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Brasil: En defensa de una Petrobras totalmente estatal, bajo control obrero de la producción

¡Organizar inmediatamente la lucha contra las privatizaciones! ¡Que las centrales, los sindicatos y los movimientos convoquen un Día Nacional de Lucha, con huelgas y bloqueo

12 de julio de 2022 – POR Brasil

Está claro que Bolsonaro se apresura a avanzar en la privatización de Petrobras. El proyecto de ley 1583/22 pone fin al Fondo Social del Pre-sal, y anticipa la venta de la participación del Estado en áreas aún no licitadas del Pre-sal. El problema no está sólo en acabar con los recursos obligatorios dirigidos a la Educación, la Salud, el medio ambiente, etc., sino fundamentalmente en privatizar completamente Petrobras. Basta con ver lo que ha sucedido con Eletrobras, que fue entregada a grandes grupos económicos a través de la capitalización y venta de la transmisión de energía. Basta ver que el gobierno federal realizó, en marzo, la subasta de la Compañía de Muelles de Espírito Santo (Codesa). El plan para privatizar, mediante concesiones, los puertos de Santos, São Sebastião e Itajaí está en marcha. Hace tiempo que las empresas privadas controlan las operaciones de carga y descarga. El objetivo ahora es entregar la Autoridad Portuaria (Administração Portuária), que tiene la función de garantizar el control estatal de los puertos.

Las privatizaciones en su conjunto ponen a Brasil en una situación de mayor dependencia externa. El estatismo en los países semicoloniales -como es el caso de Brasil- es una forma de defensa nacional, aunque sirva a los intereses de la burguesía interna. Por eso las potencias y sus monopolios actúan con dureza contra los gobiernos que conservan o se valen del estatismo. Es bueno recordar que Estados Unidos apoyó y promovió el golpe de Estado de 1964 contra el gobierno nacionalista de João Goulart. El penúltimo gobierno militar, del general Geisel, estaba sometido a constantes presiones por parte de Estados Unidos, para que abandonara el estatismo en su plan de desarrollo. Uno de los objetivos de la democratización, que tuvo lugar a mediados de los años 80, era romper con el estatismo.

Ahora, el gobierno de Bolsonaro, partidario del golpe de 1964, avanza hacia la privatización de Petrobras y de Correos. Eletrobras ha recibido el golpe de gracia. Y los puertos están en el mismo camino. El ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, anunció como uno de sus principales objetivos administrativos la privatización de Petrobras. Tras la entrega de la generación y distribución de electricidad, llega la entrega del petróleo. Petrobras ya funciona como una empresa privada, aunque con control accionario del Estado. Su subordinación a las condiciones dictadas por los trusts petroleros internacionales atenta aún más contra la vida de la mayoría oprimida. El elevado precio de la gasolina y el gas se ha convertido en un factor básico en la espiral de inflación y el empeoramiento del coste de la vida. Se ha llegado al punto de que la autonomía administrativa y de gestión de Petrobras se ha convertido en un asunto de disputa entre las fuerzas políticas y las corporaciones empresariales. Esta autonomía se basa, sobre todo, en el capital imperialista.

Es bueno recurrir a la historia del estatismo y la desestatización. De este modo es posible comprender mejor el significado proimperialista de la privatización. Las fuerzas económicas multinacionales aprovecharon el impulso económico dado por el intervencionismo estatal en los años cuarenta y cincuenta. En particular, la industria del automóvil se aprovechó de la expansión del mercado interno, sofocando la embrionaria industria nacional. Con el fin de la dictadura militar, que preservó en gran medida el estatismo, los gobiernos elegidos y sus lacayos en el Congreso comenzaron a atacar el estatismo, es decir, a enterrar el nacionalismo burgués. Fernando Collor de Melo, Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso promovieron un amplio Plan Nacional de Privatización (PND). Respondían a los intereses de los capitalistas del momento en el sector siderúrgico (Usiminas, Acesita, Vale, CSN), la telefonía (Telebras) y la banca (privatización de los bancos estatales).

Bajo el gobierno de Collor, en 1992, se privatizó la Industria de Fertilizantes Fosfatados (Fosfértil), creada en 1977 por el gobierno militar nacionalista del general Ernesto Geisel. El gobierno golpista de Temer, en 2017, decidió acabar con las plantas de fertilizantes que pertenecían a Petrobras. Así, las unidades de Bahía y Sergipe fueron liquidadas. Bolsonaro completó la obra reaccionaria de su antecesor, cerrando la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (Fafen), y la Unidad Industrial que estaba en construcción en Três Lagoas (MT) fue entregada a una empresa rusa. Así, Brasil pasó a depender totalmente de las importaciones de fertilizantes, cuando tiene los recursos naturales e industriales para producirlos. Con la guerra de Ucrania, este producto escaseó y sus precios subieron. Salió a la luz la escandalosa desactivación de la industria nacional de fertilizantes.

El PT y Lula surgieron en medio de la crisis de la dictadura militar, y se fortalecieron con el movimiento democratizador de la burguesía brasileña, que contaba con el respaldo de Estados Unidos y otras potencias. El derrocamiento del gobierno francamente proimperialista de Fernando Henrique Cardoso hizo posible la llegada de Lula a la Presidencia de la República. Pronto se desmoronó la palabrería sobre la soberanía y el desarrollo nacional independiente. El gobierno del PT mantuvo la línea de las privatizaciones, adaptándola a la variante de las concesiones y las asociaciones público-privadas (PPP). Lula concluyó la privatización de los bancos estatales, entregó las autopistas federales y llevó a cabo la PPP de las centrales hidroeléctricas de Santo Antônio y Jirau. Dilma Rousseff entregó el campo de Libra (Presal) a un consorcio de empresas petroleras. Y se planificó la privatización de aeropuertos y puertos.

Como puede verse, los gobiernos de derecha, centro-derecha y centro-izquierda no diferían en su postura política frente a las exigencias del gran capital nacional y del imperialismo de desarmar al Estado del control de las ramas clave de la economía. La liquidación de las herencias del nacionalismo burgués por medio de la privatización ha conducido a medidas generalizadas a favor de la alta concentración de la riqueza en manos de una minoría. La contrarreforma laboral de Temer y la contrarreforma de las pensiones de Bolsonaro son reflejos de la misma política proimperialista de privatización

La promesa de impulsar un amplio desarrollo económico a través de la privatización ha resultado ser falsa. El país, durante décadas, ha mostrado un bajo crecimiento, con tendencia al estancamiento y la recesión. El desempleo y el subempleo han afectado a una parte importante de la población activa. La pobreza y la miseria han aumentado. Las privatizaciones sólo sirvieron al capital financiero, cuyo gigantesco excedente debe ser valorizado a cualquier precio. La entrega de los recursos naturales y de las empresas estatales rentables es una forma de parasitismo financiero. No se crean nuevas fábricas, sino que se adquieren activos ya depreciados a bajo valor. Y lo que es peor: Brasil ha sufrido una oleada de cierres de fábricas. Los ejemplos más flagrantes son Ford, LG, CaoaChery y Toyota. Incluso se reconoce que ha habido una desindustrialización del país.

Este limitado balance de las privatizaciones es suficiente para mostrar hasta qué punto la burguesía brasileña y sus dirigentes se han sometido a las determinaciones de la economía mundial, regida por un puñado de potencias imperialistas. Existe un claro vínculo entre la concentración de la riqueza y el saqueo imperialista; y entre éstos y la barbarie social. Este curso antinacional y antipopular, que tomó una forma particular tras el fin de la dictadura militar, revela históricamente la incapacidad de la burguesía nacional para garantizar la independencia y la soberanía del país. La tendencia es a avanzar aún más en la sumisión al imperialismo y a sacrificar aún más la vida de los explotados.

Sólo la clase obrera organizada e independiente de cualquiera de las variantes de la política burguesa puede esgrimir un programa de soberanía nacional. El problema es que no tiene una dirección revolucionaria. Esto debe resolverse en el proceso de la lucha de clases. Uno de los síntomas de la crisis de dirección aparece en la burocratización y estatización de los sindicatos. Así, en el seno del proletariado y demás trabajadores prevalece una política de conciliación de clases. Esta política es la principal responsable de que la clase obrera no haya podido transformar su resistencia a las privatizaciones en una lucha general contra la entrega de la burguesía nacional y el saqueo imperialista. La división del movimiento en numerosas centrales constituye un gran obstáculo para la independencia política de las organizaciones sindicales y la unidad del movimiento obrero.

Está claro que las direcciones colaboracionistas son las principales responsables de las privatizaciones. Ahora mismo, la clase obrera se enfrenta a la ofensiva de Bolsonaro contra Petrobras. O las direcciones sindicales organizan un movimiento nacional contra las privatizaciones y por la reestatización, bajo el control obrero de la producción, o se impondrá nuevamente la entrega de Petrobras. No será a través de la campaña electoral que los sindicatos se enfrentarán al programa de privatización de Bolsonaro. No será con la promesa de un nuevo gobierno burgués que los monopolios y el capital financiero renuncien a su apoderamiento del patrimonio público. Se trata de que los explotados rechacen el electoralismo y exijan la organización de la lucha colectiva por su propio programa de reivindicaciones.

Este Manifiesto del POR se dirige a la clase obrera y a todos los explotados. Es obligatorio exigir a las centrales, sindicatos y movimientos que rompan con la política de conciliación de clases y de sumisión a las fuerzas burguesas antinacionales y antipopulares. Deben defender la organización de un movimiento contra la privatización de Petrobras, de Correos, y por la reestatización sin indemnización de las empresas estatales privatizadas, bajo el control obrero de la producción. Que formen un frente único antiimperialista, en defensa de la independencia nacional y por un gobierno obrero y campesino. Que defiendan la estatización de las fábricas cerradas. Que planteen sus reivindicaciones en defensa de la mano de obra y de la vida de la mayoría oprimida, por el empleo, los salarios y los derechos laborales. Que convoquen inmediatamente un Día Nacional de Lucha, con paros y bloqueos para preparar las condiciones de una huelga general.

Esta manifestación de los petroleros y demás trabajadores también debe levantar la bandera del fin de la guerra en Ucrania. El imperialismo estadounidense y sus aliados europeos insisten en prolongar el conflicto, a pesar de que sus consecuencias han recaído brutalmente sobre los explotados de todo el mundo, principalmente en los países con economías atrasadas y los más pobres. El avance del hambre y la miseria es evidente. La pandemia los ha agravado y ahora, con la guerra, la inflación y el aumento del coste de la vida golpean duramente a la mayoría oprimida. El Partido Obrero Revolucionario llama a los sindicatos a luchar contra la guerra de dominación, la miseria y el hambre. Les pide que defiendan las banderas enarboladas por el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional: desmantelamiento de la OTAN, derogación de las sanciones económicas de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia, autodeterminación, integridad territorial y retirada de las tropas rusas de Ucrania.

¡Por el fin de las privatizaciones y la restauración de las empresas ya privatizadas, bajo el control obrero de la producción!

¡Abajo el proyecto de ley 1583/22!

¡Por el fin de la guerra en Ucrania!

(POR Brasil – masas nº669)

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