Brasil: Descontrol de la pandemia
Por qué la burguesía y sus gobiernos son incapaces de proteger a la población y por qué la clase obrera no tiene una respuesta propia a la tormenta
La profunda crisis económica y sanitaria exige el programa y la estrategia del proletariado
POR Brasil – 15 de marzo de 2021
Tan pronto como se reconoció la pandemia, en marzo de 2020, se abrió una división entre los gobernantes. Por un lado, el gobierno federal minimizó el riesgo y las consecuencias de la propagación del Covid-19. Por otro lado, un grupo de gobernadores asumió el pronóstico y las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El presidente Jair Bolsonaro y el gobernador de São Paulo, João Doria, concentraron políticamente la polarización. Inicialmente, Bolsonaro logró crear una confusión entre la ideología reaccionaria del llamado “negacionismo”, y reales motivos económicos, para oponerse a las medidas de aislamiento social y otras complementarias, como el uso de mascarilla, etc.
Al momento de este conflicto, el descubrimiento de la vacuna aparecía como una posibilidad, que tardaría un tiempo en materializarse. Nos quedaba, entonces, el aislamiento social, las medidas preventivas y la preparación del sistema de salud con camas y UCI. Tales medidas requerían una campaña centralizada, coordinada y en gran parte financiada por el Estado. Lo que, a su vez, implicaba una unidad política de la burguesía. Una unidad imposible, dado que el aislamiento social profundizaría la crisis económica, que se prolongaba desde 2014, afectaría claramente los intereses de los sectores empresariales, conduciría a quiebras y elevaría la deuda pública a las alturas. Si no se aplicaban medidas drásticas de aislamiento, comportamiento social restrictivo y gasto público focalizado, habría inmediatamente un colapso a la salud pública, y sería tal el número de muertos, que las autoridades no podrían administrar.
El miedo a que se instalara el caos social y la barbarie, que ya existía, obligó a una fracción del gobierno burgués a oponerse a la frivolidad de Bolsonaro y su grupo de generales. Se iniciaba un largo camino de desencuentros al interior del Estado y de las fuerzas políticas que gobiernan el país, y de evidencias sobre la incapacidad para proteger a la población, especialmente a los pobres y miserables, que constituyen la mayoría oprimida. La experiencia con el aislamiento social, practicada en todos los estados, en mayor o menor medida, mostró señales de los límites económicos, sobre la necesidad de prolongarlo, expandirlo y aumentarlo. La relación entre contagios, muertes, aislamiento social y consecuencias económicas ha dejado al descubierto el trasfondo de las contradicciones propias del capitalismo en descomposición. Extender, expandir e intensificar el aislamiento ralentizaría el ritmo del avance de la pandemia, pero aceleraría el ritmo de la crisis económica.
Sobre esta base, Doria y gobernadores aliados intentaron insistir en medidas de aislamiento parcial (el máximo alcanzado fue alrededor del 60%), hasta el momento en que sectores de la burguesía recurrieron a Bolsonaro, para ser más asertivos en su oposición a este camino. No era la ideología del “negacionismo”, sino el imperativo económico. Bastó con que la pandemia bajara, para que Doria liderara la flexibilización del aislamiento social. Así, se acercó a la resistencia de Bolsonaro y los poderosos grupos capitalistas, en el sentido de ir deshaciendo el aislamiento social. La catástrofe aún era visible y no había indicios de que el descenso de la pandemia continuaría cuando se agudizó el choque por las vacunas. Luego de una manifestación de empresarios y del presidente de la República, dirigiéndose al Tribunal Supremo Federal (STF), la resistencia de Bolsonaro al aislamiento social ganó amplitud. Indicó que esta no era simplemente una posición particular del gobierno, que se aferraba al “negacionismo” religioso. Se trataba de las consecuencias económicas que alcanzaron a los grandes, pequeños y medianos capitalistas, cuyas consecuencias se verían reflejadas en forma de crisis política, de desmoronamiento del gobierno de Bolsonaro.
El enfriamiento de la pandemia por un breve momento y las noticias sobre los resultados positivos de innumerables vacunas cambiaron el foco de los conflictos. Bolsonaro resistió las presiones iniciales en torno a la compra de vacunas y un plan nacional de inmunización, coordinado por el gobierno federal e impulsado por los gobiernos estatales y municipales. El acuerdo de Doria y el Instituto Butantan con China, para la adquisición y producción de la vacuna Coronavac, desencadenó nuevos choques y amplió la división resultante de la aplicación del aislamiento social. La batalla de las vacunas en Brasil no fue más que un reflejo de la guerra comercial, liderada por Estados Unidos con China. Poniendo en evidencia que la resistencia de Bolsonaro al aislamiento social había sido un reflejo de las posiciones de Trump, contrarias a la orientación mundial, centralizada por la OMS para combatir el Covid-19. La dependencia de Bolsonaro a las acciones de Estados Unidos explica, en gran medida, las divisiones en Brasil. Así sucedió y sucede, sin que Doria y gobernadores aliados hayan reaccionado ante esta dependencia. No hubo una sola sombra de crítica y resistencia antiimperialista por parte de los opositores de Bolsonaro.
El escandaloso y monstruoso enfrentamiento al reconocimiento por parte de la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) de la efectividad de la vacuna china se fue enfriando, ya que la pandemia aumentaba y se manifestaba en brotes aún más mortales. La disputa arbitraria entre Coronavac y Oxford-AstraZeneca no se debió en absoluto a factores científicos. El resultado fue que se retrasó la adquisición y producción interna de vacunas por parte de Butantan y Fiocruz. Este absurdo llegó a tal punto que se alineó al Butantan con la vacuna Coronavac y a la Fiocruz con Oxford-AstraZeneca. Y, sobre todo, la Anvisa sirvió de caja de resonancia para una disputa, que tuvo lugar y se desarrolla fuera de la ciencia. El freno impuesto por la Anvisa seguramente será evaluado más tarde como una acción criminal, al igual que el del gobierno de Bolsonaro.
El intento fallido de crear una Investigación Parlamentaria (CPI) de salud no fue más que una movida (aceno) oposicionista, ante la responsabilidad del gobierno federal y del propio Congreso Nacional. Responsabilidad que no exigía investigación y prueba alguna, salvo a efectos de las disputas políticas dentro del Estado. La reanudación de la crisis sanitaria en el estado de Amazonas, en enero, se produjo en una situación en la que la política burguesa de aislamiento social había fracasado y la guerra de las vacunas iba en aumento.
La derrota de Trump en Estados Unidos repercutiría a favor de las posiciones de Doria sobre la superación de la crisis sanitaria a través de la inmunización. La guerra comercial se mantuvo y adquirió otra dimensión. Los monopolios farmacéuticos comenzaron a dictar el rumbo de la nueva fase, posterior a la del aislamiento social. Estados Unidos apareció como la locomotora de la inmunización y del enfrentamiento a la crisis económica. Con ese fin, Biden impulsó la compra masiva de vacunas de Pfizer y Moderna, ya decidida en el gobierno de Trump. Por lo tanto, centralizó el proceso de vacunación en todo el mundo, apalancó la vacuna Pfizer y comenzó a dictar los próximos pasos de la economía mundial, con una avalancha de dólares, provenientes de la aprobación del plan Biden de $1,9 billones. Europa occidental no tuvo más alternativa que caminar detrás de Estados Unidos en todos los aspectos.
En este contexto, Brasil no ha dado un solo paso capaz de detener la hemorragia provocada por la pandemia y de revertir las tendencias destructivas de la desintegración económica. Se ha convertido en el epicentro mundial de la crisis sanitaria, con la aceleración de los contagios, generalizada en prácticamente todos los estados, y un aumento del número diario de muertes. Gobernadores y alcaldes se vieron en la urgente necesidad de reanudar el aislamiento social, ya que la lentitud de la inmunización y los conflictos por las vacunas seguían siendo elevados y el colapso de la salud pública se ha reanudado.
La mayoría oprimida de la población es la más afectada por la incapacidad de la burguesía y sus gobernantes para protegerla. Es sobre su tragedia diaria que los gobernantes se pelean. Los intereses económicos y las disputas políticas dentro de la burguesía y sus representantes se superponen con las necesidades de los explotados. Ni siquiera los episodios de barbarie, como el de las personas muriendo en Manaus por falta de oxígeno, convencieron al poder económico y a los funcionarios del gobierno de unirse, en torno a un plan nacional de equipamiento del SUS y de vacunación masiva. Las condiciones de salud extremadamente precarias en el norte y noreste dan lugar a la evaluación de que se podrían salvar muchas vidas si el sistema público estuviera mejor preparado. Este es un aspecto muy visible de la falta de protección de la salud de los pobres y los miserables. Pero, lo que se destaca del tema de la salud pública es lo que sucedió y ha estado sucediendo en los estados más ricos de la federación. La reanudación del brote en el sur del país colapsó rápidamente la salud, al punto que algunos de los infectados murieron en las filas de internación, y los cuerpos fueron amontonados en los contenedores. En ese preciso período de tiempo, la prensa informó sobre la muerte de más de cincuenta personas que esperaban ser hospitalizadas en São Paulo, el estado más poderoso del país. La llamada crisis del oxígeno en Manaos se ha manifestado recientemente en otros estados del norte, como Rondônia. No es difícil que suceda en estados del Sur y Sureste, si la pandemia continúa avanzando. Esta posibilidad obligó a la Anvisa a centralizar la distribución de oxígeno. Este cuadro tétrico, un año después de que se anunciara el brote, es la demostración más clara del fracaso de la política general de la burguesía, de proteger a las masas y contener la pandemia, y, en particular, del fracaso de la política burguesa de aislamiento social. .
Las divergencias en torno al aislamiento social y las vacunas son parte fundamental de los lineamientos generales, que unifican a los gobernadores, desde Bolsonaro hasta Doria; del Ejecutivo al Legislativo; del Legislativo al Judicial. No se puede aislar una parte de las otras, por diferencias, divergencias y conflictos. Es claro que, en las dramáticas condiciones de las muertes, se destacaron las distintas orientaciones, en cuanto al aislamiento social y las vacunas. Es en este terreno de disputa interburguesa donde el carácter general de la división de clases, del capitalismo en descomposición, de las condiciones semicoloniales del país, del atraso económico, de las diferentes condiciones del sistema de salud público y privado, y del antagonismo entre la riqueza altamente concentrada y el mar de pobreza y miseria de la mayoría oprimida. Es en este ámbito donde Bolsonaro es responsable del “genocidio”, pero ocultando la responsabilidad general del resto de gobernantes, la burguesía y el imperialismo.
La nube ideológica que nubló la discusión entre el «negacionismo» y el «afirmacionismo» científico oscureció la constatación fundamental de que el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la industria químico-farmacéutica, en forma de capital y extracción de ganancias, no tienen forma de proteger a la mayoría oprimida ante los fenómenos naturales de epidemias y pandemias. Esta observación es válida incluso para las potencias, entre las que destaca Estados Unidos. La alta concentración de la industria químico-farmacéutica y la búsqueda de ganancias monopólicas obstaculizaron una acción general, coordinada y cooperativa para combatir rápidamente el brote pandémico en todo el mundo. Los lineamientos de las potencias para cuidar cada uno por sí mismos, y ante todo su crisis sanitaria, reflejan a las fronteras nacionales, como una barrera poderosa para hacer frente a hechos tan violentos que sacuden los pilares de la economía mundial. La adquisición concentrada de casi toda la producción de vacunas, con el objetivo de elevar su precio, y su uso para la dominación mundial, es el más alto “negacionismo” económico de la ciencia, como instrumento de defensa de la humanidad. El conflicto de las vacunas en la Unión Europea, el intento de impedir su libre tránsito, y la posición de Estados Unidos de condicionar la inmunización de países con economías atrasadas, sin pasar por el programa de la OMS, dan la dimensión exacta de que la barbarie se gesta, desarrolla y proyecta en las relaciones capitalistas de producción y apropiación de la riqueza.
La estupidez de Bolsonaro y sus militares, de condenar ideológicamente la vacuna china y, en cierto sentido, la vacuna rusa, no fue un simple acto voluntario de oscurantismo, de «negacionismo». Los conflictos ideológicos expresan la guerra comercial, que nada tienen que ver con la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la China revolucionaria de 1949, que expropió a la burguesía. El imperialismo y las burguesías subordinadas de países semicoloniales, como Brasil, nunca dejarán de temer las revoluciones proletarias del pasado. Pero el problema actual es que el proceso de restauración capitalista, conducido por Rusia y China, por una burocracia pro-capitalista, no se completó, de manera que los Estados Unidos y su alianza europea los someterían, de acuerdo con las exigencias de la crisis estructura del capitalismo. Se volvió insoportable para las potencias, la existencia de Rusia y China, capaces de ponerse al frente de grandes problemas mundiales, como los que surgieron con la pandemia. No hay duda de que los obstáculos y la demora en el combate al Covid-19 en Brasil – y ciertamente en los demás países semicoloniales, a pesar de las diferencias – expresan la dominación imperialista, en las condiciones particulares de la combinación de la crisis sanitaria y económica. Era evidente que el uso del aislamiento social no podía detener el avance de la pandemia, debido a los límites económicos y sus consecuencias sociales. Siendo el único recurso previo al descubrimiento de la vacuna, tendría que ser parcial en cada país, cuyas condiciones de desarrollo económico y social no eran indiferentes en su aplicación.
Brasil, un país grande y poblado, constituido por desequilibrios regionales y marcado por la pobreza y la miseria de la mayoría oprimida, inevitablemente tendría que tomar medidas revolucionarias para combatir la magnitud catastrófica de la pandemia. Todos los recursos económicos, sanitarios y científicos deberían estar centralizados y regidos por un plan. Esto implicaría expropiaciones, nacionalizaciones, vulneración de patentes y movilización de la población. El capital y los monopolios financieros, por tanto, dejarían de imponer sus dictados e intereses en la batalla por proteger a la población y superar el fenómeno de la naturaleza. Evidentemente, sólo una revolución proletaria, liderada por el partido marxista-leninista-trotskista, podría derrotar todas las variantes de la política burguesa de respuesta a la crisis sanitaria y económica, constituyendo un gobierno obrero y campesino.
Las condiciones objetivas de la crisis mundial y sus reflejos particulares en Brasil expusieron el agotamiento histórico del capitalismo y la necesidad de la transformación de la propiedad privada de los medios de producción en propiedad social, es decir, de revoluciones socialistas. Es previsible que, tras esta catástrofe, vengan otras. La pandemia terminará estando relativamente controlada (en las potencias capitalistas y en China y Rusia, que concentran el 70% de las vacunas, mientras que en los demás países el futuro es incierto) – esto después de haber causado profundos daños a la vida de la población empobrecida y regresión de las fuerzas productivas, principalmente en los países oprimidos y saqueados por el imperialismo -, pero las contradicciones capitalistas que la potenciaron, no solo permanecerán, sino que se agravarán.
Es reconocido que la pandemia no generó la crisis económica, solo la dinamizó y la colocó en un nivel superior. En Brasil, los intentos de la burguesía y su gobierno de retomar el crecimiento, después de la recesión más profunda de 2015-2016, fracasaron. Las caídas generalizadas en la industria, el comercio y los servicios han provocado la regresión de las fuerzas productivas y la mutilación de la fuerza laboral. La clase obrera y el resto de los explotados se vieron así afectados por la violencia destructiva de la crisis económica y sanitaria. Este curso está en pleno desarrollo. Y a la burguesía no le queda más remedio que seguir protegiendo al gran capital y sacrificando las condiciones de existencia de la mayoría oprimida.
La crisis de dirección es tan profunda que la necesidad y el programa de la revolución proletaria parecen distantes, y hasta utópicos. En los sindicatos y movimientos no existía una posición de clase elemental, de la que pudiera surgir la resistencia a la política burguesa, en general, y a sus variantes, en particular. La adaptación de las direcciones que controlan el movimiento sindical, popular y campesino a la orientación burguesa del aislamiento social, como si estuvieran combatiendo el “negacionismo” de Bolsonaro, a favor de proteger a las masas, resultó en la desorganización y estancamiento de la lucha de clases, nunca visto desde el fin de la dictadura militar. La amplia intervención de las direcciones pro-capitalistas a favor de la política burguesa de aislamiento social fue y ha sido fundamental para los gobernantes y la burguesía para mantener bien lejos la lucha revolucionaria del proletariado. En otras palabras, la lucha por la toma del poder, el establecimiento de un gobierno obrero y campesino y la transformación de la propiedad privada de los medios de producción en propiedad socialista.
Las centrales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, movimientos sin techo y campesinos en su conjunto, han aceptado tácitamente que, «para proteger vidas» contra la pandemia, era inevitable aceptar las terribles consecuencias económicas que recaían sobre la mayoría oprimida, y en particular, colaborar con la aplicación de medidas anti-obreras, como la MP 936, que suspendió contratos y redujo salarios. Desde el 18 de marzo de 2020, cuando las centrales cancelaron la Jornada Nacional de Lucha, asimilando la orientación del Estado burgués, para acabar con toda la actividad colectiva de las masas, se abrió un período de colaboración de clases, cuyo contenido fue y es el de asumir el aislamiento social, como si fuera tarea del proletariado y otros trabajadores. Durante un año de pandemia, la ola de despidos creció, el desempleo y el subempleo aumentaron, la pobreza y el hambre se ampliaron y las muertes por coronavirus continuaron en ascenso.
En la contracorriente de este proceso destructivo, se produjeron huelgas, como las de los metalúrgicos, trabajadores del correo y de Renault, que quedaron aislados y fueron derrotados. Mercedes cerró una de sus plantas y Ford puso fin a sus actividades en Brasil. Las direcciones sindicales y políticas, que se reivindican de los trabajadores, no han hecho absolutamente nada para movilizar y organizar un movimiento contra el cierre de fábricas. Volkswagen impuso un acuerdo de despidos de 5.000 trabajadores, con la clara connivencia de la dirección del sindicato metalúrgico ABC. El plan de despido de 5.000 trabajadores bancarios del Banco do Brasil y, ahora, los despidos por la venta de las refinerías de Petrobras, son parte de este escenario de gran opresión de la burguesía sobre los asalariados. No hay forma de ocultar u oscurecer el hecho de que el ataque generalizado a los explotados y, en particular, al proletariado industrial, por parte de los capitalistas, contó con la colaboración de las direcciones, que estaban subordinadas a la política burguesa de aislamiento social, y se refugiaron en el mundo virtual.
Los partidos reformistas, liderados por el PT y los burócratas sindicales, utilizaron las miserables ayudas de emergencia, negociadas entre Bolsonaro y el Congreso Nacional, para dar satisfacción a las masas, ante su conducta colaboradora y traidora. Sabemos que la clase obrera y demás explotadas no entendieron, que no solo estaban luchando con la virulencia de la pandemia, sino también con la violencia de la crisis económica, sin poder contar con una dirección de clase, que hiciese lo posible y lo imposible para impulsar la lucha de clases, y organizar un movimiento de independencia politica, frente a la burguesía y sus gobernantes. El desarme ideológico, político y organizativo fue tan vasto que expuso en detalle la crisis de la dirección revolucionaria. Prácticamente, el conjunto de las fuerzas de izquierda -desde el reformismo al centrismo- se sometió a las condiciones dictadas por la burguesía, y así se arrastró detrás de las divisiones interburguesas, cuyos reflejos políticos e ideológicos sirvieron para confundir y aplastar el instinto colectivo de rebelión de la mayoría oprimida. La tarea de poner en marcha un movimiento sobre la base de un programa de emergencia, propio de la clase obrera, se volvió inviable. Sin oponer las demandas de las masas al programa de emergencia del gobierno, no había alternativa a no ser la de someterse a la conducción burguesa de la crisis sanitaria y económica.
En este preciso momento, cuando se agrava la crisis de salud, y se levanta el conflicto entre gobernadores y Bolsonaro, la CUT y los movimientos sociales piden un “lockdown de los trabajadores en defensa de la vida”, para el 24 de marzo, cuya orientación es la de quedarse en casa y “reflexionar sobre lo que pasa en Brasil”. Afirman que el objetivo no es solo lograr el aislamiento social, sino también reclamar la vacunación para todos. Dicen que así la gente estará luchando por puestos de trabajo, contra el hambre, las privatizaciones y por “Fuera Bolsonaro”. Los burócratas de la CUT advierten que el encierro no es una huelga general. Esto se debe a que «la huelga general presupone actos, manifestaciones, piquetes, que en este momento serían actos irresponsables, a causa de la pandemia«. No hay mejor testimonio de seguidismo al gobierno de Doria y sus aliados, y de impotencia ante la política catastrófica de Bolsonaro. El «encierro» y «quedarse en casa» de las direcciones sindicales reflejan, en todo su cuerpo, la política de conciliación de clases y estatización de las organizaciones sindicales.
Tarde o temprano, los gobernantes serán responsables de la catástrofe del proletariado. Las direcciones colaboracionistas y oportunistas tampoco escaparán a este juicio histórico.
Es necesario prestar atención al hecho de que el enorme reflujo de los explotados y la inmensa libertad que tenían y están teniendo la burguesía, los gobernadores y sus instituciones estatales, para determinar las formas de enfrentar la pandemia y la desintegración económica del país, no impide que la crisis política siga avanzando. Ya cayó el tercer ministro de Salud. El general Pazzuelo saludó los lineamientos del presidente de la República, y es responsabilizado por importantes sectores de la burguesía y la oposición parlamentaria, por no resolver el tema de las vacunas. La crisis política no se limita a los choques por el aislamiento social y la vacunación. La reanudación de las presiones inflacionarias y la intervención en la dirección de Petrobras agitaron los ánimos en las huestes de la potencia económica. Bolsonaro solamente no fue destituido gracias al apoyo militar de su gobierno y, sobre todo, por el profundo reflujo de masas, y el freno impuesto por la burocracia sindical. El hecho de que los bolsonaristas retomaran las manifestaciones contra los gobernadores de la oposición, con métodos típicamente fascistas, y buscaran reavivar la bandera del golpe militar, expresa la desesperación del presidente de la República. Los bolsonaristas quieren dar a entender que su jefe no solo amenaza verbalmente para recurrir a una aventura golpista. Este es el clima político del momento, cuando parecía haber quedado atrás atrás, con los retrocesos tácticos realizados por el gobierno. La tendencia es acelerar el deterioro de las relaciones políticas e intensificar los choques sobre la política económica y las respuestas a la pandemia.
La decisión del ministro del STF, Edson Fachin, de anular las condenas de Lula y la voluntad de los ministros Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski de aprobar la sospecha del ex juez Sérgio Moro derramó un bote de hiel en las instituciones judiciales y anticipó la guerra electoral. Esto en medio del horror de la pandemia y el descarrilamiento económico del país. El problema fundamental es el mismo que el del inicio de la pandemia: las restricciones impuestas al movimiento obrero por la política de colaboración de clases. Con la diferencia de que las masas se han ido al fondo del precipicio, y no tienen otro camino que rehabilitarse, retomando la lucha de clases. El PT y Lula saben que aún tienen la capacidad de disputa electoral, que es valiosa en las condiciones en las que la burguesía necesita medios y métodos de la política de conciliación de clases, para mantener la gobernabilidad y contener las tendencias desintegradoras de la democracia burguesa.
Las fuerzas partidarias que controlan o influyen en el control estatal esperan que la tormenta pandémica se enfríe con la vacunación. Ahí es donde emergerá el legado electoral más importante, para bien o para mal de los partidos en disputa. Sin embargo, hay un camino por recorrer bajo el gobierno dictatorial y fascistizante, que hará todo lo posible para no ser destituido del poder. No será fácil desalojar a los generales del mando del gobierno, y disminuir el espacio de las Fuerzas Armadas en la conducción de la democracia oligárquica. La posibilidad de que Lula se postule para el cargo y de que el PT vuelva a la presidencia de la República potenciará la crisis política y la lucha de clases. Los primeros signos son evidentes en los esfuerzos de los bolsonaristas por reactivar a la clase media, en gran parte compuesta por comerciantes, para enfrentar una situación en la que el proletariado y los estratos más oprimidos de la clase media comienzan a defenderse con sus propias demandas y los métodos acción directa.
La lucha de la vanguardia con conciencia de clase, para liberar a los explotados de la camisa de fuerza de la política colaboracionista de las direcciones, seguirá basándose en la defensa del programa de emergencia ante la pandemia. Es parte fundamental de este programa defender el empleo y el salario; derribar las contrarreformas antipopulares y antinacionales; expropiar monopolios y no pagar deuda pública; imponer la vacunación universal, comenzando por los pobres y miserables. Para que los recursos del país se pongan al servicio de las fuerzas productivas, el empleo y la superación de la pandemia. Lo que sin duda implica romper con la dominación imperialista. Esta orientación sólo puede ser encarnada por la clase obrera organizada y capaz de ganarse la confianza de la mayoría oprimida. El desarrollo de esta política proletaria es la condición para que los explotados enfrenten la nueva etapa de la crisis política, que vendrá con la disputa electoral, especialmente en el caso de que se confirme la posibilidad del PT, que fue destituido del poder por un golpe de Estado, de ser llevado por la mayoría a la presidencia de la República.
La experiencia de este año de una pandemia ha revelado las enormes dificultades para superar la crisis de dirección. Al mismo tiempo, destacó las premisas históricas de la revolución proletaria, en las nuevas condiciones objetivas para la desintegración del capitalismo, en la posguerra mundial. Es con el programa del internacionalismo proletario, aplicado a las particularidades del país, que la vanguardia con conciencia de clase ayudará al proletariado a romper la camisa de fuerza de la crisis de dirección. No hay otra forma de construir el partido marxista-leninista-trotskista que no sea respondiendo a cada nuevo ataque de la burguesía a los explotados con el programa de revolución y dictadura proletarias.