La Cámara de Comercio de EEUU (AmCham) y las poderosas Cámaras empresarias nacionales se pronunciaron otra vez en defensa de la Corte
La disputa entre el Gobierno nacional y la Corte puede parecer alejada de las preocupaciones de las masas y que por lo tanto no tiene relevancia.
Sin embargo nos parece que debemos prestar atención al conflicto ya que aparecen otra vez en un bloque todas las organizaciones empresarias que estuvieron detrás de todos los golpes militares y de las mayores represiones contra la clase obrera y los oprimidos: la AmCham (Cámara de Comercio de EEUU en Argentina), el Foro de Convergencia Empresaria, la AEA y la Sociedad Rural.
Amenazan diciendo que es “un conflicto con capacidad de desarticular el escenario de normalización de la economía”. Que “al inversor extranjero no le cierra que el mismo gobierno que quiere promover inversiones, torpedee al poder que tiene que actuar como garante. Y que en el mismo acto, pueda causar una parálisis del Congreso, la institución que debe sancionar leyes que reclama su ministro de Economía”.
Su bandera es precisa: la Corte no se toca, es la garantía última de todos sus privilegios y posesiones. Este solo hecho nos debe llamar la atención. Está actuando el poder real de la dictadura del capital, haciendo sentir todo su peso al Gobierno, mostrándole quién manda.
¿En qué consiste el enfrentamiento?
En septiembre 2020 el gobierno de Fernández redujo a 2,32% y luego al 1,40% la coparticipación que percibía la Capital al considerar excesivo el 3,5% que le había asignado Macri para compensar el mayor costo por hacerse cargo de la Policía Federal en la Ciudad (originalmente la había elevado al 3,75%). ¿Qué es la coparticipación? Es el porcentaje que le corresponde a cada provincia en la distribución de una parte de la recaudación nacional de impuestos.
El Gobierno de Rodríguez Larreta, de la Ciudad, apeló la medida a la Corte Suprema, reclamando que le reintegren el % que decidió Macri.
La Corte Suprema resolvió a fines de diciembre reconocer el reclamo de la Ciudad y obliga al Gobierno nacional a transferirle los fondos que dejó de girarle.
Este fallo fue rechazado por el Gobierno nacional y la mayoría de los gobernadores, diciendo que afectaba el federalismo y una distribución más equitativa de los recursos.
No hubo un estudio para determinar cuánto efectivamente significó el costo de traspasar la policía. Hubo una decisión arbitraria de Macri al determinar un % tan elevado de coparticipación que triplicaba el porcentaje que percibía. Tampoco cómo se determina la suma de 180.000 millones de pesos que la Corte le ordena a la Nación pagar a la Capital.
Parece otra decisión arbitraria de la Corte para favorecer a Larreta, por orden del poder económico y los grandes medios. Y que está adoptando decisiones económicas y financieras que corresponderían al Congreso o al poder ejecutivo. Acatar esta decisión significa alterar el presupuesto nacional votado por mayoría en el Congreso.
Sobre esta base el Gobierno inicia un proceso de juicio político a la Corte Suprema.
¿Por qué el gobierno retrocedió de su posición inicial de desconocer el fallo de la Corte?
La primer decisión fue “no acatar” el fallo. A los pocos días dio marcha atrás resolviendo acatar y pagar con bonos. Recordamos que las decisiones de la Corte son “inapelables”.
El Gobierno retrocedió ante el embate del poder económico, como sucedió tantas veces, exhibiendo toda su cobardía y sometimiento colonial. No solo del gobierno sino también de los gobiernos provinciales y las organizaciones políticas contrarias a las políticas de la Corte. Ninguno pasó de la crítica discursiva. Sostener la postura de “no acatar” significaba salir a dar una dura lucha política y correr todos los riesgos que había que correr.
La presión de las Cámaras empresarias más poderosas diciendo que no se puede desconocer un fallo de la Corte, fue encabezada por la Cámara de las transnacionales de EEUU. Afirman que se trata de “un quiebre institucional del sistema republicano, y poniendo en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución Nacional”.
La AmCham dice que: “Argumentar que el fallo es ‘de imposible cumplimiento’, la adecuación de los fondos asignados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y solicitar la revocación del mismo, no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano… Siendo esta la característica fundamental de todo país democrático, y la estabilidad institucional, indispensable para motorizar el desarrollo tan necesario”.
Es una burla y una provocación gigante que estas gentes bañadas de sangre, que saquean el país, hablen de legalidad, democracia, república, estabilidad institucional, de defender la Constitución. Debemos tener claro que ellos son, sin disfraces, los enemigos de la Nación y los trabajadores, ellos son los responsables de la situación que vivimos, con esa clase capitalista debemos terminar. Todos los gobiernos se subordinan a sus mandatos.
Sobre el federalismo
Fernández no defiende a la Nación y al federalismo. Un gobierno que se sometió al programa del FMI y reconoció toda la deuda fraudulenta no defiende a la Nación y las provincias, contribuye a su sometimiento y saqueo. Es un gobierno cobarde e incapaz. No hay que dar ni un gramo de confianza a este gobierno porque traicionará cualquier ilusión de resistencia que quiera despertar.
Tampoco Larreta defiende a los habitantes de la Ciudad, que no puede explicar cómo se utilizaron esos fondos extraordinarios que recibió desde 2016 para mejorar la situación de los porteños, donde creció la pobreza y la indigencia, donde todos los años se repite la falta de vacantes para miles de niños en las escuelas y donde los profesionales de la salud vienen de librar una dura lucha de dos meses por salarios denunciando las carencias de infraestructura e insumos básicos.
Este es el destino fatal de todos los gobiernos burgueses, terminar de rodillas frente al imperialismo, frente a los grandes capitales nacionales y las oligarquía. Sólo la clase obrera puede expresar consciente y consecuentemente el interés de la lucha por terminar con la dominación colonial del país, luchando por su propio poder político.
(nota de MASAS nº428)
