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La hipocresía de Morales y sus socios

El gobierno de Morales y sus socios políticos desde Buenos Aires hablan de la violencia de los manifestantes. Qué mayor violencia que pagar salarios de indigencia y encima con la amenaza de descontar el presentismo. Qué mayor violencia que reprimir toda protesta. Qué mayor violencia que saquear los recursos del territorio y contaminar los suelos y el agua o dejarnos sin ella. Qué mayor violencia que pretender apropiarse de tierras que fueron de las comunidades por siglos. Qué mayor violencia que fabricar una Constitución en pocos días, sin debate, aprobada entre gallos y medianoche, para garantizar la propiedad privada como bien supremo, por encima de los derechos de la mayoría, de usurpar territorios, de prohibir la protesta en defensa de nuestros derechos. Qué mayor violencia que poner el sistema judicial bajo los arbitrios del gobierno… Es el gobierno de Juntos por el Cambio y el peronismo que se transforma en dictadura civil para garantizar el saqueo y los grandes negocios capitalistas.

Defendemos todos los medios de lucha de los oprimidos, sus métodos de acción directa de masas, para reclamar por sus derechos, para defender sus recursos, sus condiciones de vida, su tierra, que avasallan gobiernos y empresas.

El gobierno dice que hay “infiltrados” llegados desde otras provincias. Debemos saludar la solidaridad de todos los que llegan a sumarse a la lucha, porque los reclamos son los mismos que en todas las provincias, porque da respuesta a los principales problemas políticos y sociales. Los infiltrados que repudiamos son los de la policía que disfrazados de civiles se meten entre los manifestantes para provocar. ¿Cómo puede hablar Morales de infiltrados? Si él mismo y todo su gobierno son agentes de empresas transnacionales, si él mismo pidió a un estudio de abogados de Buenos Aires que preparara el texto de la nueva Constitución. La cuestión de los infiltrados es una provocación más que toman los medios de comunicación para la campaña contra el pueblo jujeño que está dando una formidable lección.

En las comunidades inicialmente se opusieron a la reforma de la Constitución provincial porque sus artículos preparaban las condiciones legales para los desalojos de quienes no contaran con un título de propiedad. Sobre aproximadamente 400 comunidades indígenas sólo el 12 por ciento con títulos de propiedad comunitarios. El gobierno de Morales está seguro que la Corte Suprema de la Nación no cuestionará su Constitución que contradice y viola la Constitución Nacional porque esta en línea con lo que necesitan las multinacionales y los grandes empresarios locales.

Destacados dirigentes peronistas nacionales denuncian la feroz represión de Morales pero no se pronuncian en contra de su Constitución aprobada por los legisladores peronistas.

Esa Constitución será derrotada en las calles, nunca en los tribunales.

 

(nota de MASAS nº437)

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