Brasil: ¡Abajo la reforma administrativa! ¡Derrotar la PEC 32 con la lucha en las calles!

Se trata de un ataque no sólo a los trabajadores de la administración pública, sino a toda la población, que depende del sector público.

¡Nuestra lucha debe ser por la retirada inmediata del PEC 32! ¡Ninguna confianza en el método de presión parlamentaria! ¡En defensa de la estabilidad para todos!

¡Que los sindicatos, gremios y movimientos sociales convoquen a asambleas presenciales para organizar la resistencia colectiva!

¡Ligar la lucha para derribar la reforma administrativa con la lucha más amplia contra el gobierno de Bolsonaro! En defensa de los puestos de trabajo, los salarios, los derechos laborales y la vacunación para todos, ¡dando prioridad a los pobres y miserables!

 

Los días 29 y 30 de julio se celebró el Encuentro Nacional de Trabajadores de la Administración Pública por medios virtuales. El objetivo de la reunión era organizar la lucha contra la PEC 32/2020, la reforma administrativa.

El gobierno de Bolsonaro y sus aliados han tratado de justificar la propuesta, alegando que se trata de «eliminar privilegios», ya que así se ahorrarán recursos que, a su vez, podrán aplicarse a la creación de empleo y al desarrollo del país.

¡Pura demagogia! El mismo discurso mentiroso se utilizó para tratar de legitimar la Ley de Techo de Gasto y las contrarreformas laborales y de seguridad social, y la experiencia ya ha demostrado que no se eliminó ningún privilegio, el desempleo sigue siendo alto, la crisis económica sólo se profundiza y la desigualdad social sólo aumenta.

En contra del discurso de la burguesía, las reformas ya aprobadas preservaron los privilegios de las Fuerzas Armadas y de las altas esferas del gobierno, mientras que la inmensa mayoría de los trabajadores del sector privado y de la administración pública siguieron recibiendo salarios miserables, habiendo perdido derechos históricos conquistados con mucha lucha.

 

De hecho, la reforma administrativa va a ampliar un fenómeno que ya existe, y que forma parte del carácter fisiológico del Estado burgués-oligárquico, que son los nombramientos políticos para los cargos, acentuando el control político-ideológico sobre la maquinaria estatal, además de engrasar aún más los engranajes de la corrupción.

El objetivo del gobierno, con la falacia de «eliminar privilegios» y «modernizar los servicios públicos», es claro: enfrentar a trabajador contra trabajador, buscando nivelar salarios y derechos a la baja. No por casualidad, el núcleo de la reforma administrativa propuesta es el ataque a la estabilidad de la función pública. Esta medida forma parte de la reforma laboral, que prácticamente anula la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT). Además de hacer bajar el valor de la fuerza de trabajo, este conjunto de medidas impulsa la privatización y la tercerización, sirviendo a los intereses de la minoría capitalista.

La verdadera razón, que está en la raíz de la reforma administrativa así como de las otras medidas de ataque, es la crisis estructural del capitalismo. Las fuerzas productivas altamente desarrolladas están aprisionadas por las relaciones monopolísticas de producción y las fronteras nacionales, empujando a la humanidad en su conjunto hacia la barbarie. Más concretamente, se puede encontrar el problema de la gigantesca y desorbitada deuda pública, que es expresión de la crisis general del sistema capitalista, como elemento de presión sobre los gobiernos semicoloniales, como el de Brasil, para que recorten sus presupuestos con el fin de seguir pagando los compromisos con el capital financiero.

En otras palabras, la reforma administrativa aparece como una respuesta burguesa, dictada por el capital financiero y el imperialismo, como parte de la flexibilización capitalista del trabajo y con el objetivo de preservar el pago de la deuda pública.

También cabe destacar que los actuales funcionarios se verán afectados, en contra de lo que vienen diciendo los partidos gobernantes, acentuando la división entre «estables» y «no estables», con repercusiones en la organización sindical, ya que la amenaza patronal es obviamente más fuerte cuando se facilita la posibilidad de despido. También tendrá repercusiones en los derechos relacionados con la carrera profesional y en el sistema de seguridad social, dado que provocará un vaciado progresivo de los fondos de los que proceden los recursos para pagar las jubilaciones.

No se trata sólo de un ataque a los trabajadores de la administración pública, ya que conducirá a un reforzamiento de la precarización de los trabajadores del sector público, golpeando el acceso a los derechos sociales fundamentales, de los que gozan los pobres y los miserables.

Como se puede ver, la PEC 32 es un amplio y profundo ataque de la burguesía a los explotados, que exige una respuesta masiva y unitaria de éstos. Sin embargo, para poner en práctica esta vía será necesario eliminar algunos obstáculos políticos, que corresponden a la línea de acción determinada por las direcciones del movimiento sindical. Hay tres errores principales, que deben evitarse a toda costa:

 

1) No caer en la palabrería vacía de que «es necesaria una reforma administrativa». Durante el Encuentro Nacional, los días 29 y 30, hubo quienes defendieron esta absurda idea. Lo que sí existe concretamente es la PEC 32 y esto representa un ataque sin precedentes a la función pública. Debemos luchar por la retirada inmediata de la propuesta! Cualquier concesión en este sentido refuerza el discurso del gobierno que, como hemos visto, no es más que pura demagogia;

2) En la misma reunión, también hubo representantes a favor de la táctica de «posponer la votación en el Congreso Nacional», teniendo en cuenta que «el año que viene es un año electoral, y nadie asumirá este desgaste». Ya hemos visto esta táctica fallida aplicada en los casos de las reformas laborales y de la seguridad social. El aplazamiento no hace más que socavar la fuerza del propio movimiento, a la vez que permite a los parlamentarios ganar tiempo para hacer tratos por debajo, incluyendo la compra de votos y todo tipo de negociaciones. A la primera señal de debilidad o desarticulación de los sindicatos, la propuesta se somete a votación y acaba siendo aprobada;

3) En relación con el error anterior, otro camino que hay que evitar es el de «convencer a los diputados y senadores para que voten en contra del PEC». El Congreso Nacional tiene una composición política ultra-reaccionaria. Forma parte del Estado burgués, por lo que no es nuestro terreno de lucha. Es una ilusión típicamente pequeñoburguesa pensar que es posible «convencer» a los parlamentarios, como si se movieran según su propia conciencia y no según las fuerzas políticas que representan. Es el poder económico, es decir, es la burguesía y las facciones oligárquicas que gobiernan el Parlamento y las demás instancias del Estado.

 

El Partido Obrero Revolucionario participó en el Encuentro Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública, exigiendo a los sindicatos, confederaciones y centrales la convocatoria de asambleas presenciales y reuniones de base, también presenciales, para organizar la resistencia colectiva de los trabajadores, para el derrocamiento inmediato de la PEC 32.

¿Y por qué es tan importante que rechacemos los foros virtuales? Es importante, porque las asambleas presenciales y las reuniones de base son el único mecanismo capaz de organizar a los explotados cara a cara y poner en práctica las decisiones aprobadas.

Para derrotar la propuesta del gobierno, necesitamos levantar una poderosa movilización nacional, luchando en las calles, con el método de la acción directa. De ahí la importancia de vincular este movimiento a la lucha más amplia contra el gobierno de Bolsonaro, levantando las banderas en defensa de la vida de las masas: empleos, salarios, derechos laborales y vacunación universal, priorizando a los pobres y miserables. Es imprescindible que estas reivindicaciones aparezcan unidas a la bandera de acabar con la reforma administrativa, ¡en defensa de la estabilidad para todos!