El callejón sin salida de Perú por la falta de una vanguardia proletaria organizada

Pavel Alarcón (POR Bolivia – Masas nº2733)

El 17 de febrero pasado todos los sectores movilizados en el Perú comenzaron a tomar conciencia que la “democracia formal” no es la salida para la crisis desatada el 7 de diciembre pasado, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, sin contar con el apoyo de las instituciones formales como las fuerzas armadas. La reacción de las clases dominantes fue inmediata con la designación de Dina Boluarte como presidenta “constitucional” y asegurándole impunidad en caso de las futuras represiones.

La reacción popular fue una movilización inmediata que comenzó en las provincias del sur, como Cusco, Puno y también Ayacucho. Boluarte aseguró que estas serían movilizaciones de corto tiempo y concluirían antes de las fiestas de fin de año y no tendrían mayores conflictos.

Los movimientos sociales el 20 de diciembre dieron una pausa hasta el 4 de enero de 2023, para acumular fuerza y provisiones.

En este primer período las consignas fueron que se dé libertad a Pedro Castillo y el cierre del Congreso, por tanto, convocatoria a elecciones generales de inmediato, sólo los sectores cercanos a Perú Libre (partido que llevó a Castillo a la presidencia) pedían la convocatoria de una asamblea constituyente.

Como habían anunciado las movilizaciones volvieron a tomar fuerza a partir de 4 de enero llegando a bloquear en su primer día más de 40 vías entre ellas las que conectan a la capital Lima con las provincias del sur y al centro turístico de Cusco, generador de 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), además de ser áreas donde están las mayores explotaciones mineras.

Las consignas en este tiempo fueron la del cierre del congreso y la renuncia de Boluarte, porque de renunciar la presidenta por determinación constitucional debe convocarse de manera inmediata a elecciones generales.

El 9 de enero se dio la masacre de Juliaca donde la Policía asesino a 19 personas, entre manifestantes y vecinos del aeropuerto “Túpac Amaru”. Los movilizados intentaron tomar la pista del puerto aéreo para impedir que sigan llegando refuerzos y recursos para las “fuerzas del orden”.

Boluarte calificó los hechos como “lucha contra el terrorismo” y que la Policía actuó en defensa del orden institucional. Pese a las amenazas los sectores movilizados convocaron a marchar sobre Lima a partir del 18 de enero y se mantienen en la capital peruana pese al tiempo y la represión.

Pese a la escalada de violencia ª consignas generales como son: las elecciones generales o asamblea constituyente, pero no buscan un objetivo a largo plazo, pues no tienen una vanguardia política esclarecida, pues el sindicalismo obrero fue destruido en la década de los 90 del siglo pasado por la represión del expresidente Alberto Fujimori (1991- 2000), quien con el argumento de lucha contra el terrorismo persiguió a los dirigentes obreros y debilito las centrales obreras.

La lucha de los explotados peruanos recién comienza, pero fracasará si no se organiza un instrumento político que no se quede con las consignas burguesas de elecciones o asamblea constituyente y busque la construcción del gobierno obrero campesino.

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