Se aprobó una nueva Ley de alquileres que no resuelve el drama de 8 millones de personas
Establece que los contratos deben ser a 3 años como mínimo, en pesos, actualizable cada 6 meses, con un índice que puede ser más bajo que la inflación. No se pueden publicar más las ofertas en dólares ni establecer el dólar como moneda en los contratos.
Muestra toda la impotencia del gobierno que se dice “nacional y popular” para siquiera empezar a resolver el drama de la vivienda. La Ley no hizo aparecer más propiedades en alquiler mientras crece la desesperación de las familias a las que se le terminan los contratos y no pueden renovar. La oferta de propiedades en alquiler es casi nula. Las que se ofertan tienen precios imposibles para los trabajadores que deben destinar un salario o más sólo para el alquiler.
Los propietarios dicen que “el mercado de alquileres tiene la capacidad de regularse por sí solo, basándose tanto en la oferta y la demanda”. Y hablan de “la importancia de fomentar la oferta y garantizar que las expectativas sean favorables para incentivar un mayor flujo en el mercado”.
Recientemente publicamos una crítica a los planes de vivienda del gobierno que festejaba la construcción de 100.000 viviendas en 4 años mientras se necesitan no menos de 300.000 ¡por año! Para resolverlo en 10 años. Ninguno de los candidatos menciona este tema dramático. Porque significa romper el acuerdo con el FMI que restringe la obra pública, significa romper con el negocio inmobiliario que bloquea la construcción masiva de viviendas populares porque haría bajar el precio de las propiedades y el valor de los alquileres.
Mientras se construyen las propiedades necesarias para resolver la crisis habitacional se debe disponer de todas las propiedades que no están ocupadas por sus propietarios o en alquiler, el Estado debe expropiarlas y entregarlas en alquiler. No se puede aceptar que haya decenas de miles de viviendas desocupadas sin uso. Lo contrario es aceptar el chantaje de los dueños que presionan para que los precios de los alquileres sigan subiendo, para que se acepte el dólar como moneda, y que se impongan condiciones leoninas a los inquilinos sobre la renovación, las comisiones, las garantías, el pago de impuestos y expensas que corresponden a los propietarios.
La Ley aprobada, que no resuelve ni puede resolver el problema más general, sirve a la demagogia del gobierno ya que sus opositores de Milei o Bullrich rechazan cualquier regulación. Esto es lo que hay que señalar porque de lo contario se alimenta la ilusión de que con una Ley se protege o se resuelve el problema. Nuestros legisladores, si los tuviéramos, no hubieran votado esta Ley que encubre la responsabilidad del gobierno y de la burguesía de conjunto.
Infobae señala que “entre los legisladores que acompañaron al oficialismo están la candidata presidencial Myriam Bregman; su compañero de fórmula, Nicolás Del Caño; Romina Del Plá y Alejandro Vilca. Son los cuatro del Frente de Izquierda”.
La respuesta de la clase obrera es exigir un plan de construcción de viviendas populares de no menos de 300/400.000 por año, con empresas estatales bajo control de los trabajadores, que incluirán a las que ya están en manos de sus trabajadores como las cerámicas. Se financiará dejando de pagar la deuda externa.
(Nota de MASAS Nº444)
