizó desde hace tiempo como un partido del orden capitalista. Y los gobiernos de Lula y Dilma demostraron la imposibilidad de reformar el capitalismo, resolver las tareas democráticas del país semicolonial y erradicar la pobreza y el hambre.
La tarea revolucionaria es organizar al proletariado en su campo de independencia de clase, para que se convierta en el motor que dirija a la mayoría oprimida contra los pilares de la propiedad privada de los medios de producción y del estado burgués. Esta tarea está condicionada a la defensa y desarrollo del programa de la revolución y dictadura proletarias. Es a través de ella que se llevará a cabo la lucha por un gobierno obrero y campesino. Y por medio de la que se realizará un frente único antiimperialista, que tenga por objetivo emancipar a la nación oprimida del dominio de las potencias y sus monopolios. La experiencia ha demostrado que el reformismo y el burocratismo sindical constituyen una muralla para la independencia de clase del proletariado.
Es decisivo que la vanguardia con conciencia de clase no se deje arrastrar por la victoria del PT y de Lula. Cualquier vacilación al respecto contribuye a prolongar la crisis de dirección, que ha hecho imposible transformar las revueltas instintivas en un movimiento consciente por la revolución social y el socialismo. Concentremos nuestros esfuerzos en la construcción del Partido Obrero Revolucionario.