La Fuerza Aérea fijó el 23 de diciembre como fecha para el traspaso, siendo que la toma de posesión de Lula tendrá lugar el 1 de enero. Según la información, el mismo movimiento se está produciendo con el Ejército y la Marina. Si, de hecho, esto ocurre, los nuevos generales ya estarían juramentados antes de que Bolsonaro transfiera la presidencia al nuevo gobierno. Esta anticipación tendría lugar antes de la toma de posesión del nuevo ministro de Defensa, que, como anunció un miembro del gabinete de transición, Aloísio Mercadante, será un civil.

Como los comandantes del candidato derrotado se involucraron en las elecciones, el PT entiende que este movimiento atípico es una forma de que los militares muestren su apoyo a Bolsonaro. Esta interpretación es posible. Pero es mucho más que un elogio para el ex presidente, que tanto bien ha hecho a las Fuerzas Armadas y, en particular, a los oficiales. Bolsonaro ha llenado los puestos del Estado con militares de diversos rangos. Se calcula que hay unos 6.000 puestos. La clave es que los comandantes de Bolsonaro están haciendo un gesto de insubordinación. Siguen la postura de Bolsonaro de no participar en la ceremonia de entrega de la presidencia a su contrincante.

Con el golpe de Estado de 2016, la instalación de la dictadura civil de transición de Temer y la llegada de Bolsonaro a la presidencia en 2018, los oficiales generales retomaron sus puestos al comando de la gobernabilidad, que habían perdido con el fin de la dictadura militar. Una de las medidas fue sustituir a un civil por un militar en la cartera de Defensa. El aparato de inteligencia, como Abin, fue reconstituido y abrió el camino para aumentar la influencia de las Fuerzas Armadas en todas las esferas de gobierno.

Ante el movimiento golpista de los camioneros y las protestas frente al cuartel instando a la intervención militar, los oficiales bolsonaristas fueron condescendientes. Sólo no fueron más allá de la actitud de apoyo político a los cortes de carretera, porque las condiciones no les permitían recurrir a un golpe de Estado. Todavía no se sabe si las demás fuerzas seguirán la decisión del mando de Aeronáutica. En cualquier caso, el signo de la insubordinación está indicando la profundidad de la crisis política e institucional, en medio de la cual se ha producido la radical polarización electoral y la estrechísima victoria de Lula.

Los primeros pasos en la formación del nuevo gobierno han puesto de manifiesto la fragilidad del PT y de sus aliados de izquierda, que han acabado totalmente en manos de un frente amplio con los viejos partidos oligárquicos y de centro izquierda. Todo indica también que el gobierno de Lula se inclinará por someterse a la tutela de las Fuerzas Armadas

El problema es que las organizaciones obreras -centrales y sindicatos- están completamente controladas por el PT y sus aliados. La lucha por la independencia organizativa y política del movimiento sindical y popular adquirirá dimensiones más dramáticas en el marco de la crisis política, que tiene todo para agravarse aún más. La defensa inmediata del programa de reivindicaciones de la clase obrera y de los demás explotados contra el gobierno de Lula es la base y el punto de partida para la organización de la resistencia obrera y popular a las medidas que seguirán descargando la crisis del capitalismo sobre la mayoría oprimida. También es el medio por el que la vanguardia con conciencia de clase combatirá las tendencias derechistas y fascistizantes del bolsonarismo.

(POR Brasil – Massas nº678)

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Hasta dónde llegó el golpismo bolsonarista

Valdemar Costa Neto, jefe del PL, presentó una demanda ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), solicitando la anulación de los votos emitidos en 279.300 urnas. Según la petición, había fallos en el sistema. El PL se basó en un informe del llamado Instituto del Voto Legal, bajo la responsabilidad de un ingeniero llamado Carlos Rocha. Costa Neto declaró que no era una acción del PL, probablemente porque había división en sus filas.

Por eso este hecho fue ridiculizado por los partidarios del PT y criticado por los partidarios del PSDB. Los medios de comunicación no podían tomarlo en serio. La opinión general es que es una iniciativa que ha nacido muerta. El TSE, en veinticuatro horas, denegó la solicitud. La calificó de pieza basada en «argumentos falsos» y de «mala fe». Como castigo, el ministro Alexandre de Moraes aplicó una fuerte multa a la coalición formada por el PL. En cuanto a Costa Neto, ordenó una investigación sobre la financiación de «movimientos antidemocráticos». Es muy probable que quede en nada. Pero la sanción al partido que ahora tiene el mayor número de escaños en el Senado y la Cámara de Diputados refleja la profunda crisis política, que tiene todo para empeorar bajo el gobierno de Lula.

El episodio, aunque grotesco, no debe descartarse sin más. El PL fue el partido que eligió más diputados y consiguió un número considerable de senadores. No hay que despreciar su influencia política. Se apoya en sectores de la burguesía oligárquica, en camadas populares y el aparato de las iglesias evangélicas. Este radio de acción política incluye a militares, policías e instituciones típicas de la sociedad civil.

No estaban dadas las condiciones para que Bolsonaro y sus generales reaccionaran a la derrota con un golpe de Estado. Pero, no por ello, han dejado de abrir el camino para hacerlo. No por casualidad, Costa Neto y el PL tenían en el cajón una acción de anulación de dichas urnas, que sería lo mismo que anular las elecciones.

Bolsonaro hizo todo lo que estaba en su mano para evitar que las elecciones se celebraran a través de las urnas electrónicas. No consiguió imponerse. Sus generales intervinieron en paralelo al TSE para controlar el proceso de votación. No pudieron demostrar el fraude. Un grupo de empresarios bolsonaristas organizó cortes de carretera con los camioneros en prácticamente todo el país. Y un contingente de manifestantes se apostó frente al cuartel.

La bandera de la anulación de las elecciones y la intervención de las Fuerzas Armadas se agitó en lo que era claramente un movimiento golpista. La crisis política se agravó, en la que se enfrentaron los poderes del Estado. No derivó en enfrentamientos generalizados entre las propias fuerzas burguesas polarizadas electoralmente, porque el mayor peso de la fracción burguesa, rodeada por el imperialismo, se inclinó por la legalidad, la concordia y la toma de posesión del nuevo gobierno. El poder legislativo y el judicial expresaron este peso antigolpista, que fue seguido por casi toda la prensa.

Sin duda, desde las manifestaciones de 2013 y el impeachment de Dilma Rousseff en 2016, los actuales bloqueos y manifestaciones de barricadas han reflejado la más profunda crisis política. La solicitud de Costa Neto al TSE estaba en el cajón. Al no poder servir de pieza a un golpe, que para ello tendría que contar con el movimiento de los militares, acabó siendo anunciado tras la dispersión de los bloqueos. En algunos estados, principalmente en Mato Grosso y Santa Catarina, también fracasó el intento de volver a levantar los bloqueos, lo que daría pie a la acción del PL.

Este proceso demuestra que no se puede despreciar la enorme importancia del movimiento golpista, encabezado por la ultraderecha, simplemente porque no se dieron las condiciones para un golpe de Estado. Lo fundamental es que el regreso de Lula a la presidencia estuvo precedido por la gestación de un golpe de Estado. Todo indica que el intento fracasó, pero el germen del movimiento fascistizante de ultraderecha permanece.

El camino del golpe ha fracasado o fracasará, debido a la propia división entre la burguesía y la posición contraria del imperialismo. Distinto sería si fracasara por la intervención de la clase obrera y los demás explotados contra el movimiento de la ultraderecha y su tendencia fascistizante.

La pasividad de las capas populares opuestas al golpe se debe precisamente a la subordinación del PT, de su alianza electoral, de Lula y de la burocracia sindical a la división e institucionalidad interburguesa. Ahí radica una parte importante de la razón de la pasividad que reinaba en las fábricas, en los barrios, en las escuelas, en el campo, etc. Un paso dado por el proletariado, incluso en defensa de las libertades democráticas y contra el movimiento golpista, abriría el camino a la lucha de clases y plantearía la necesidad de organizarse en el ámbito de la independencia política.

Este proceso global indica que la crisis política se agravará aún más bajo el gobierno de Lula. La vanguardia con conciencia de clase debe guiarse por la defensa, propaganda y agitación del programa de los explotados. La estrategia que guía las luchas es la de la revolución y la dictadura proletaria, la del gobierno obrero y campesino. Sólo con las banderas que unifican y movilizan a la clase obrera, al resto de los trabajadores y a la juventud, se puede combatir, por un lado, al gobierno burgués de Lula y, por otro, a la ultraderecha golpista. Este es, al parecer, el cambio en la situación que requerirá que la vanguardia realice ajustes tácticos en el próximo período.

(POR Brasil – Massas nº678)