El gobierno presentó al Congreso el proyecto de presupuesto que previamente le aprobó el FMI
Como señalamos cada año un presupuesto debiera partir de definir un cuadro de situación que identifique cuáles son los principales problemas de la mayoría y cómo se resuelven, determinando cuáles son las prioridades, cuánto dinero es necesario y cómo se recauda.
Cuántas viviendas, cuántos hospitales, escuelas, cloacas, agua corriente, red de gas, rutas, trenes, barcos, etc. hacen falta, para realizar en cuánto tiempo.
Pero la burguesía parte de un criterio de clase absolutamente contrario, de espaldas a las necesidades de la mayoría, para poner a debate el presupuesto. Lo primero que hace es enviarlo a revisión del FMI para que lo autorice, viendo que se achican las partidas de “gastos” sociales para dejar un excedente para pagar las deudas.
Eso quiere decir que la inversión en obra pública debe estar recortada, como los presupuestos de salud y educación. Que los sueldos de los trabajadores estatales deben ajustarse como máximo en proporción a la inflación, sin incorporar nuevos trabajadores, los trabajadores contratados deben seguir en esa condición. Las jubilaciones deben liquidarse de acuerdo a la ley, para que representen un porcentaje cada vez menor del presupuesto. Reducir todos los subsidios de manera tal que los consumidores paguen tarifas y precios completos.
El gasto total previsto será el menor de este siglo. Menos del 20% del PIB. Sólo se prevé un 1,6% del PIB para obra pública.
Nada de avanzar sobre los monopolios, sobre la gran propiedad para que el Estado se apodere de sus rentas. Nada de subir los impuestos y gravar las ganancias extraordinarias o terminar con el contrabando. Para obtener más recursos. Pero si se consiguen más recursos por la vía que sea, se deben destinar a bajar el déficit o mejorar el superávit fiscal para tener más recursos para pagar la deuda, que es considerada como sagrada y todos sabemos que es un fraude.
Esta es la estructura del presupuesto nacional de una semicolonia, miserable. No hay ninguna política que promueva la industrialización del país. No hay políticas para terminar con el desempleo y el trabajo no registrado, para que los salarios alcancen para vivir como personas. No hay cómo defender este presupuesto, sin embargo no faltan los periodistas y economistas y opinadores que lo defienden, que dicen que por esta vía “mejorarán las condiciones de vida”, que es “equilibrado”, que “no hay ajuste”.
No hay república ni hay democracia. Un poder colocado por encima de la Nación, de su Estado, de sus instituciones decide la política económica que debe aplicarse para cobrarse deudas fraudulentas, decide que se debe avanzar con la entrega del litio, del gas, del petróleo, cobre, etc. para cobrarse esa deuda.
Sólo la clase obrera acaudillando a la mayoría oprimida puede terminar con la dictadura del capital, romper todas las cadenas que nos atan al imperialismo. La reciente huelga del neumático muestra qué clase puede enfrentarse consecuentemente con el imperialismo mientras el gobierno y la burocracia corren arrastrados detrás de las multinacionales.