Salta: Derogación inmediata del decreto anti protestas
Compartimos el siguiente comunicado firmados por distintas organizaciones al cual adherimos.
DECLARACION DE REPUDIO AL DECRETO 91/23:
«El gobernador Gustavo Sáenz promulgó el decreto 91/23 por el cual entra en vigencia el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas, el cual habilita claramente la represión de las manifestaciones y luchas de la población. Todo ello en el marco del plan de ajuste que viene llevando adelante junto al gobierno nacional guiados por el FMI, y que se promulga en medio de la resistencia de parte del pueblo trabajador, ocupados y desocupados, como la lucha de los autoconvocados de la salud y docentes, trabajadores estatales, vendedores ambulantes, organizaciones piqueteras, activistas que defienden el medio ambiente contra el extractivismo sojero y minero, vecinos que reclaman por la falta de agua y en contra de los tarifazos (como el acampe de Oran frente a las oficinas de Edesa o el impuestazo de la intendenta Romero), las manifestaciones de organismos de DDHH en contra del gatillo fácil o pedidos de justicia, las manifestaciones de mujeres en contra de la violencia sistémica por motivos de género y femicidios.
El objetivo claramente consiste en derrotar toda resistencia social para hacer pasar el ajuste en favor de los sectores concentrados del poder.
Por lo cual:
Repudiamos el protocolo referido por cuanto limita y cercena el derecho a la manifestación y protesta social, afectando el derecho a reunión y libertad de expresión, atento a que el mismo no tiene por fin el resguardo del derecho de los manifestantes a expresar libremente sus reclamos, ni la protección de su integridad física, sino que tiende directamente al condicionamiento y cese de toda medida de protesta. Así, al supeditar toda negociación a la previa desarticulación de la movilización, sin considerar las particulares circunstancias de quienes se manifiestan y la gravedad de sus reclamos, se asume una postura de clara criminalización de la protesta social, dando por sentado que cualquier ocupación del espacio público o de las vías de circulación constituye delito.
Repudiamos el protocolo por cuanto prioriza de manera absoluta el derecho a la libre circulación de particulares y empresas por sobre el derecho fundamental de manifestarse que es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se reclama nada menos que la protección de otros derechos fundamentales de la población, tales como la alimentación, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, el agua y los servicios. Funcionando en realidad como la herramienta para atacar y reprimir las luchas en curso por defender los mencionados derechos.
Repudiamos el protocolo, en particular, porque busca terminar con los cortes de ruta que llevan adelante los pueblos originarios en defensa de sus derechos enfrentando el genocidio permanente llevado adelante por el estado, a los cuales hacemos un llamado a la unidad de acción para enfrentar el mencionado protocolo represivo.
Repudiamos el protocolo por cuanto el mismo responde directamente a intereses de entidades como la Sociedad Rural Salteña, Prograno, la Cámara de Transportistas, la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Federal y la Cámara de Comercio Exterior, redactándose solo en atención a sus reclamos, sin consultar ni considerar las necesidades y reclamos de los sectores populares que se movilizan en las calles y las rutas. El protocolo no solo no garantiza sus derechos a manifestarse, sino que se dirige directamente a facilitar su desmovilización y criminalización.
Repudiamos el protocolo en cuanto faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a tomar conocimiento “por cualquier medio” de la organización de manifestaciones públicas, “legalizando” con ello prácticas de espionaje o inteligencia sobre los manifestantes o referentes de movimientos sociales, significando ello una grave afectación a la libertad de expresión, derechos de reunión, asociación y participación política, pero además una práctica desproporcionada en tanto la protesta pública es un derecho y no un delito.
Repudiamos el protocolo por cuanto no garantiza que se provea a la ciudadanía información precisa y accesible sobre el operativo policial desarrollado (que facilite asignar responsabilidades en caso de represión o violaciones a derechos humanos) y tampoco garantiza que se evite la participación de personal policial con antecedentes de abuso de la fuerza.
Repudiamos el protocolo en tanto cercena el libre ejercicio de la profesión de los y las periodistas (y en particular de los periodistas alternativos), al dejar sujeto al criterio policial la determinación respecto de lo que constituye una obstaculización a los operativos policiales.
Repudiamos el protocolo en cuanto implica un agravamiento de la situación de niñas, niños y adolescentes que puedan estar involucrados en manifestaciones o protestas públicas, quienes son sujetos de especial protección por la Convención de los Derechos del Niño y las ley nacional 26061 y ley provincial 7970.
Por todo ello exigimos la derogación del decreto 91/23 y su protocolo, que viola el respeto a la libertad de expresión, reunión y petición a las autoridades, y exigimos no se criminalice la protesta social ni se ejerza discriminación sobre los manifestantes de los pueblos originarios de la provincia y demás sectores vulnerados, profundizando un sistema desigual y represivo que viola derechos humanos fundamentales.
Por la importancia de todo lo desarrollado, hacemos la convocatoria a sumarse en esta gran lucha a todas las organizaciones del campo popular, defensores del medioambiente, agrupaciones feministas, sindicatos, movimientos sociales, movimientos de desocupados, trabajadores en lucha, agrupaciones estudiantiles y todos los que consideren justa esta causa.»
Adhesiones (ALFA Centro Comunitario; RED EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS; MST – Frente de Izquierda Unidad ; CUBa MTR – ; PRML.; siguen las firmas…)
(nota de MASAS nº430)