Las empresas que desabastecen, atentando contra la alimentación y la salud de la población, deben ser expropiadas y estatizadas bajo control obrero colectivo
El INDEC dio a conocer que la canasta básica que mide la pobreza aumentó 100,3% en el año, más del 94,8% que marcó el Índice de Precios al Consumidor a lo largo del 2022. Solo una minoría de trabajadores pudo empatar o apenas superar esa inflación.
El programa de “Precios Justos” empezó el 11 de noviembre, vigente hasta el 31 de marzo, con el objetivo de extenderlo cuatro meses más o todo el año. Precios Justos arrancó con un abastecimiento del 70%. A fines de diciembre, cayó fuertemente el volumen entregado, y en las primeras semanas de enero apareció de forma más dramática y visible con góndolas directamente vacías y productos que no se consiguen.
De las 30 empresas más grandes del programa “Precios Justos”, que estableció aumentos acordados de los precios de cerca de 2.000 productos de la canasta básica, cerca de 25 entregan menos de la mitad de la mercadería demandada. Sólo cinco firmas aportan productos del plan por encima del 50% y apenas dos están arriba del 80%.
Ante la intervención de gremios como Camioneros, movimientos de desocupados, de hacer un relevamiento del abastecimiento de los productos y sus precios, del programa “Precios Justos”, supermercados e industria, con sus medios de comunicación, armaron un frente antigremios y piqueteros. Hicieron un escándalo mediático en defensa de desabastecedores y remarcadores de precios.
Las empresas quieren sacar del medio a las agrupaciones, mostrando que les preocupa que se den a conocer sus maniobras. Necesitan total impunidad.
El Cronista, defendiendo los intereses de las empresas, informa que “las empresas no tuvieron más remedio que abrir las puertas de sus depósitos y centros de logística a dirigentes de Camioneros que, sin ningún respaldo legal, les pedían revisar sus stocks para tratar de detectar incumplimientos en sus compromisos de abastecimiento. Las multinacionales no sabían cómo explicar a sus matrices semejante movida, y ni los propios funcionarios encontraban palabras para justificarla”.
La oposición burguesa también cuestiona las revisiones y habilita formas de denuncia contra los controlantes.
Quieren repetir las mismas maniobras de siempre: firman un acuerdo de precios, le sacan algunas ventajas al gobierno y siguen haciendo lo mismo de siempre.
El poder económico rechaza los controles de camioneros. No quieren ninguna forma de control. La Secretaría de Comercio los presiona diciendo que prepara acciones para elevar la participación popular en los controles del acuerdo.
Ante la presión de las empresas, el equipo económico empezó a desandar lo que denominaban “control de precios militante”, chantajeando con que “ponían en riesgo la renegociación del plan de Precios Justos, que podría no continuar”.
No alcanza con las multas. Las empresas se ríen. Consiguen jueces que se las quitan o rebajan. El aumento en los montos de las multas para las empresas incumplidoras -numerosas, y algunas de las más grandes- ya está probado que no sirve.
El alza permanente e indiscriminado de los precios tiene entre sus causas fundamentales la elevada concentración monopólica en la producción y distribución de los principales productos.
Debemos tener cuidado en cómo se presenta el tema de la participación popular en el control de precios. Por un lado es una confesión del gobierno, del Estado, de su impotencia para obligar a las empresas a que cumplan con sus acuerdos. El peligro es que pretenda utilizar a los trabajadores como instrumento del Estado capitalista, aunque moleste mucho a los empresarios.
Los trabajadores sí podemos tomar el control de la producción y la distribución, colectivamente, desde cada empresa, para revisar cuánto se produce, qué se produce, dónde se distribuye y cuáles son los costos reales, qué hacen con sus ganancias, etc. Y hacer pública esa información. Los trabajadores podemos exigir que las empresas abran sus libros, queremos conocer sus verdaderos números, todas sus operaciones. Así actuaremos en defensa propia y de la gran mayoría oprimida que es saqueada por las empresas. El control debe nacer en las distintas etapas de producción.
Este tipo de control es cualitativamente distinto del que se pretende desde el gobierno que quiere convertirnos en su instrumento.
Lo que corresponde es terminar con toda forma especulación y desabastecimiento por parte de los monopolización en la producción y distribución. Las empresas ni siquiera quieren cumplir la llamada “ley de góndolas” o con la exhibición de los precios en las etiquetas, ni con las leyes de abastecimiento. Lo que corresponde es confiscarlas inmediatamente y ponerlas a trabajar bajo control obrero colectivo.
Algunas de las empresas que desabastecieron:
Fargo: empresa de panificados, que tiene alrededor de 20 productos en Precios Justos, envió en los últimos 15 días sólo el 19% de lo que le demandaron los supermercados.
Arcor: la alimenticia de los Pagani cumplió con el 32%.
Bagley: producción de galletas saladas y dulces, también propiedad de Arcor, tiene 27 productos en el programa, entregó el 59% de la mercadería pedida.
Café La Virginia: elaboración de infusiones, que también aporta café La Morenita, no está entregando nada.
Quilmes: cervecería, un 28% promedio para su gama de productos.
Pepsi: cumplió sólo con el 38%.
Colgate Palmolive: la empresa de pastas dentales y jabones cumplió con un 64% del abastecimiento
Danone: la alimenticia francesa vendió el 53% de lo pedido por los supermercados.
Las Marías: elabora yerba, que produce entre otras marcas a Unión, proveyó 30% promedio.
Johnson y Johnson: la empresa de EEUU 23%.
Loreal: la compañía francesa de cosméticos y belleza entregó solo un 18%.
Kimberly Clark: una de las multinacionales líderes en productos de higiene a nivel mundial aportó un 42%.
Unilever: la marca que elabora mercadería de limpieza y alimentos vendió por un 52%.
Procter and Gamble: conocida como P&G, la empresa de EEUU de bienes de consumo entregó 37%.
Nestlé: la multinacional suiza dedicada a los dulces, aguas y bebidas abasteció un 52%.
Mondelez: la exKraft nivel de entrega del 64%.
Quickfood: la marca de carnes congeladas 53%.
Morixe: la harinera vendió un 31%.
Molinos Río de la Plata: empresa líder de la industria alimentaria en América Latina entregó un 35%.
Papelera del Plata: gigante nacional del papel sólo 32%.
Manfrey: la fábrica láctea aportó al programa sólo 28%.
(nota de MASAS nº429)
