Estatización parcial del IMPSA, es imprescindible imponer el control obrero colectivo y su estatización completa
IMPSA era conocida por su nombre completo Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA. Se trata de una empresa destacada en la metalurgia aplicada a elementos electromecánicos altamente sofisticados. Diseña y fabrica componentes y turbinas para la generación de energía hidráulica, nuclear y eólica. Ha competido en esas áreas con grandes fabricantes internacionales. Una empresa que llegó a contar con 1300 trabajadores.
Los gobierno nacional y de la provincia de Mendoza han aportado el equivalente a 20 millones de dólares, convirtiéndose en socios mayoritarios de la empresa, para evitar su quiebra y cierre. Quedando así: Estado nacional 63,7%, Mendoza 21,2%. El 15,1% restante queda en manos privadas, -9,8% acreedores y 5,3% familia Pescarmona-.
¿Cómo es posible que una empresa de semejante magnitud, de avanzada, con poca competencia en el mundo, pueda llegar a la quiebra? ¿Por qué llegó a un elevado endeudamiento? Es necesario investigar qué negocios, maniobras o errores la llevaron a esa situación. Otra demostración de que sectores vitales de la economía no pueden quedar en manos privadas.
No es política del gobierno la estatización de empresas, excepto situaciones límite, muy extraordinarias. El gobierno utiliza esta estatización parcial para encubrir su política de convivencia y estímulo a los sectores más concentrados del capital nacional e internacional. La decisión de la burguesía y de todos sus gobiernos en los últimos 40 años es disciplinarse a la orden del capital financiero internacional de que los Estados no deben intervenir en la economía nacionalizando empresas, que deben desprenderse de todas las empresas del Estado. No estamos frente a un cambio de política de la burguesía y su gobierno. La oposición a hacerse cargo de Vicentin y Edesur es una clara demostración.
Que no confunda ni el discurso oportunista del gobierno y su coro oficialista, ni tampoco el rechazo a esta medida que pregona la derecha más oligárquica. El diario La Nación tituló “La equivocada estatización de IMPSA”, la prefieren quebrada antes que estatal.
El gobierno nacional ayudó a la empresa con los ATP, y con el “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP), pagando el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa desde el mes de enero.
Esta empresa tiene importancia estratégica, es la más importante en tecnología e infraestructura energética. Cuenta con 720 empleados, un 35% ingenieros. Contrata con más de 100 pymes nacionales. Exporta el 75/85% de su producción, razón por la cual el Gobierno está interesado en que siga produciendo, para que ingresen divisas destinadas a pagar la deuda externa. Lleva diseñadas más de 200 turbinas que producen energía en 40 países. Produce torres eólicas, puentes grúas, generadores para industria nuclear, etc. Es una de las 4 empresas en Occidente que fabrican equipamientos centrados en generación de energía. Hoy su capacidad de producción está utilizada en un 50%. Actualmente trabaja en turbinas para Yacyretá (hicieron 6 y faltan 14).
Sus directivos dicen que apuntan a proveer a centrales hidroeléctricas, como El Tambolar, en San Juan. A incrementar en La Rioja la potencia del parque eólico Arauco, con aerogeneradores. Y desarrollar parques solares. Equipa YPF y trabaja en la fabricación del Carem, un reactor nuclear argentino para generación energética. Se presentaron a licitación para construir la represa Portezuelo del Viento (Mendoza). Y a la licitación de grúas para el Ejército de los Estados Unidos, al que ya se le habían vendido. Y también en la India y en Pakistán. En Brasil lograron un contrato de altísima tecnología, para reparación de represas hidroeléctricas.
Debe llamar la atención que después de 117 años de existencia haya llegado al borde de la quiebra, con fusiones y adquisiciones de empresas en el exterior, entre ellas la empresa subsidiaria en Brasil que entró en default y arrastró a IMPSA. En 2018 el 65% de las acciones quedó en manos de los acreedores. Insistimos, su pasado debe ser investigado, conociendo cómo la burguesía forma activos en el exterior, en paraísos fiscales, cómo subfactura para pagar menos impuestos y generar esos excedentes. Y es fundamental el control obrero para impedir un nuevo vaciamiento y potenciar su producción.
El objetivo de los empresarios y la exigencia del gran capital es que una vez recuperada la empresa se vendan las acciones en poder del Estado y las acciones de los acreedores a inversores privados. Esta política debe ser rechazada de plano. Se debe exigir la expropiación sin pago del resto de las acciones y la estatización total de la empresa bajo control obrero colectivo.