Se agrava la falta de vivienda y el FMI exige que se achique la inversión en obra pública

En estos días, Alberto Fernández junto con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, entregaron este viernes la vivienda número 60.000, desde el comienzo de la gestión, en la localidad de General Roca. Y realizaron un acto para celebrarlo. (¡Son 20.000 por año!)

En marzo pasado en un acto en Salta decía: “llevamos entregadas 40.000 viviendas en todos los lugares del país”.

Macri hizo campaña electoral en 2015 diciendo que en 4 años construiría 1 millón de viviendas.

La estimación del déficit de vivienda supera los 3,5 millones de unidades. A un ritmo de 20.000 viviendas por año puede llevar 175 años terminar con ese déficit, si no contáramos que la población crece vegetativamente mucho más rápido que lo que se construye. Fernández se anima a decir con orgullo “somos los que más viviendas construimos” y lo hemos visto realizar decenas de actos prometiendo un impulso a la obra pública y resolver el problema de la vivienda.

La “solución” de Macri se basaba en promover los créditos privados, como negocio financiero, para impulsar la venta de propiedades.

La burguesía rechaza promover la inversión en obra pública porque un fuerte aumento de la cantidad de viviendas construidas haría bajar el precio de las viviendas existentes y de los alquileres, aunque el derecho al acceso a la vivienda digna es reconocido en el artículo 14 de su Constitución.

Y no solo en la Constitución, en 2013 se creó la ley 14.449 que se refiere al “Acceso Justo al Hábitat” en la provincia de Buenos Aires. Tenía por objetivo la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable en la Provincia de Buenos Aires. La ley buscaba “producir suelo urbano, facilitar la regulación urbana de barrios informales, atender las necesidades diversas sobre la demanda habitacional y generar nuevos recursos que busquen reducir las expectativas especulativas del valor del suelo”. Pero todo esto termina siendo papel mojado porque el Estado está en manos de una clase parasitaria, incapaz, sometida al capital financiero.

Justamente, lo más importante es la restricción del FMI que vigila las cuentas públicas y restringe la obra pública porque aumenta el déficit del presupuesto y eso conspira contra su exigencia de comprar dólares para pagar la deuda externa con ellos y con los acreedores privados.

Ningún gobierno capitalista podrá resolver el dramático problema de la vivienda por sus ataduras con el capital financiero y con los negocios inmobiliarios. Sólo la clase obrera en el poder, expropiando los grandes medios de producción, podrá planificar la economía poniéndola al servicio de la mayoría.

(nota de MASAS nº424)

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