Por qué caracterizamos al gobierno de Macri como dictadura civil

Cuando nos referimos al gobierno de Macri muchas veces lo calificamos como dictadura civil, y que no pudo consolidar esa dictadura por la gran lucha de los trabajadores a fines de 2017.

Cuando ganó las elecciones en 2015 señalábamos que era la primera vez que el sector oligárquico, del capital financiero, que había estado detrás de todos los golpes militares llegaba al gobierno por medio de las elecciones. La conformación de su gabinete indicaba la fuerte presencia de Wall Street con 27 funcionarios, de multinacionales como Shell, de los terratenientes. Puso al frente de la Corte Suprema a un hombre de las grandes corporaciones nacionales y multinacionales.

El Estado siempre es expresión de dictadura de una clase, puede adoptar diversas formas, pero siempre expresa la dictadura de una clase. No puede haber un “estado de todos”, porque en la sociedad conviven clases antagónicas e irreconciliables. Bajo las formas más democráticas y las dictaduras más feroces siempre el Estado es dictadura del capital, de la burguesía. Esto será así hasta que los oprimidos derroquen  ese Estado por medio de una revolución social que transforme la gran propiedad de los medios de producción en propiedad social (de todos en general).

¿Qué rasgos tenía el régimen de la dictadura del capital bajo el kirchnerismo? Mantuvo algún grado de independencia del poder judicial y del congreso, hasta el punto que un año gobernaron sin presupuesto porque la oposición no lo aprobó. La justicia procesó a varios funcionarios del gobierno y era evidente el accionar de la Embajada detrás de algunas causas. No controlaba la Corte Suprema. El kirchnerismo se caracterizó por su política abierta de conciliación de clases, de contener y disolver el levantamiento popular del 2001/2 por medios pacíficos, su discurso era de que no reprimía la protesta popular y usaba todos los medios para frenarla (y tenía a mano un Berni, o el proyecto “x” para apuntar contra los más radicalizados, y el accionar de las patotas). Actuó como un árbitro, con choques abiertos con el gran capital. Diferenciamos los gobiernos que buscan atenuar la lucha de clases para restablecer el orden y la confianza en el Estado, que buscan cómo conciliar intereses antagónicos de aquellos gobiernos de guerra abierta contra los oprimidos, que se basan en la represión directa.

Un rasgo fundamental del cambio de régimen con Macri fue el control de la Justicia con el objetivo de garantizarse impunidad para todos sus actos y también para perseguir a sus opositores. También utilizó el aparato judicial para extorsionar empresas y empresarios para apoderarse de negocios.

Nombró inmediatamente, por decreto, 2 jueces en la Corte Suprema que ante el escándalo tuvo que dar marcha atrás y recorrer todo el camino institucional para nombrarlos. Uno de ellos defensor de 300 grandes empresas nacionales y extranjeras, entre ellas Clarín. Información que tuvo que presentar por las críticas que generó su postulación.

Persiguió hasta lograr la renuncia de la Procuradora General de la Nación, jefa de fiscales, Gils Carbó, que había sido nombrada por amplísima mayoría del Senado, para nombrar interinamente a un elemento vinculado al gobierno, que aún sigue en funciones.

Promovió la destitución de jueces que caracterizaba que no se disciplinaban al poder, utilizando métodos autoritarios y colocó jueces y fiscales amigables donde convenía. Trató de apartar a fiscales y jueces que actuaban en causas que interesaban personalmente a Macri.

Armó una Mesa Judicial, encabezada por Pepín Rodríguez Simón, para hacer el trabajo sucio de controlar y dirigir las acciones de la Justicia en coordinación con los servicios de inteligencia.

Como en la dictadura, los medios de comunicación tuvieron un papel destacado para acusar, inventar causas y desterrar lo que llamaban populismo y a una parte de la dirigencia sindical que no se disciplinaba a sus políticas. Actuaron coordinadamente los grandes medios de comunicación con los servicios de inteligencia y un sector de la Justicia.

El gobierno persiguió los medios de comunicación opositores para que no hubiera ninguna voz crítica. No alcanzaba con el respaldo de los conglomerados más importantes del país. Puso presos a los dueños o los presionó para que los vendieran o cambiaran la línea editorial. Una clara actitud totalitaria. Se trataba de medios en manos de otros sectores burgueses.

Desde un principio tenían como objetivo terminar con los juicios contra los represores y liberar a todos los detenidos. Sólo la inmensa e inmediata movilización popular impidió la aplicación del 2×1 para reducir las condenas de los presos por delitos de lesa humanidad. Ese fallo de la Corte Suprema en 2017 impulsado por el gobierno, la iglesia y los grandes empresarios fue aprobado por la mayoría del Tribunal formada por los dos jueces nombrados por Macri más Highton de Nolasco (que debía favores al gobierno).

Los servicios de inteligencia espiaron a organizaciones sociales y políticas, a sus dirigentes, a sus familias, espiaron a los presos violando hasta el más elemental derecho de defensa. Espiaron a familiares y hasta dirigentes del propio espacio del gobierno.

Reprimieron gran cantidad de marchas con infiltrados, armando provocaciones. Armaron causas de todo tipo, violando todas las libertades democráticas. Armaron causas para intervenir sindicatos y detener a sus dirigentes.

Un estado policía, espiando y haciendo inteligencia entra en contradicción con las formas de democracia burguesa que quieren aparentar. Una de las primeras medidas de Macri fue que volviera a ser secreto el manejo de los fondos de los servicios de inteligencia y que no rindieran cuentas de su accionar al Congreso. El Congreso no hizo nada para restablecer un criterio distinto.

El asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel mostró el estado policial contra los mapuche, alimentado por los empresarios más poderosos de la región, de relación estrecha con Macri, alentados por el trabajo permanente del diario La Nación.

La desaparición de Maldonado, las mentiras que circuló la gran prensa, el control sobre el juzgado que interviene en la causa, el seguimiento de sus familiares y de los abogados que defendían a la Comunidad, muestran su pisoteo de las libertades democráticas. Falsificaron hasta donde pudieron el asesinato de Rafael Nahuel para presentarlo como un enfrentamiento con la represión.

EEUU puso un embajador especializado en el manejo de la justicia y operó groseramente como parte de una ofensiva continental para destrozar a todos los sectores políticos, empresarios, que pudieran tener alguna independencia con el imperialismo.

La forma que canceló la deuda con los fondos “buitre” y tomó una deuda externa descomunal pasó por encima de todos los procedimientos burocráticos previstos por la burguesía.

Estas formas autoritarias que pisotean su democracia burguesa avanzan en todo el mundo. Expresan la putrefacción de un capitalismo que sólo puede gobernar por medios violentos contra las masas ante la total incapacidad para otorgar concesiones. El gobierno de Fernández no puede desarmar ese estado dictatorial aunque lo condene en sus discursos, porque, ante todo responde a esa clase social en bancarrota.

 

(Nota de MASAS nº404)