Honduras: Los explotados deben agotar su experiencia con el nacional-reformismo
La tarea de la vanguardia es construir el partido revolucionario
Con un 68% de participación, el escrutinio del 28 de noviembre dio la victoria a Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), con un 53% de los votos. Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN), obtuvo el 33,8%.
Los nacional-reformistas vuelven a la presidencia después de doce años. La victoria de Castro fue la mayor participación electoral registrada en las últimas décadas. El nuevo gobierno tendrá mayoría parlamentaria, desplazando a los partidos oligárquicos del control de la legislatura. El PN se manifestó a favor de la «transición pacífica del poder». Los empresarios, el imperialismo y la Organización de Estados Americanos (OEA) saludaron a la presidenta electa, y se ofrecieron a trabajar con el nuevo gobierno, para la «resolución de los graves problemas del país».
Castro celebró la victoria electoral como el camino de la derrota del golpe. Destacó la importancia de la democracia para que las masas decidan el rumbo del país. Prometió que gobernará apoyada por plebiscitos populares. También dijo que ahora es el momento de cambiar el país, y defendió su promesa de campaña de convocar una Asamblea Constituyente para «refundar el país». Sin embargo, la declaración de fe en las virtudes de la democracia y de las instituciones burguesas ocultó las verdaderas determinaciones económicas y políticas que obligaron a los golpistas a reconocer la «victoria democrática» de Castro, y a aceptar el regreso al poder de quienes habían derrocado por medios no democráticos.
El golpe de Estado de 2009, con el apoyo del imperialismo estadounidense, demostró la eficacia de los golpes de Estado que preservan la caricatura de la democracia formal. Se estableció una dictadura civil que sobrevivió recurriendo al fraude electoral y a la centralización autoritaria de las instituciones. La decisión de las víctimas del golpe de participar en las elecciones fraudulentas demostró que los nacional-reformistas se habían acomodado a las condiciones impuestas por el golpe. Sin embargo, Honduras sufrió cuando la crisis económica de 2016, agravada por la explosión de la crisis pandémica, destruyó los raquíticos cimientos económicos y sociales del país centroamericano. La ruptura económica y social impulsó los negocios de la fracción burguesa vinculada al narcotráfico, constituyendo la actividad comercial más rentable del país. Esto terminó involucrando a altas personalidades políticas (Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, el presidente derrotado, así como el hijo del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, que gobernó el país entre 2010 y 2014, fueron encarcelados por narcotráfico en EEUU), desgranando a los gobiernos surgidos del golpe.
Honduras es el segundo país más pobre del continente, después de Haití. El 65% de la población se ha hundido en la pobreza extrema. El PIB ha disminuido un -7,5%. La desnacionalización y la destrucción de la economía han empujado a decenas de miles de hondureños a huir del país en dirección a Estados Unidos. Este flujo sirvió como fuente de divisas, procedentes de las remesas. (corresponden al 20% del PIB). Pero acabó siendo un problema para Estados Unidos, que se vio obligado a gastar miles de millones de dólares para contener la inmigración y subvencionar a los refugiados en su país.
Sin embargo, el mayor obstáculo para la permanencia del gobierno de Hernández fue el creciente descontento de la burguesía y de amplias capas de la clase media con el gobierno, incapaz de garantizar sus negocios y beneficios. Esto ocurría mientras las masas empezaban a romper el cerco de la militarización establecido tras el golpe, y a recurrir a la acción colectiva, en defensa de sus condiciones de vida. Los nacional-reformistas, por su parte, se mostraron dispuestos a dialogar con la clase empresarial y con EEUU, en busca de una solución conjunta a la crisis. Estas condiciones convergieron con el giro táctico del propio imperialismo, que vio inútil apoyar a gobiernos y partidos ya agotados. Sin el apoyo decisivo del imperialismo y de la burguesía nacional, rodeado de acusaciones y detenciones de familiares, el gobierno aceptó convocar elecciones sin fraude, lo que daría la victoria a Castro.
El nuevo gobierno se encontrará con el agravamiento de la pobreza y la miseria, y la continuación de la ofensiva burguesa contra la vida de las masas. Así, el camino del «Socialismo Democrático» que Castro prometió, como se propaga, gobernar en defensa de los pobres y miserables, sin tocar la propiedad privada, ni perturbar las ganancias de los monopolios, no será más que un programa asistencialista incompleto, ajustado a las necesidades de la burguesía interna y externa.
Por eso las masas se verán obligadas, por el propio curso de la crisis y la necesidad de satisfacer sus demandas más inmediatas de empleo y salario, a chocar con el nuevo gobierno de los nacional-reformistas. La experiencia les demostrará que el cambio de un gobierno criminal de derecha por uno reformista no alterará las relaciones de poder económico que están en la base de la barbarie social a gran escala.
La clase obrera, el campesinado y la pequeña burguesía urbana tendrán que completar la experiencia con el nacional-reformismo, incapaz de tocar la gran propiedad de los medios de producción, y romper con el imperialismo. La construcción del partido revolucionario, que encarna las tareas democráticas de la nación oprimida y prepara la lucha de clases para la revolución proletaria, es la condición para que los explotados logren la emancipación política de sus opresores.
(POR Brasil – MASSAS nº 654)