Brasil: Crece la presión para que las centrales y sindicatos rompan con la pasividad
El inmovilismo de las centrales y los sindicatos choca con la situación de profunda crisis que atraviesa el país. La pandemia permanece descontrolada. La vacunación avanza lentamente. El número de muertes diarias indica que pronto alcanzará los 500 mil. Bolsonaro persiste en su ataque al aislamiento social. Su postura de que «debemos aprender a vivir con la pandemia» (es decir, con las muertes) está ganando fuerza. La relajación del aislamiento en el estado de São Paulo es un síntoma de las dificultades de los gobernantes para ir en contra de los intereses del poder económico. La llegada de Pfizer intensifica la guerra comercial de los monopolios, rivalizando con la Coronavac.
Por otro lado, los despidos superaron a las contrataciones. El desempleo se elevó a 14,423 millones (tasa del 14,24%). Los considerados «desanimados», que se han cansado de buscar trabajo, corresponden a 5,952 millones. Sumando a los que buscaban un trabajo y a los desalentados, tenemos la trágica cifra de 20,375 millones de personas. El contingente de «inactivos» – llamado así porque están en condiciones de trabajar, pero permanecen fuera de la fuerza laboral activa – corresponde a 76,431 millones de brasileños. Estos espantosos datos son del IBGE, por tanto, oficiales. Ahí está el origen del subempleo, la informalidad, la miseria, el hambre, las enfermedades, la mortalidad infantil y la delincuencia.
El gigantesco número de desempleados, subempleados e inactivos da una clara dimensión de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción capitalistas, condicionadas por un desarrollo desigual y combinado, propio del país semicolonial. La utilización por parte de los capitalistas de menos del 50% de la fuerza de trabajo nacional pone al descubierto el poderoso bloqueo de las fuerzas productivas, ejercido por los monopolios industriales, por el predominio del latifundio, por el control del comercio por poderosas corporaciones, por la monumental deuda pública y por la violenta explotación del trabajo. Esta situación tiende a empeorar, como indica la oleada de cierres de fábricas y empresas.
A su vez, los salarios están estancados y el costo de la vida aumenta. El desempleo y las pérdidas salariales exprimen la economía y conducen a la pobreza y miseria masivas. La inflación presiona los tipos de interés de la deuda pública, en las condiciones en las que el Tesoro Nacional se encuentra agotado, y el Presupuesto se vuelve contra los recursos para la sanidad, la educación y demás servicios sociales. La miserable ayuda de emergencia es una gota en el océano del hambre, hasta el punto de que las instituciones burguesas aprovechan para despertar el sentimiento de «caridad» en la población, y lanzan hipócritas e interesadas campañas de filantropía.
La clase obrera y demás explotados han soportado un año y tres meses de contagios, muertes, despidos, liquidación de derechos y pérdida de la capacidad de comprar los productos más necesarios. Por si fuera poco, la policía de Río de Janeiro se permitió el lujo de matar a 27 jóvenes en la favela de Jacarezinho. Se creó una enorme nube de humo sobre si era ilegal o no, si estaba justificado o no, si los jóvenes eran muy peligrosos o no. Lo evidente es que se oculta la acción dictatorial y bárbara del Estado burgués, que cae a diario sobre los habitantes de las favelas, los pobres y miserables.
En este cuadro de horror, los sindicatos metalúrgicos de Taubaté (CUT) y São José dos Campos (CSP-Conlutas) cerraron un acuerdo de indemnización por el cierre de LG, Sun Tech, 3C, Blue Tech. Luego, el sindicato de metalúrgicos de Camaçari (CTB), Bahía, siguió el mismo camino que la Ford de Taubaté, LG, etc. Se produjeron miles de despidos en las fábricas ante los ojos de los gobiernos, los partidos y de los dirigentes sindicales.
En el Congreso Nacional, la CPI del Covid cumple el papel de desviar la atención de los problemas que aquejan a la mayoría oprimida. Los viejos políticos de la oligarquía, rodeados de algunos supuestos reformistas de la democracia, se deshacen en discursos y polémicas sobre la montaña de cadáveres, la desocupación y el hambre. Bolsonaro se encoge de hombros, y sigue amenazando con decretos por el «derecho de los brasileños a ir y venir».
La Cámara de Diputados aprobó la sustitución de la Ley de Seguridad Nacional por la Ley del Estado Democrático, que no es nada democrática. Ahora, se descubrió que Bolsonaro y los parlamentarios del Centrão armaron un presupuesto paralelo y clandestino de 3 mil millones de reales, que le sirvió al gobierno para comprar el apoyo de la Legislatura. El Fiscal General de la República, Augusto Aras, Se declaró en contra de la investigación de la primera dama, Michelle Bolsonaro, involucrada en el escándalo de las «rachadinhas», montado por Flávio Bolsonaro y Fabrício Queiroz. Michel Temer fue absuelto de crímenes que ocurrieron a la vista de toda la nación. Y los sindicatos de la burguesía rural anunciaron actos el 15 de mayo en todo el país, para defender a Bolsonaro, atacar al STF y exigir el fin de la política de aislamiento social de los gobernadores.
Es en este marco que las centrales se negaron a convocar al 1º de Mayo presencial, continuando en la pasividad y la desorganización de los explotados. Los bolsonaristas aprovecharon y tomaron las calles. La cuestión es hasta cuándo la burocracia utilizará la pandemia para contener la lucha del proletariado. Se nota que crece la presión en sus bases, para que dejen de amordazar a los sindicatos y cumplan el papel auxiliar de los gobernantes, incapaces de enfrentarse a la derecha bolsonarista.
La bandera de que las centrales a convoquen a un Día Nacional de Lucha, con huelgas y manifestaciones, es la forma de alertar a los explotados de que la pasividad es un veneno, y no la protección de sus vidas. El POR llama a la vanguardia con conciencia de clase a luchar para que los explotados recuperen sus fuerzas sociales organizadas.
Massas 636, Editorial, 16 de mayo de 2021