La cuestión del poder
Cristina Kirchner nuevamente hace referencia que el gobierno puede tener un 20/25% del poder. Que el poder real son los terratenientes, las grandes empresas de servicios, los bancos, las petroleras, los medios de comunicación, etc.
Qué confesión de que el régimen político es la dictadura del capital, que el poder sigue en las mismas manos que en la dictadura militar, que bajo el menemismo o los gobiernos kirchneristas. Que una ínfima minoría tiene el poder real sea cual sea el resultado de las elecciones o la composición del Congreso.
Debemos pensar muy bien el contenido de esa confesión. El papel de todos los gobiernos es administrar los intereses generales de los poderosos, arbitrando entre sus distintas fracciones e intereses.
¿Cómo se termina con ese poder? ¿Cuándo la inmensa mayoría oprimida podrá alcanzar el poder? Es claro que no será por medio de las elecciones o de cuántos legisladores sumen en el Congreso. Es necesaria una revolución social que expropie los grandes medios de producción, transformándolos en propiedad social. Sólo por esta vía se pondrá fin a la dictadura del capital, no hay ninguna otra vía.
Esa revolución social, protagonizada por la mayoría oprimida, dirigida por la clase obrera, instaurará la dictadura del proletariado, la verdadera democracia para las mayorías.
Para que la clase obrera pueda jugar ese papel dirigente en la revolución debe construir su partido revolucionario, el que encarne esa estrategia de poder. Y deben construirse las organizaciones de masas que participen de esas luchas, se llamen asambleas populares, coordinadoras, etc.
El peronismo, que en alguna de sus etapas tuvo fuertes choques con algún sector del gran capital, es incapaz de avanzar sobre ese poder, de cuestionar la gran propiedad, por lo tanto no puede transformar la realidad para resolver los principales problemas de la mayoría. Sus sectores más críticos apenas reclaman una mejor distribución del ingreso, alguna que otra nacionalización, pero no pueden plantear la resolución efectiva de las tareas democráticas y nacionales pendientes, por eso se limitan a plantear estrategias electorales para ganar las próximas elecciones y los más radicalizados a pedir una nueva Constitución.