El Partido Comunista de Cuba se adapta al curso de la restauración capitalista
El POR se esfuerza por comprender y explicar el curso de la restauración capitalista en Cuba en los últimos años. Comenzamos analizando la nueva Constitución, aprobada en febrero de 2019. Continuamos con la reforma monetaria, aprobada en enero de 2020. Ahora, finalizamos este estudio parcial exponiendo lo que fue el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC)
El VIII Congreso del PCC se inauguró el 16 de abril, en el 60º aniversario de la proclamación de la Revolución Cubana. Y cerró el día 19, cuando se celebra la derrota de la invasión financiada por Estados Unidos en la playa de Girón. La elección de las fechas buscaba presentar un vínculo de continuidad entre el pasado revolucionario -cuyo fundamento es la propiedad social, la planificación económica y el monopolio del comercio exterior- y el presente restauracionista, marcado por el avance de las relaciones de producción y propiedad privada en la economía estatizada. No por casualidad, el Congreso tenía como bandera «Unidad y Continuidad».
Cuestión de «Seguridad Nacional”
La Resolución sobre el «Estado de Implementación de los Alineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución » para 2021-2026 destacó como prioridades 1) reforzar la capacidad de gestión de los «agentes económicos«, especialmente de la «empresa estatal socialista«; 2) resolver el problema de la «producción y comercialización«, sustituyendo las importaciones e impulsando la inversión extranjera; 3) mejorar el uso de los «instrumentos financieros» necesarios para la conducción de la economía, y asegurar los equilibrios «macroeconómicos»; 4) priorizar el empleo de la técnica, la ciencia y la tecnología, para elevar la productividad del trabajo; 5) elevar el consumo de la población.
Estas directrices, según se explicó, son la única manera de abrir un «nuevo período» de ratificación «del curso histórico hacia el socialismo«, preservando la «propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción fundamentales». También se destacó la importancia de «diversificar» las formas de propiedad de los medios de producción y de comercio. Y que correspondería al gobierno regular el «buen» funcionamiento de esta relación en el mercado, abortando las «malas» prácticas comerciales y la especulación, mediante el control de los precios. El uso racional de la ciencia y la tecnología debe complementarse con «incentivos al trabajo» para aumentar la «eficiencia y la productividad«.
El primer ministro Manuel Marrero dijo en la reunión del partido que la escasez y la devaluación del peso cubano (producto de la reforma monetaria de 2021) habían rebajado las condiciones de vida de las masas cubanas. Añadió que, sin ingresos ni rentas del turismo, combinado al envejecimiento de las condiciones técnicas de la producción industrial y agrícola, Cuba estaba obligada a dar un paso decisivo en el «camino de las reformas», en defensa de la «seguridad nacional», si quería garantizar unas condiciones alimentarias mejores que las actuales, que rozan la mera subsistencia.
En este sentido, el VIII Congreso tuvo que reafirmar el compromiso de promover las «Formas de Gestión No Estatal» (FGNE), particularmente en el ámbito de la producción y comercialización de productos y bienes agrícolas. Destacó que bajo esta premisa se han aprobado en los últimos años 63 medidas para «reactivar» la producción agrícola y ganadera, que se había estancado en niveles de baja productividad. Por lo tanto, se debía aprobar el curso trazado por la alta cúpula, para autorizar a los campesinos a vender libremente la carne y leche en el mercado, una vez cumplidos sus compromisos con el Estado (entrega de cuotas a los centros de abastecimiento).
Detrás de la retórica, se esconde la impotencia del Estado burocratizado para desarrollar las fuerzas productivas de la isla, largamente asfixiadas por el cerco del imperialismo norteamericano y el retraso de la revolución latinoamericana, a causa de la crisis de dirección mundial y de las duras derrotas, seguidas de golpes militares en los años 60 y 70. Esto pone de manifiesto las distorsiones y los errores de orientación basados en la tesis estalinista de la posibilidad de construir el «socialismo en un solo país». Recurrir a las relaciones de producción y comercio capitalistas no ayudará a «actualizar» el «socialismo a la cubana», sino que creará las fuerzas económicas que tenderán a desmantelar la propiedad social a favor de la burguesía y el imperialismo.
Cambio en el aparato del partido
El Congreso formalizó la renuncia del buró político de tres dirigentes históricos, que participaron en la revolución, y que todavía ocupaban altos cargos del partido. La «vieja guardia» (Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura y Ramiro Valdés) renunciaron a sus cargos y se declararon inelegibles. Se cumplieron así las nuevas reglas constitucionales, que establecen un límite de edad de 70 años para ocupar cargos directivos. Miguel Díaz Canel (presidente del país) asumió el cargo de primer Secretario. El primer ministro, Manuel Marrero, y Luis Alberto López Rodríguez Callejas, dirigente de GAESA -una corporación empresarial del ejército que controla importantes ramas de la economía- ascendieron a los más altos cargos de dirección.
El simbolismo de los «cambios generacionales» no oculta que la burocracia castrista sigue en el poder, pero bastante degenerada. Tampoco oculta que ha habido un cambio en el aparato del PCC.
Los «cuadros históricos» dirigieron una revolución democrática que, por las condiciones mundiales, sus tendencias internas y la presencia de las masas que luchaban contra la burguesía, la convirtieron en una revolución social. Sufriendo el bloqueo y el intervencionismo imperialista, e incapaces de defender la revolución que habían dirigido con los métodos y el programa del internacionalismo proletario, acabarían sometidos a la burocracia rusa, que «ayudaba» a mantener el aparato castrista, pero al precio de seguir los dogmas estalinistas de mantener la revolución dentro de las fronteras nacionales.
Los «nuevos cuadros» fueron educados en la gestión del partido y del aparato estatal. Han hecho su carrera, sin mayor convulsión que la de responder a los problemas económicos y políticos con medidas administrativas. Su principal función social era y es preservar la base económica sobre la que se cierne la burocracia. Algunos de ellos, es cierto, tienen experiencia sindical o militar. Sin embargo, no fueron dirigentes que formaron parte fundamental de los procesos revolucionarios victoriosos. Es decir, no cuentan ni con la experiencia política ni ciertos atributos de la «vieja guardia» que los identificaba con el movimiento revolucionario latinoamericano, características que son producto de las condiciones históricas de la lucha de clases. Más bien, representan el conservadurismo burocrático de sus predecesores. Es innegable la separación entre el aparato estatal y partidario de las masas, que sufren el atraso económico y observan los privilegios de la casta dirigente.
Relación entre la dirección y las masas
La «Resolución sobre los objetivos de trabajo» establece: 1) reforzar la cohesión ideológica y fortalecer la relación de la dirección con los militantes, 2) democratizar el funcionamiento de los distintos órganos organizativos internos, 3) aplicar una selección rigurosa de los militantes y de los cuadros dirigentes responsables. También propone: 4) ampliar el activismo político del PCC en las redes y los medios digitales, y 5) incorporar a las «organizaciones de masas» en la toma de decisiones del gobierno.
Estas propuestas indican la existencia de una enorme presión de las bases sobre la burocracia estatal. Sin embargo, para lograr la democratización de las relaciones entre las bases y la dirección del partido, se debe extinguir el centralismo burocrático e instituir el centralismo democrático. Esto sólo será posible con una revolución política. Trotsky demostró que la reforma de los regímenes de esta naturaleza social se agotó, cuando el estalinismo pasó al terreno de la contrarrevolución burguesa. La burocracia heredera del castro-estalinismo asumió la conducción de la restauración capitalista, y maniobra con la democratización para cumplir ese objetivo, en medio de la inevitable resistencia de los trabajadores
La preservación de esta posición social es lo que les permite elevarse por encima de las condiciones de vida de las masas más amplias, les otorga sus privilegios de casta y les permite someter el aparato estatal a sus intereses. Así lo advirtió el propio Raúl Castro, cuando dijo que con frecuencia se observaba que la selección de cuadros se realizaba sobre la base de criterios administrativos o de relaciones personales y de confianza. Y que el partido se acostumbró a dirigir sin consultar a las masas.
Raúl Castro también alertó sobre el crecimiento de nuevos militantes entre los mayores de 40 años, mientras que descendía entre los jóvenes. Reveló así hasta qué punto la burocracia ahoga el potencial creativo de la juventud y hunde al Partido en un régimen que aniquila toda iniciativa revolucionaria.
Es cierto que instintivamente las masas cubanas siguen defendiendo las conquistas revolucionarias. Sus condiciones de vida han dado un salto adelante, con la propiedad social, la planificación de la economía y el acceso a la sanidad y la educación universales. Y a pesar del racionamiento, nunca han dejado de contar con lo mínimo. Pero tras décadas de privaciones, y sin disponer de órganos para decidir democráticamente los rumbos del país, se creó un abismo entre las masas y el partido.
El VIII Congreso propuso superar estas contradicciones combinando los métodos plebiscitarios con la formación de una especie de «órganos consultivos» de la población, vinculados al aparato gubernamental. Esta vía se incluyó en la nueva Constitución, que el VII Congreso ratifica. Los burócratas quieren hacer creer a las masas que tendrán mayor poder de decisión, cuando en realidad se mantiene la centralización dictatorial, disfrazada con métodos democráticos burgueses
Hacia la restauración capitalista
La propiedad privada y la social representan dos sistemas antagónicos. La violenta lucha de clases es el resultado de ellas. Decir que se complementan es una falsificación. La historia, sin embargo, ha demostrado que las condiciones de aislamiento pueden obligar a retroceder, y admitir limitadamente la propiedad y el comercio burgueses, para levantar transitoriamente la economía arruinada, y así sostener la revolución. Fue en este sentido que los bolcheviques, bajo la dirección de Lenin, admitieron temporalmente la comercialización capitalista de los productos agrícolas: la Nueva Política Económica (NEP). Pero Lenin advirtió que se trataba de una concesión para evitar la ruptura entre la producción industrial y la agrícola, la relación en la que se basaba la alianza entre obreros y campesinos. Y que una vez pasada la situación que obligó a esta maniobra, se restablezcan los vínculos de las relaciones socialistas entre el campo y la ciudad, y las relaciones políticas entre los obreros y los campesinos.
Desde la aprobación de la nueva Constitución cubana, por el contrario, la legislación y la jurisprudencia se han ajustado a los objetivos de la restauración de la propiedad privada. El VIII Congreso culmina este trabajo, adaptando el partido a estos objetivos. La defensa de Raúl Castro -apoyada por todo el Congreso- de que no se permitiría la restauración capitalista, no son más que palabras.
El monopolio del comercio exterior se ve amenazado por el reconocimiento del «papel del mercado» como principio regulador de la productividad, la producción agrícola y el comercio. Y como el mercado nacional es un eslabón del global, dominado por el imperialismo, la propiedad privada –no importa en última instancia cual sea su tamaño- vendrá a determinar los rumbos económicos y a empujar a las empresas estatizadas a expandir la productividad, reduciendo los salarios y destruyendo los derechos. Este es ya el caso de la aplicación de incentivos salariales ligados a la productividad. Como en el «Código de Trabajo», que facilita el despido «sin justa causa», y amplía la jornada laboral de 8 a 9 horas en las empresas y comercios estatales (en el sector privado, puede ampliarse a 12 horas).
Estas condiciones permiten que la propiedad privada dinamite los cimientos de la propiedad social, y que el mercado afecte el monopolio del comercio exterior y la planificación de la economía. Las relaciones laborales se adaptan a las relaciones de producción capitalistas. Mientras el PCC se adapta a la caricatura de la democracia burguesa. Este es el verdadero rumbo del país, detrás de la retórica «socialista» de la burocracia.
Programa y métodos revolucionarios
El cierre del VIII Congreso concluye un ciclo histórico, en el que el PCC se erigió en instrumento de la burocracia para disfrutar de la revolución, y abre otro, cuya esencia es instrumentar la restauración capitalista, dirigida y controlada por la burocracia, que abandona las posiciones del pasado.
De forma que el PCC ya no puede ser reformado, y tampoco habrá manera de que la clase obrera y los campesinos utilicen métodos democráticos burgueses para derrotarlo, y para detener el avance de las relaciones burguesas de producción y propiedad en el país. Asimilar esta lección histórica es, sin duda, lo más difícil para las masas, que sufren la crisis de su dirección revolucionaria.
Es esencial sacar las conclusiones necesarias. La experiencia histórica enseña que es imposible asimilar las duras experiencias y defender la revolución sin que el proletariado cubano asuma la dirección de la economía y el Estado, apoyado por la mayoría nacional en lucha contra el imperialismo y la burocracia contrarrevolucionaria. Sobre esta base, debe formarse y soldarse la alianza de obreros y campesinos, basada en la democracia proletaria. En este camino se forjará la vanguardia obrera, que constituirá su propio partido, marxista-leninista-trotskista, independiente y opuesto a la burocratización organizativa y a la corrupción ideológica del PCC.
Todos los partidos que reconocen la defensa de la revolución y la propiedad social de los medios de producción como trincheras de la lucha por el socialismo deben estar al frente de la clase obrera, el campesinado y de la juventud cubana y latinoamericana, contra la burocracia y la restauración capitalista. Es una tarea irrenunciable, si se quiere defender la revolución contra sus liquidadores, de dentro y fuera del país. La lucha contra el cerco económico de Estados Unidos contra Cuba depende de la organización del frente único antiimperialista en cada país de América Latina. Para ello, es muy importante romper la política de la burocracia cubana, de buscar acomodarse con el gobierno de Biden, y continuar trabando la lucha antiimperialista. La defensa de las conquistas de la Revolución Cubana forma parte del programa de los Estados Unidos Socialistas de América Latina y de la lucha antiimperialista de las masas continentales contra la opresión monopolista.
(nota de MASAS nº 635 – POR Brasil)
