Una operación contra el movimiento de desocupados
Durante las últimas semanas recrudeció el ataque al movimiento de desocupados. La movilización del pasado 18 de agosto que reunió a más de 100.000 personas en todo el país (con epicentro en el Ministerio de Desarrollo Social en Capital Federal) logró inquietar a más de uno. Con gran celeridad y movimientos sincronizados, algunos medios de comunicación (TN y la Agencia Télam principalmente) y la Justicia, junto con portavoces del Gobierno salieron a demonizar al movimiento de trabajadores desocupados.
Se intentó deslegitimar el reclamo planteado por “trabajo genuino”, “seguro universal al desocupado” y “alimentos”, haciéndolo pasar como un acto con fines electorales, en la cual los movilizados iban extorsionados a cambio de un pago de las propias organizaciones convocantes. Aunque burda y errónea, la maniobra no es novedosa. Ya en otras oportunidades o incluso en largas etapas se había recurrido a iguales procedimientos, por ejemplo bajo el Gobierno de Duhalde durante el 2002, previo al asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
El montaje se explica porque este sector de trabajadores desocupados, denominado “Unidad Piquetera”, no logró ser disciplinado por el Gobierno, tal y como sucedió con “Los Cayetanos”. De esta forma, se busca embarrar conscientemente el genuino descontento de los barrios que salen a movilizarse contra el crecimiento exponencial del hambre, contra la desocupación y contra la pobreza. También contra los nunca suficientes bolsones de comida para los 10.000 comedores populares que alimentan a más de 11 millones de personas (3 millones se sumaron durante la pandemia). O contra los miserables $14.040 del Plan Potenciar Trabajo, que ocupa a poco más de un millón de personas. Ese es el eje de los reclamos que se intenta inútilmente tapar.
Constituye un ataque también a los métodos, un intento de deslegitimarlos. Cuando Juan Zabaleta -el nuevo Ministro de Desarrollo Social- sostiene que no hace falta cortar una calle para ser escuchado, hay un mensaje de fondo que dice que no se tolerarán las movilizaciones. Es también la política de Berni como Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la política de Patricia Bullrich del PRO, o la del candidato Florencio Randazzo, entre tantos otros. Eso explica el rol del nefasto fiscal Marijuan denunciando al Polo Obrero y a la Organización Clasista Revolucionaria (OCR). Sus intentos son infructuosos ya que no pueden esconder que los cortes crecen a lo largo y ancho del país, y que el mes de julio, con casi 600, fue el mayor registro en los últimos años (no se publicaron aún las cifras de agosto).
El Gobierno es incapaz de resolver cualquiera de los problemas planteados en la movilización del 18 de agosto. Las promesas de Zabaleta de convertir los planes en trabajo registrado no pasan de charlatanería electoral, y quedarán en el basurero, como ya sucedió por ejemplo con la “Mesa contra el Hambre” que durante todo el 2020 prometió crear 4 millones de puestos de trabajo y terminó disolviéndose sin haber creado 1 solo.
El enorme movimiento de desocupados, tanto los que no logran ser disciplinados, pero también aquellos cuyas direcciones burocráticas han sido cooptadas directamente con cargos ministeriales (“Los Cayetanos”), tienen una gran responsabilidad en el momento presente. A través de una paciente educación, sus bases deben ganar en consciencia que el reclamo por trabajo genuino, contra la pobreza y contra el hambre entra en contradicción con las propias bases de un régimen social en descomposición, y no solo contra un Gobierno en particular. Un régimen que ante la agudización de la lucha de clases solo tiene como respuesta mayores operaciones y persecuciones contra los luchadores.
La tarea para los revolucionarios consiste en intervenir en ese movimiento, no a fin de estructurar una nueva organización más izquierdista, sino en volver a levantar la bandera de trabajo genuino y lograr la insustituible ligazón con el movimiento obrero ocupado, elevarla políticamente al programa revolucionario, profundizando en la comprensión de cuáles son los únicos métodos para arrancar todas nuestras demandas. Los caminos alternativos o institucionalizados como los votos, los diputados, las asambleas constituyentes o cualquier otro atajo, solo sirven para desviar y retardar el imprescindible proceso de maduración política necesario.