El jueves 26 de enero, Cochabamba fue escenario de una multitudinaria movilización convocada por la Central Obrera Departamental, medida que se adoptó en un ampliado anterior por la presión de los diferentes sectores que están sufriendo despidos, incumplimiento en el pago de sueldos y salarios y las arbitrariedades de la patronal; fabriles, constructores, maestros, trabajadores en caminos y otros sectores han denunciado que están siendo objeto de la arremetida de los patrones y de las autoridades y sus conquistas sociales están siendo sistemáticamente desconocidas. Los sectores cuentapropistas también han hecho conocer que, por la agudización de la crisis económica, sus actividades están sufriendo una sensible disminución con la caída dramática de sus ingresos; los comerciantes minoristas han hecho conocer que, durante las fiestas de fin de año, han caído considerablemente las ventas y que se han quedado con sus mercaderías almacenadas. El magisterio también ha denunciado que el gobierno está ejecutando una malla curricular modificada donde se incorporan conocimientos nuevos sin carga horaria ni presupuesto, recortando horas a las materias instrumentales (matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y naturales), provocando una mayor caída de la calidad de la educación y obligando a los padres de familia a cargar con una parte del costo educativo.

Es sensible el malestar social por los efectos de la crisis económica y la incapacidad del gobierno para atender las exigencias de los sectores; sólo así se puede explicar cómo, unas pocas semanas después de las fiestas de navidad y año nuevo, la gente desesperadamente exige salir a las calles y realizar medias de presión para ser escuchados por sus dirigentes y por las autoridades.

La particularidad de la movilización que estamos comentando, donde los trabajadores fabriles se han volcado masivamente, consiste en que ha sido una larga fila muda recorriendo avenidas y calles, sin consignas ni carteles que denuncien el drama económico–social que están viviendo, aunque en los rostros de los trabajadores de podía percibir la bronca y la impotencia frente a la difícil situación en que se encuentran. Mucho más lamentable las intervenciones de los dirigentes tanto de los fabriles como de la COD, huecos de contenido y que ni siquiera han hecho referencia a la difícil situación en que se encuentran sus bases; ha tenido que ser un representante del magisterio urbano quién denuncie que los trabajadores de muchas empresas, ganando sendos amparos constitucionales, son sistemáticamente burlados por la patronal con la complicidad de las autoridades del Ministerio del Trabajo y de los mismos dirigentes sindicales burocratizados.

Esta marcha de los trabajadores del Valle está mostrando la falta de dirección y de un programa de lucha que guíe la lucha de los explotados y oprimidos del país. Surge como un imperativo del momento la necesidad de echar de los sindicatos a la burocracia oficialista que sigue siendo un obstáculo para la organización y la movilización de las bases.

(POR Bolivia – MASAS 2731)

---

SOBRE EL CARÁCTER PROIMPERIALISTA DEL GOBIERNO DEL M.A.S.

El empresario potosino, Orlando Careaga, ha denunciado que la mina San Cristóbal, yacimiento de plata, zinc y plomo que se encuentra en Potosí, pasó a manos de capitales canadienses porque el Gobierno prefirió a extranjeros. “Ustedes se deben acordar que los empresarios bolivianos estábamos prácticamente casi a punto de adquirir esta empresa, pero siempre han preferido a empresas transnacionales”, sostuvo. Lamentó que otra vez “burlen a los potosinos, porque los recursos y las utilidades saldrán del país y de Potosí.” En octubre de 2021, los empresarios Luis Fernando Barbery y Orlando Careaga anunciaron la compra de la Empresa Minera San Cristóbal. Informaron que estaban en plena negociación y que ya existía un acuerdo de confidencialidad con la empresa japonesa. Pero al final, la compañía japonesa Sumitomo Corporation transfirió el 100% de sus acciones de la mina San Cristóbal a la empresa de capitales canadienses San Cristóbal Mining Inc. (SCM) con sede en West Pender, Vancouver, Canadá dirigida por Quinton Hennigh.

Hay que tener en cuenta que SUMITOMO, como empresa transnacional privada, es la que decide con quien negocia y a quien vende finalmente sus acciones según su conveniencia. Pero, de ser cierto que el Gobierno hubiese intervenido de alguna manera para vetar a ese consorcio de empresarios nacionales, que -dicho sea de paso- no por ser nacionales dejarían de ser unos chupa-sangres, no nos debiera sorprender porque el carácter pro-imperialista del gobierno del MAS está fuera de discusión.

El gobierno de Evo Morales y de su vicepresidente García Linera, estuvieron “íntimamente” ligados a la SUMITOMO, con bajísimos impuestos y regalías a pagar. El hermano de Sacha Lorenti fue ejecutivo de la Minera San Cristobal S.A., y García Linera la defendió a capa y espada ante planteamientos de nacionalización en Potosí.

Otro caso conocido de la vinculación de funcionarios del gobierno con las transnacionales: En enero del 2020 el exministro de Minería y Metalurgia, Carlos Fernando Huallpa, reveló que el exministro de esa cartera de Estado, César Navarro, era socio estratégico de la canadiense Empresa Minera Alcira S. A., y era quien firmaba a favor de ésta varias concesiones mineras, entre ellas, la entrega de 70 cuadrículas riquísimas en plata. En enero de 2019, Alcira S.A., firmó un contrato con la Comibol para realizar actividades en el distrito minero de Colavi-Canutillos-Machacamarca en el departamento de Potosí, en el que hoy opera la transnacional canadiense anunciando al mundo su proyecto “Silver Sand” como uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo.

Cuando se trata del sector de hidrocarburos, minería y todo lo que se refiere a recursos naturales, el M.A.S. prioriza el ingreso de grandes capitales imperialistas (“aliados estratégicos”) a cambio de rentas miserables para el Estado.

El indigenismo posmoderno, falso socialista, para nada constituye una respuesta al atraso precapitalista del país, por el contrario, mantiene la política extractivista de saqueo centenario de nuestra economía y sometimiento al imperialismo. Su política económica tiene como uno de sus pilares su alianza con capitales monopólicos extranjeros, a los que descaradamente llama, “socios y no patrones”.

¿Su motivo? Generar dinero fresco para alimentar el funcionamiento de su “modelo económico social comunitario y productivo”, y mantenerse en el poder como proyecto político, buscando para Arce Catacora y su fracción, la reelección en los comicios del 2025.

(POR Bolivia – MASAS 2731)