Brasil: Una secuencia de los actos golpistas
Fuerzas ultraderechistas planearon un golpe de Estado para impedir la asunción de Lula, elegido el 30 de octubre de 2022. Lo intentaron la noche de la entrega del diploma al nuevo Gobierno por parte del TSE, el 12 de diciembre, con Bolsonaro aún en Brasil. Como no tuvo éxito, el atentado debería tener lugar el día de la toma de posesión, con Bolsonaro ya fuera del país. Sin embargo, la presencia masiva de simpatizantes del PT y el fuerte dispositivo de seguridad montado, la ofensiva se programó para finales de la semana siguiente. Una horda, financiada por empresarios de extrema derecha y propietarios de iglesias evangélicas, tomó Brasilia desde el sábado para la invasión del Palacio de los Tres Poderes, que se materializó el domingo 8 de enero.
Breve informe sobre la invasión del 8 de enero
Reflejada por toda la prensa brasileña e internacional, una masa de invasores fue transportada a la capital, con por capitalistas y partidarios de Bolsonaro. Vestidos de verde y amarillo, una masa de simpatizantes de Bolsonaro entró en el Palacio de Planalto, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo (STF), sin ningún tipo de represión por parte de la seguridad pública.
Tras una caminata de 8 km, unas 5.000 personas, que gritaban y levantaban pancartas pidiendo la intervención militar, atravesaron una pequeña barrera policial y subieron por la rampa del Congreso. La connivencia de la policía, las fuerzas armadas y el gobernador del Distrito Federal (Ibaneis Rocha) fue difundida por los medios de comunicación. Esta connivencia formaba parte del plan golpista, que contó con la salida de Brasil de Bolsonaro y de su exministro de Defensa y secretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, que viajaron a Estados Unidos.
La acción de los invasores de destruir objetos históricos y obras de arte, romper documentos, apropiarse de armas y destrozar los plenos del Congreso y del STF fue rápidamente condenada por casi todas las fuerzas burguesas, las instituciones del Estado y la prensa. La respuesta inmediata de rechazo a la invasión de las potencias imperialistas fue también decisiva para armar, en pocas horas, un movimiento general contra el fallido golpe de Estado de los bolsonaristas. Sólo cuando todo se hizo público, la policía desalojó a los invasores, deteniendo a unas 1.500 personas.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, ofreció una rueda de prensa en la que anunció la intervención federal en la seguridad pública del DF hasta finales de enero y el nombramiento de Ricardo Garcia Cappelli, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del gobierno Lula, para asumir el cargo. Se adoptó una secuencia de medidas, entre ellas la retirada de Anderson Torres y la solicitud de que el STF ordenara su detención. Entonces, el STF también se decidió por la remoción de Ibaneis Rocha. El discurso de arresto ejemplar y castigo a los invasores se convirtió en la tónica de la manifestación de Lula, su ministro Paulo Pimenta y autoridades en general. El Congreso Nacional y el Poder Judicial se manifestaron como instituciones de Estado condenando la invasión y depredación de los predios de las Tres Potencias. Lula convocó a los gobernadores para completar una reacción institucional contra el intento de golpe.
La prensa nacional e internacional comenzó a cantar las alabanzas de la campaña en defensa del «Estado de Derecho», de la «Constitución», de la «democracia», contra la «violencia» y el respeto a los resultados de las elecciones, además de vincular esta acción en Brasilia con la ocurrida en el Capitolio, en Estados Unidos, en el momento de la derrota electoral de Trump. No dejaron de señalar que en Estados Unidos los invasores querían impedir la confirmación de la victoria electoral de Biden, y en Brasil exigían la intervención de las Fuerzas Armadas contra el regreso de Lula al mando del Estado.
Tres actos golpistas fueron decisivos para arrastrar a una capa de la población
Desde 2020, con el agravamiento de la crisis económica y de la pandemia, la crisis política se profundizó y una parte que apoyó a Bolsonaro en las elecciones de 2018 se fue alejando del gobierno, que se había posicionado en contra de la vacunación masiva y de la política de «aislamiento social» de los gobernadores, encabezada por João Doria y apoyada por el STF. Las declaraciones ultraderechistas de Bolsonaro, sin embargo, siguieron sirviendo de motivo para sus seguidores y apoyos, como el capitalista dueño de la cadena de tiendas Havan.
En marzo de 2020, Bolsonaro participó en una manifestación a favor de la intervención militar y llegó a encabezar las caravanas de vehículos en varios estados, que reunieron a bolsonaristas y pancartas pidiendo la intervención militar. Pero fue en 2021 cuando comenzaron los actos golpistas que congregaron a miles de personas vestidas de amarillo y verde en señal de «patriotismo». En julio de ese año, comenzó un ataque contra las urnas electrónicas y las decisiones del Tribunal Electoral (TSE), en la figura del ministro Alexandre de Moraes. La manifestación del 7 de septiembre en Brasilia contó con la participación de miles de personas, bajo el discurso a favor del voto impreso y contra las detenciones de dirigentes bolsonaristas, como el parlamentario Daniel Silveira. No pocas pancartas se alzaron contra el «comunismo», en referencia al PT.
Las manifestaciones en São Paulo, Río de Janeiro y otras capitales sirvieron de apoyo al discurso antidemocrático e intervencionista de Bolsonaro. El lema bolsonarista «Dios, Patria y Libertad» y «Brasil por encima de todo, Dios por encima de todo», presente desde las elecciones de 2018, se propagó en estas manifestaciones golpistas, a las que ahora se suma «impeachment a Xandão» (Alexandre de Moraes). Cabe destacar que voceros vinculados al gobierno le aconsejaron contener el avance del enfrentamiento con el STF y STE, en el sentido de «bajar la temperatura». Lo que ya se había vuelto inviable.
En el periódico Masas, el 9 de septiembre de 2021, el POR dio a conocer la «Decimosexta Carta del Partido Obrero Revolucionario a los trabajadores y a la juventud oprimida». «Sólo la clase obrera puede encarnar una salida revolucionaria a la profunda crisis política». Destacamos de esta carta dos pasajes que recogen la respuesta del partido.
1) «Las manifestaciones de Bolsonaro del 7 de septiembre fueron en contra de la posición de las organizaciones capitalistas más influyentes, entre ellas Febraban, que llamaron a la «pacificación». Es decir, que Bolsonaro se ajuste a las decisiones del Legislativo y del Judicial. La oposición de centroderecha, desde el PSDB hasta el DEM, condenó las ofensas de Bolsonaro contra los ministros del STF y prometió avanzar hacia el impeachment. El presidente del STF, Luiz Fux, se sintió envalentonado para defender la «democracia». (…) Todo indica que Bolsonaro consiguió volver el hechizo contra el brujo. El bloqueo de las carreteras por un sector corporativo de camioneros agravará aún más la división interburguesa y, por tanto, la crisis política»(…)» «El hecho de que el proletariado esté contenido por la política de colaboración de clases facilita a la burguesía encontrar una salida institucional» (…). Por estar sometidas a la política del PT, estas direcciones «no reaccionaron ante la acción de la ultraderecha, que jugó una carta golpista, aunque sin posibilidad de realizar el objetivo dictatorial».
2) «El Partido Obrero Revolucionario ha concentrado sus esfuerzos en la campaña para defender el programa de reivindicaciones de los explotados, que adopta la forma de una Carta de Reivindicaciones. Está colocada la constitución de un frente de combate por esa Carta de Reivindicaciones, por el método de acción directa y por la organización independiente de los explotados, ante las divisiones interburguesas y las soluciones capitalistas a la crisis de gobernabilidad.”
En 2022, se reforzaron los actos ultraderechistas, apuntando a la reelección de Bolsonaro. Sus partidarios aprovecharon la celebración de los 200 años de independencia de Brasil y celebraron multitudinarias manifestaciones en varias capitales. Todas ellas marcadas por el discurso golpista, las falsificaciones y los ataques al STF, ensalzando el fin de la «dictadura del poder judicial». Los partidarios fueron transportados con los recursos de la fracción capitalista golpista pro-militar y por un sector de la iglesia evangélica, que aglutinó a sus fieles en torno a prejuicios morales y religiosos y al combate contra el supuesto «comunismo» que estaría apoderándose de Brasil.
Esta línea política del POR de defender la independencia ideológica, política y organizativa de los explotados frente a la polarización que venían imponiendo tanto Bolsonaro como Lula/ PT fue confirmada por los hechos y el desarrollo de la crisis política
De los bloqueos de los camioneros a las campamentos frente a los cuarteles
En respuesta a una posible derrota electoral de Bolsonaro, los mentores de la ultraderecha comenzaron a montar campamentos frente a los cuarteles. Pero la gran mayoría de estos campamentos, que aparecieron en varias capitales, se montaron después de la derrota, con el objetivo de impedir la investidura de Lula. Sus organizadores pretendían transformarlos en instrumentos, directamente dirigidos a los militares, para mantener vivos los discursos golpistas y preparar las condiciones de los acontecimientos del domingo 8 de enero. Como puede verse, los preparativos abarcaron 70 días, con el consentimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La más activa, sin duda, fue la instalada frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, que incluía a los camioneros, que habían bloqueado innumerables carreteras, impugnando el resultado de las elecciones y que no tenían fuerzas para mantenerlas frente a la enorme campaña de una parte de los capitalistas contra el cierre de carreteras.
En ese momento, el POR publicó un Manifiesto. He aquí su contenido central: «El Partido Obrero Revolucionario (POR) -que defendió las banderas de «No confiar en las elecciones, confiar en nuestras propias fuerzas» y «Voto nulo»- enarbola ahora las de «¡Abajo el golpe!», «Derrotar los bloqueos y manifestaciones golpistas”, «Que las centrales, sindicatos y movimientos organicen de inmediato la resistencia permanente a las tendencias dictatoriales y fascistizantes del bolsonarismo. La principal forma de luchar contra la reacción bolsonarista en el próximo período es organizar el movimiento obrero, campesino y popular en defensa de su propio programa de reivindicaciones, y garantizar la total y completa independencia de las organizaciones obreras del gobierno de Lula, que cumplirá la función de un nuevo gobierno burgués. La lucha contra los bolsonaristas no puede ni debe canalizarse para sustentar al gobierno de Lula. Es con la independencia de clase, con el programa de reivindicaciones y con los métodos de los explotados como la clase obrera y los demás oprimidos se emanciparán de todas las variantes de la política burguesa. Luchar contra el golpe bolsonarista es luchar contra todas y cada una de las formas de política burguesa.»
El hecho de que las centrales, sindicatos y movimientos estén subordinados a la candidatura de Lula, al movimiento burgués en defensa de la democracia y de la formación de un gobierno de frente amplio, ha imposibilitado que la clase trabajadora dé su propia respuesta a las tendencias golpistas, encarnadas por la ultraderecha bolsonarista. Las manifestaciones contra el golpe del 9 de enero carecieron de independencia de clase.
Las amenazas golpistas y el golpe de Estado de 2016
No cabe duda de que la escalada de amenazas golpistas se intensificó a medida que la crisis económica golpeaba con fuerza a Brasil. Al principio hubo manifestaciones estudiantiles, que ganaron el apoyo de otros sectores oprimidos, ante las consecuencias de la crisis económica. El gobierno Dilma Rousseff y el Congreso Nacional impusieron los PLS 728, de 2011, y, en 2013, otro PLS-499, para contener las gigantescas manifestaciones de los explotados, calificadas por la burguesía como «actos terroristas», por la radicalidad en las calles. Las protestas de 2013, sin embargo, fueron amorfas sin estar respaldadas por un programa reivindicativo propio, por lo que acabaron sirviendo a los intereses de la oposición derechista y ultraderecha al Gobierno del PT. Es importante recordar que el gobierno del PT allanó el camino para la aplicación de la legislación «antiterrorista», exigida por el imperialismo, liderado por Estados Unidos.
En medio del profundo descontento de los oprimidos, que sentían el peso del desempleo y el subempleo, la crisis política escaló en la disputa electoral de 2014 entre Dilma y el peessedebista Aécio Neves. Al mismo tiempo que se publicaba en los medios de comunicación una gran campaña a favor de la «Operación Lava Jato», un instrumento creado a principios de 2014, bajo el mando del ex juez Sergio Moro, para criminalizar a Lula y destrozar al PT, que había derrotado al candidato peessedebista
Brasil entró en recesión económica y los partidos, liderados por el PSDB y el MDB, crearon una CPI para destituir a Dilma Rousseff. A principios de 2016, Rousseff fue destituida del Gobierno y el MDB asumió la presidencia, a través de Michel Temer, que era vicepresidente de Rousseff. Las direcciones sindicales y populares se sometieron a las acciones antidemocráticas del impeachment.
Lo fundamental de esta descripción está en cómo el POR fue analizando los acontecimientos, que aparecieron en 2013 con las manifestaciones de los explotados por sus reivindicaciones y las manifestaciones reaccionarias de las fuerzas burguesas para derrocar al gobierno electo de Dilma Rousseff, destacando el lugar del «Lava Jato» como instrumento para la conclusión del golpe institucional, así como el papel de la prensa que culpó al PT/Lula como creador de la corrupción «sistémica». El POR, que levantó la bandera de la «Oposición Revolucionaria» al gobierno Dilma, denunció el golpe de Estado y levantó la bandera de la constitución de un Tribunal Popular para investigar los crímenes de la burguesía y sus gobiernos.
El éxito del golpe fue explicado en varios artículos del periódico Massas, al calor de los acontecimientos, señalando que las direcciones sindicales, que defendían la línea política del PT de «resistencia parlamentaria», se negaron a enfrentar a los golpistas en el terreno propio de los explotados, que es la lucha en las calles. Por otro lado, también demostró que las corrientes de izquierda, en su mayoría, defendieron la política del PT de combatir a los golpistas en el terreno propio de la burguesía, que es el parlamento. La correcta caracterización del gobierno de Temer como dictadura civil permitió la materialización de la pancarta «Abajo el gobierno golpista de Temer». Esta posición de independencia de clase y defensa de las reivindicaciones del proletariado y demás explotados armó ideológica, política y organizativamente al partido para el turbulento período que se instaló desde 2016.
En este período, la unidad de los partidos burgueses y del STF para derrocar al gobierno del PT se dio bajo la bandera de la defensa de la democracia, de la Constitución y bajo los auspicios del instrumento de la dictadura de clase burguesa, que es el impeachment. Cabe destacar aquí un pasaje del artículo «Nuestras tareas», publicado el 7 de enero de 2017, que dice: «Una de las tareas es la lucha por la independencia de clase de los explotados frente a todas las variantes de la política burguesa y pequeñoburguesa. Lo que exige desenmascarar la estrategia democratizadora que oculta la dictadura de clase de la burguesía y la preservación del capitalismo. Y desarrollar la estrategia revolucionaria del proletariado».
Esta línea continuó durante todo el proceso de agravamiento de la crisis política. Sin embargo, la profunda crisis de la dirección revolucionaria se erigió en un obstáculo para que los explotados encarnaran su propio programa de reivindicaciones y recorrieran el camino de la lucha de clases.
Las tendencias golpistas se quedaron en las entrañas de la política burguesa
La burguesía recurrió al golpe de Estado con la pretensión de frenar la crisis económica y política. En uno de los artículos del periódico Massas de julio de 2017, titulado el Curso de la Crisis, el POR hizo tres caracterizaciones importantes: 1) «El gobierno Temer se originó en los estrechos confines del Congreso Nacional, que se constituyó en un órgano del golpe y en un instrumento dirigido a implementar las directivas exigidas por el capital financiero.» Se refería a la destitución y a las medidas antipopulares de la dictadura civil del gobierno golpista, entre ellas la Reforma Laboral y la Ley de Tercerización. Esto se debe a que la crisis política no se debió simplemente a la política económica del gobierno del PT. En la base de los impasses gubernamentales estaba y está la profunda crisis económica que inevitablemente intensifica los conflictos burgueses. Así, destacó que la unidad constituida por las fuerzas burguesas para derrocar al gobierno del PT no significó la permanencia de esa unidad en el curso del gobierno Temer, lo que fue ejemplificado por los conflictos de intereses en relación a la reforma previsional. 3) «El Congreso Nacional, por haber sido el órgano del golpe, se convirtió en el responsable de preservar un gobierno cuya característica es la de una dictadura civil. Esto se derivó de las acusaciones de corrupción de Temer.
Como se ve, la crisis avanzaba y las tendencias golpistas tomaron otro rumbo, fortalecidas por las manifestaciones ultraderechistas provenientes de la «Operación Lava Jato», que exigían una centralización autoritaria. Los discursos contra el STF y en defensa de una intervención militar empezaron a ganar cuerpo y a atraer a una capa de la clase media más acomodada.
En septiembre de 2017, el general Mourão pronunció una conferencia en la Logia Masónica de Brasilia, señalando el camino hacia un golpe militar. Así: «O las instituciones resuelven el problema político, a través de la acción de la Justicia, apartando de la vida política a estos elementos implicados en todos los ilícitos, o tendremos que imponerlo». Una declaración que ya se había hecho en 2015. Esta expresión de Mourão estuvo en línea con el fortalecimiento de las tendencias ultraderechistas bajo el gobierno de Temer.
Lo importante de esta observación es la conclusión del POR, que dice: «Brasil no se enfrenta a un golpe inminente. Pero, sin duda, se está desarrollando una tendencia autoritaria en las entrañas de la política burguesa y de sus instituciones. Una tendencia impulsada por los impasses económicos, por los intereses del capital financiero, por las presiones del imperialismo y por el horizonte de la lucha de clases. Debe quedar claro que la tendencia autoritaria, antidemocrática y reaccionaria comienza a expresarse precisamente en las entrañas de la política burguesa» (…) La exposición más abierta y consistente de la tendencia autoritaria se dio en el movimiento por el derrocamiento del gobierno del PT. La conclusión del artículo marcó el camino de la política proletaria. Aquí está: «Sólo la clase obrera organizada e independiente de la política burguesa puede luchar por un programa y una estrategia capaces de derrocar y enterrar todas las variantes del autoritarismo burgués.»
El país asistió atónito a la invasión de la horda Bolsonaro del Palacio de los Tres Poderes. Invasión que se gestaba conspirativamente en todo el país, y que tenía como base los campamentos frente a los cuarteles y como acción política directa el bloqueo montado por los camioneros, que se dio en parte de los estados de la Federación.
Unidad burguesa en torno a la elección del ultraderechista Bolsonaro
El encarcelamiento de Lula y la anulación de sus derechos electorales permitieron la victoria del excapitán del Ejército Bolsonaro, que pretendía continuar las medidas antinacionales y antipopulares del golpista Temer. Mientras su ministro de Economía, Paulo Guedes, continuaba con las contrarreformas antipopulares y antinacionales, aprobando una dura reforma de las pensiones, recortando recursos de los servicios esenciales (sanidad, educación, vivienda) y avanzando en el plan de privatizaciones, que llevó a la entrega de Eletrobras, Bolsonaro se rodeaba de ministros y asesores militares. Por tanto, por un lado, una política económica ultraliberal; por otro, el crecimiento de la militarización de la política. Denunciado por sus vínculos con la milicia en Río de Janeiro y profundamente involucrado en la corrupción, Bolsonaro buscó encubrir tales acusaciones y atraer a un sector de la clase media y explotada con discursos diarios en nombre de la «patria», la «Constitución», la «familia» y la «fe». Lanzó una ofensiva en defensa de la «Escuela sin Partido», para combatir lo que se denominaba la «politización» de las aulas. Recurrió a una práctica de la dictadura militar, que consistía en nombrar interventores para las universidades. Instituyó el «secreto de 100 años» para evitar que las denuncias desembocaran en un juicio político. Y buscó deslegitimar las urnas electrónicas, para justificar una posible intervención militar.
Las dificultades de la ultraderecha se toparon con la imposibilidad de frenar la crisis económica. El coste de la vida se disparó, el salario mínimo alcanzó uno de los poderes adquisitivos más bajos para trabajadores y jubilados, los recortes en recursos educativos profundizaron la precariedad de las escuelas, la sanidad pública se fue al fondo del pozo, la desocupación y el subempleo aumentaron la miseria, el hambre y la pobreza extrema. Así, una parte significativa de la población hizo campaña para que Lula volviera para un tercer mandato. Incluso con todas estas terribles condiciones, el bolsonarismo consiguió arrastrar a millones, lo que se tradujo en una ajustada victoria del PT. Los derrotados en las elecciones, armados con el discurso repetitivo de una intervención militar, apoyaron el acto golpista.
El POR, en el periódico Massas, publicado días antes de la invasión del Palacio de gobierno el 8 de enero, mostraba que: «Lula asumirá el cargo acosado por la ultraderecha, cimentado en un movimiento de clase media y amenazado de golpe por el bolsonarismo. Tendrá que contar con el apoyo activo y pasivo del frente montado por las centrales sindicales, que someterá aún más a los sindicatos al Estado burgués. Nada de esto impedirá que la economía siga sometida a la contradicción entre las fuerzas productivas mundiales altamente desarrolladas y las relaciones de producción capitalistas. Nada de esto impedirá que el imperialismo ataque con mayor impetuosidad a las economías semicoloniales. Ciertamente, Lula podrá contar con algún margen de maniobra, que por el momento no hay cómo identificar, pero la perspectiva general es de impulso a nuevos pasos de la crisis estructural del capitalismo».
El bloqueo de los camioneros, que se produjo poco después del resultado electoral, sacó a la luz las tendencias golpistas más profundas, encarnadas por una fracción de la ultraderecha fascista. Y las acciones del 8 de enero revelaron la existencia de una organización conspirativa. Este proceso tuvo lugar en unas condiciones económicas y políticas en las que no había forma de prosperar, y que concluyeron en una aventura, como predijo el POR mucho antes. Es en estas condiciones de creciente inestabilidad que se instaló el gobierno de Lula. No será con las detenciones y condenas de un contingente de invasores como se disiparán las tendencias reaccionarias de la ultraderecha.
El próximo período -como han señalado los propios organismos internacionales de la burguesía- será de crisis económica continua en forma de estancamiento y recesión. La guerra en Ucrania y la escalada militar del imperialismo en torno a China lo tienen todo para potenciar la descomposición del capitalismo. El problema reside en trabajar para superar la crisis de dirección, que tendrá a su favor la necesidad de que el proletariado y los demás explotados se levanten contra la burguesía, sus gobiernos y sus Estados. La defensa del programa reivindicativo propio de la mayoría oprimida es el punto de partida para que la vanguardia con conciencia de clase señale el camino hacia la revolución proletaria.
(POR Brasil – Massas nº681)
