Honduras: La crisis política condiciona al nuevo gobierno

Los explotados deben emanciparse del gobierno impostor y luchar por su propio programa

 

La crisis política estalló hace quince días cuando, durante una sesión del Parlamento para elegir a las nuevas autoridades, se produjo una escisión en el seno del Partido Libertad y Refundación (Libre), el partido de la Presidenta. Decenas de diputados de este partido rechazaron el acuerdo preelectoral, firmado por Castro con Salvador Nasralla, que declinó ser el candidato del derechista Partido Salvador de Honduras (PSH), en favor de la actual presidenta, a cambio de la vicepresidencia ejecutiva y la presidencia del Parlamento. En la votación, ganó la facción liderada por Luis Redondo (PSH). Félix Cálix y 18 diputados disidentes del Partido Libre, junto con 43 diputados del Partido Nacional (del gobierno anterior), decidieron ignorar a la formación y convocaron una sesión paralela, que eligió otra composición parlamentaria. El funcionamiento paralelo de ambas facciones dictó el curso de la crisis política del gobierno.

Castro consideró a Cálix un traidor y expulsó al diputado y a sus seguidores de Libre. Resulta que el apoyo del oligarca PSH es clave para establecer un puente con sectores de la burguesía y la clase media acomodada. Redondo es la pieza clave en el objetivo del nuevo gobierno de contar con el apoyo de las fuerzas militares y policiales. Así es como un político inexpresivo, rechazado por las masas, se instala como hombre fuerte del gobierno. El acuerdo electoral demostró hasta qué punto Castro estaba orientado a firmar un acuerdo de convivencia con los mismos sectores que combatieron al gobierno de Manuel Zelaya, y que decidieron expulsarlo del gobierno con un golpe de Estado. Y la participación del FSH en el frente electoral indicaba la maniobra de la burguesía para condicionar al gobierno nacional-reformista desde dentro.

Está claro que la gobernabilidad del gobierno de Castro depende de las fuerzas burguesas, no del apoyo electoral de la población. Para que la presidenta no cumpla su promesa de acabar con la corrupción, desarrollar la economía y elevar las condiciones de vida de las masas. El programa nacional-reformista estaba muerto antes de que Castro fuera elegido presidente.

Aunque la máscara de Castro ha caído, sigue teniendo un importante apoyo popular. Castro lo sabe y maniobra para mantener estas ilusiones. Recientemente, dijo que lucharía por aprobar una modificación de la Ley de Energía, con el objetivo de proporcionar energía gratuita a más de un millón de personas pobres y miserables. Prometió, en la campaña electoral, que volvería a estatalizar la Empresa Nacional de Electricidad (ENEE). Así, para cumplir su palabra y garantizar la energía gratuita a los pobres y miserables, debería, por un lado, tomar medidas contra el elevado endeudamiento de la ENEE (80.000 millones) y, por otro, avanzar en el control del Estado sobre el suministro energético. Significa que la promesa no se cumplirá, sin que ella ataque los intereses del capital financiero y de los monopolios.

Sin embargo, la reestatización ya no está entre los planes de Castro. Antes de tomar posesión, dijo que reforzaría la seguridad jurídica del país. Es decir, no tocaría la gran propiedad privada. Castro sigue los pasos de Pedro Castillo, quien apenas asumió la presidencia del Perú, incumplió todas sus promesas y pasó a gobernar condicionado y subordinado al imperialismo y a la oligarquía nacional.

La victoria de Castro no significó la derrota del golpe y la dictadura civil impuesta tras el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009. Sólo encubrió la orientación del nacional-reformismo, para ajustarse al marco político y jurídico erigido en los últimos diez años. La aprobación de una u otra reforma o medida asistencialista no cambiará la dictadura capitalista sobre las masas hambrientas y miserables.

Los explotados hondureños se enfrentarán, en los próximos meses, a la quiebra del nacional-reformismo. El curso de la crisis económica y los continuos estragos de la pandemia los obligarán a chocar con el gobierno de Castro y las trabas de la dictadura civil. La ruptura de las ilusiones democráticas y su emancipación política, sin embargo, dependen de la lucha de la vanguardia por superar la crisis de dirección revolucionaria construyendo el partido marxista-leninista-trotskista. Sólo así será posible que la desilusión no se convierta en pasividad. Pero en el caso contrario, también es decisivo traducir los instintos de las revueltas en política revolucionaria.

La experiencia de las masas con el fracaso de los gobiernos nacional-reformistas que vuelven al poder del Estado debe servir a la vanguardia trotskista de América Latina, para ayudar a los explotados del continente a conquistar su independencia de clase, y asumir la estrategia de la revolución y dictadura proletaria, y dar pasos para reconstruir el Partido Mundial de la Revolución Socialista.
(POR Brasil – MASAS nº657)

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