¡El litio se está regalando! Terminemos con el saqueo
No se debe exportar un gramo de litio sin procesar
No es el país el que planifica el mejor uso de sus recursos en función de sus prioridades sino las transnacionales que planifican cómo apropiarse de nuestra riqueza. La industrialización del país es una tarea que la burguesía no pudo cumplir, y que lo que se desarrolló en el siglo pasado comenzó a destruirlo, privilegiando la primarización de la economía. El ordenador de la economía no debe ser nunca pagar la deuda externa fraudulenta o alimentar los bolsillos de una clase parasitaria y en descomposición.
La industrialización debe tener un carácter federal para desarrollarse cerca de las zonas de producción, y también se debe tener el extremo cuidado de cómo se transformará la vida de las poblaciones que viven actualmente y desde hace siglos. Cómo se utilizará el agua, como evitar las contaminaciones.
Hay entrega por parte de los gobiernos, hay corrupción. La diferencia entre exportar una tonelada de litio en bruto y otra producida puede ser de 100 veces. Son decenas de miles de millones de dólares. Ese es el tamaño de la gigantesca corrupción empresario-gubernamental que quiere acelerar la exportación del litio sin procesar. Cuando hablamos de industrializar no nos referimos a la transformación del litio en hidróxido de litio, que involucra un proceso químico, con plantas industriales, porque no deja de ser una incorporación mínima de valor. Nos referimos a la producción de baterías.
Todas las denuncias son muy valiosas pero es necesario pasar a la acción, para impedir que se apropien de este recurso esencial. La clase obrera que no tiene ninguna atadura con el capital es la única que puede encabezar esta lucha, con sus propios métodos, que tiene una importancia vital.
En los proyectos no se discute qué pasa con los pueblos que habitan hace cientos de años en las zonas litíferas, qué pasa con el agua, con su economía. ¿Quién representa sus intereses? Gobierno y oposición actúan en bloque en defensa del interés de las transnacionales. No puede haber un proyecto nacional sin contemplar sus intereses. Los gobiernos y las empresas sólo defienden y aplican las leyes que garantizan la gran propiedad y sus ganancias, aquellas leyes que puedan poner un límite a su voracidad son desechadas, son letra muerta.
Toda la legislación antinacional debe ser derogada. Cualquier Ley que vaya en contra del interés general de los oprimidos debe ser derogada, no se puede aceptar que en nombre de la seguridad jurídica para los capitales parasitarios se defienda legislación preparada por ellos. Hay plena coincidencia entre oficialismo y oposición en que las leyes antinacionales deben permanecer y ser respetadas, porque es mandato del capital financiero.