El FMI le impone al Gobierno seguir con la política de ajuste violento contra las condiciones de vida de la mayoría
Las medidas que adoptó el gobierno después de dos semanas de abrupta suba generalizada de precios son una burla. A medida que pasaban los días crecía la expectativa entre los trabajadores de que pudieran ser mejores. Ahora tratan de conformarnos diciendo que por lo menos es algo en el bolsillo o que otro gobierno ni siquiera hubiera atendido esta necesidad. Era bien sabido que una brusca devaluación dispararía todos los precios. Sin embargo, el gobierno acató la orden del FMI.
Después de meses y meses hablando sobre si otorgar una suma fija generalizada para recuperar un poco el poder adquisitivo de los salarios y anunciando que ahora sí se aplicaría volvió a frustrarse. Quienes reclamaban suma fija decían que así se elevaba de hecho el salario mínimo general y el de cada convenio, y representaría un mayor porcentaje para los salarios más bajos.
Será un bono de $60 mil para trabajadores formales, privados y estatales, que se pagará en dos cuotas de 30 cada una. Será no remunerativo, por única vez y será absorbido por el futuro acuerdo paritario. Es sólo para trabajadores que cobran menos de $400.000 mensuales.
El impacto de la devaluación en nuestros bolsillos supera largamente el 22% de la devaluación sin embargo este bono representa un 15% para un salario de $200.000 y menos para salarios más altos. No cubre la pérdida real del poder adquisitivo del último mes, aunque el mes que viene nos digan que la inflación fue del 12% en agosto.
El llamado salario mínimo vital y móvil para el mes de septiembre sigue fijado en $118.000. No alcanza ni para una semana.
El Estado contribuirá con las pymes y micropymes para pagar los bonos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó la medida y “recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”. La burocracia de la CGT siempre se manifestó contraria a un aumento general de suma fija. Estamos hablando de una cifra modesta para trabajadores que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta familiar.
Empresas que no garantizan pagar a sus trabajadores lo que vale su fuerza de trabajo como mínimo, no tienen derecho a existir. No puede aceptarse de que no pueden hacerse cargo de pagar siquiera esta mínima suma.
Quieren cargar a los trabajadores toda la miseria capitalista, dicen que “pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”.
Trabajadores que no paguen Ganancias podrán acceder a créditos de hasta $400.000 que se utilizarán para pagar deudas.
El Gobierno condonará el componente impositivo de las cuotas de los monotributistas de las categorías más bajas por seis meses. ¿Cuánto representa? La categoría A $486 mensuales, B $957, C $1.636 y D $2.689. Una verdadera miseria para 1.829.544 beneficiados.
Ofrece préstamos para monotributistas por hasta $4 millones si reúnen todos los requisitos. Muchos lo utilizarán para cancelar otros préstamos con tasas de interés más altas, o cancelar las tarjetas de crédito que cobran tasas usurarias o simplemente para comprar artículos de primera necesidad que no podían adquirir.
El control de precios sobre miles de artículos de la canasta familiar ya ha fracasado varias veces y volverá a fracasar. Los precios no retrocederán al 13 de agosto y empezarán a faltar algunos productos esenciales en los comercios. No hay voluntad política de controlar a las empresas que hacen con los precios lo que les viene en gana. Informan que 425 empresas se comprometen por tres meses a ajustar 5% por mes.
Implementan bonos para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, tarjeta Alimentar.
Se parece a una limosna entregada a regañadientes, para no enojar mucho a los empresarios y menos al FMI. Estamos ante un gobierno agotado, incapaz de contener la inflación y recomponer los ingresos de los oprimidos que no dejamos de retroceder en el poder adquisitivo.
Los colonizados de siempre que justifican todo el tiempo los ajustes del Gobierno nos dicen que no hay fuerzas, que la correlación de fuerzas no da. No pueden decir que la clase obrera tiene la fuerza necesaria para terminar con este estado de cosas. Basta con que utilice sus métodos históricos de lucha, que paralice el país, que paren las fábricas, las minas, los yacimientos petrolíferos, los puertos, los bancos, para torcer el brazo a la burguesía y al imperialismo. No pueden decir que esa fuerza gigantesca de la clase obrera no se aplica por la complicidad de las direcciones sindicales traidoras, vendidas a las patronales y al gobierno.