Brasil: La huelga federal de Educación choca con la política económica de Lula
Después de la huelga del personal técnico-administrativo federal, llegó el turno de los profesores. El descontento es generalizado y ha crecido bajo el gobierno de Bolsonaro. Los salarios han perdido poder adquisitivo, la financiación estatal ha sufrido recortes brutales y las condiciones generales de la educación se han deteriorado.
Aunque el proceso de privatización de la enseñanza superior sea largo, la última huelga general tuvo lugar en 2016. La reanudación del movimiento magisterial federal nacional indica que la dirección de Andes (Sindicato Nacional de Docentes) no pudo contener el descontento de las bases y se vio obligada a convocar a huelga. Las direcciones regionales de los distintos estados también se vieron presionadas. El caso de Pernambuco es emblemático. La dirección burocrática (PCdoB) intentó impedir que la huelga fuera aprobada en una asamblea radicalizada, impuso la forma bastarda de un plebiscito y fue derrotada en la consulta.
Este proceso pone de manifiesto que la huelga se desarrolla en conflicto con la orientación conciliadora, burocrática y antihuelga de la mayoría de las direcciones regionales y de la propia dirección nacional, controlada por el PT, el PSOL y el PCdoB. Por otro lado, la oposición sindical está dividida y debilitada. Sin embargo, cuenta con la voluntad de las bases para luchar a su favor. Dependerá de su unidad, firmeza política y voluntad de enfrentarse a las direcciones conciliadoras, formadas por tendencias conservadoras y profundamente adaptadas a la estructura de poder en las universidades, que emana del Estado y refleja el dominio gubernamental.
La unidad de los movimientos del personal docente y administrativo es fundamental para el movimiento. Se trata de un gran problema político que debe afrontar la oposición, que es heterogénea y tiene trazas de sindicalismo burocrático. La necesidad inmediata es constituir un comité de huelga unificado, convocar asambleas conjuntas y aprobar un plan de movilización que dé cohesión y capacidad para hacer frente a las presiones políticas y represivas del gobierno, los rectores y del ala reaccionaria, aunque minoritaria, del personal funcionario y docente. Los estudiantes son aliados en la lucha unificada, pero necesitamos superar la apatía y la falta de compromiso de las direcciones con la defensa de la educación pública. La mayoría de las direcciones están formadas en torno a las políticas reformistas, oficiailstas y oportunistas del PT, PCdoB y PSOL.
La reivindicación de un reajuste salarial del 22%, a pagar en tres plazos del 7,06% de 2024 a 2026, es mínima. Los empleados exigen un 34%, que también se fraccionaría. Este formato no compensa las pérdidas del pasado y los tramos apenas superan la inflación. Así, la huelga comenzó con una concesión al gobierno y una desventaja para el movimiento. La dirección burocrática mostró a Lula y a su ministro de Educación, Camilo Santana, que no había forma de contener las tendencias huelguísticas. El ministro, sin embargo, no aceptó los términos propuestos y se posicionó en contra de cualquier reajuste. Con el objetivo de chantajear al movimiento huelguístico, el gobierno empezó a condicionar a un acuerdo de compromiso la concesión de un aumento de los subsidios de alimentación, sanidad y guardería, que ya se había anunciado para mayo. El acuerdo incluía inicialmente una cláusula antisindical que suspendía las negociaciones en caso de huelga, pero acabó dando marcha atrás. Mantuvo, sin embargo, la condición de transferir la negociación del aumento salarial a mesas específicas, para romper la unidad de los trabajadores y aprovechar el corporativismo de la patronal.
El gobierno de Lula, en la voz de Camilo, condenó la huelga, diciendo que «el daño es a Brasil y a los estudiantes». Dijo lo que Temer, Bolsonaro o cualquier otro gobierno burgués diría. No sorprendió a quienes están atentos y alertas a la demagogia social de Lula, dado que el gobierno del PT ha mantenido las contrarreformas de anteriores gobiernos golpistas y de derecha, como las laborales, de la seguridad social y de la educación secundaria. La aristocracia estatal -el poder judicial, el legislativo y el militar- ha mantenido y ampliado sus privilegios. La inmensa mayoría de los trabajadores del estado están pagando la crisis económica y las medidas para proteger a la clase capitalista y, en particular, a las grandes empresas.
La educación en general ha sufrido la contención de los fondos y el avance de la mercantilización impulsada por los empresarios de la educación. Los amplios cambios provocados por la expansión de la educación a distancia han tenido consecuencias devastadoras para la educación. Alejan aún más el aprendizaje de la producción social y amplían la brecha entre la teoría y la práctica. Las escuelas y universidades siguen careciendo de la alta tecnología necesaria para desarrollar la enseñanza presencial y están dando paso a la enseñanza a distancia. La caracterización errónea del trabajo intelectual y del aprendizaje científico ha ganado terreno. Los gobiernos siguen el ritmo impuesto por los capitalistas que se benefician de la enseñanza privada y de los medios tecnológicos de la informatización.
La desvalorización de la mano de obra docente es uno de los factores más significativos del desmoronamiento del sistema educativo. La progresiva destrucción de la enseñanza presencial, a su vez, favorece la pulverización del trabajo docente, que cambia y pierde la sustancia social de la educación, que es el conocimiento como necesidad práctica y como expresión de las contradicciones y transformaciones que se manifiestan en las relaciones capitalistas de producción. Ciertamente, se trata de una desvalorización de la fuerza de trabajo que afecta a la mayoría de los trabajadores en general.
La reforma administrativa que está lista para ser activada está esperando que las condiciones políticas salgan del cajón de la Cámara de Diputados. Es lo que ocurrió con las contrarreformas de Temer y Bolsonaro. El gobierno del PT tiene que ajustarse a los intereses generales de la burguesía y atender a ciertos intereses particulares, como el debilitamiento de la educación universitaria pública y el fortalecimiento de la educación privada.
Camilo Santana ha recibido instrucciones del departamento económico de no ceder a las reivindicaciones de los huelguistas. Si consigue vencerla, tendrá una baza para demostrar a los banqueros que se toma en serio el marco fiscal. Lula está presionado por los acreedores de la deuda pública para que aplique el acuerdo sobre el superávit primario, sin el cual no podrá contener el aumento de la deuda, mantener los subsidios multimillonarios a los capitalistas y canalizar los recursos según los intereses de las oligarquías regionales. Los presupuestos de educación, sanidad y bienestar deben consumir menos recursos.
El crecimiento económico se estancó el año pasado y seguirá así en los próximos años, según las previsiones del propio gobierno y las del FMI. La tendencia al estancamiento prevalece desde hace décadas. Si el gobierno no tiene fuerza para cargar contra las corporaciones y el capital financiero, debería tenerla para sacrificar a la clase obrera y al resto de los explotados. Esta es la regla general de la gobernabilidad burguesa. No hay espacio para que Lula repita el asistencialismo de sus dos mandatos anteriores y oculte su rostro como operador de la dictadura de clase de la burguesía sobre la mayoría oprimida.
Los impasses de la economía brasileña reflejan la descomposición del capitalismo mundial. En todas partes, la sobreproducción, el sobreendeudamiento de los estados nacionales y la aceleración de la guerra comercial chocan con las necesidades más básicas de las masas y precipitan crisis sucesivas. Es en estas condiciones que la huelga por una simple recomposición salarial, que no se traduce en una ganancia real, saca a la luz la decadencia de la enseñanza a todos los niveles y, en particular, a nivel superior.
La burocracia sindical hizo la concesión al gobierno de proponer un ajuste por menor. En la mesa de «negociación», aceptó reducir a la mitad la reivindicación inicial del 39,92% al 53,17% (según los acuerdos de huelga). Si se cumpliera, no cambiaría la grave situación que ha llevado a la depreciación de la mano de obra. Además de las pérdidas inflacionistas que se acumulan desde 2010, insuficientemente restituidas en los acuerdos de huelga de 2012 y 2015, la reforma de las pensiones que aumentó el porcentaje de deducción, incrementándolo también para los profesores jubilados.
El estrangulamiento financiero de las universidades es insoportable. El presupuesto discrecional aprobado para 2024 es el 39,74% del que había en 2013, teniendo en cuenta la inflación. Se necesitarían 8.800 millones más para equiparar el presupuesto actual, de apenas 5.800 millones, al de 2013. Sumado al impacto de la reforma laboral en la vida de las familias trabajadoras, esta situación ha hecho cada vez más difícil que los estudiantes permanezcan en la escuela. El abandono escolar es altísimo, tanto por la falta de vivienda y alimentación adecuadas como por las bajas expectativas de conseguir un empleo en el campo de estudio. Por eso, la huelga de profesores y administrativos enfrenta objetivamente las directrices económicas del gobierno Lula, que está de turno al servicio de los intereses de la burguesía.
Los trabajadores de la educación tienen la urgente tarea de comprender las profundas y amplias implicaciones de la huelga. Su dirección hará todo lo posible para no chocar con el gobierno que se presenta como progresista y nacional-reformista en referencia al gobierno ultraderechista y reaccionario liderado por Bolsonaro.
Este es el problema político que expone la necesidad de que la huelga se sitúe en el terreno de la independencia de clase. Para ello es necesario rechazar la posición del gobierno, que está en defensa del sistema de enseñanza privada, de los acreedores de la deuda pública y de los intereses generales de la oligarquía burguesa.
El movimiento también tiene en su agenda importantes banderas capaces de unificar a los estatales y demás trabajadores, exigiendo la derogación de las contrarreformas, la nueva enseñanza secundaria y la anulación de la reforma administrativa. Es necesario no limitarse al objetivo inmediato, centrado en las reivindicaciones salariales, y no aislarse de los grandes problemas de la enseñanza que están surgiendo en el marco del capitalismo en descomposición. La defensa de un sistema único de enseñanza pública, gratuita y controlada por los que estudian y trabajan, es fundamental para la lucha no sólo de los profesores y funcionarios, sino sobre todo estratégica para el programa de la clase obrera, que lucha por transformar la propiedad privada de los medios de producción en propiedad social.
La lucha contra la desvalorización de la fuerza de trabajo y la degeneración del sistema público de enseñanza pasa por enfrentar al gobierno que sirve a los acreedores de la deuda pública y que promueve o apoya la mercantilización de la enseñanza. El movimiento necesita levantar banderas que rompan los límites del corporativismo sindical, vinculando la defensa de los salarios a la defensa del sistema único y gratuito de enseñanza pública, de la democracia universitaria y de la interrelación entre teoría y práctica. La defensa de la plena financiación estatal de la universidad pública, según el presupuesto calculado por la Asamblea General Universitaria. El papel de la burocracia universitaria en la intimidación del movimiento debe ser respondido con la convocatoria de asambleas generales universitarias. La tendencia en este momento es que los estudiantes se unan a la huelga, a pesar de la dirección de la UNE en el poder.
Que el gobierno de Lula cumpla inmediatamente con el reajuste de una sola vez. Que deje de pagar intereses de la deuda pública y atienda las necesidades de los explotados. ¡Que la educación, la salud y la vivienda sean sus prioridades número uno! ¡Derogar las contrarreformas antinacionales y antipopulares!
Es imperativo unificar inmediatamente las huelgas de estatales y profesores. Instaurar la democracia de las asambleas presenciales. Organizar comités de base en todos los estados. Establecer una dirección única de las huelgas a través de un comité unificado. Exigir a las organizaciones estudiantiles que rompan su pasividad y hagan frente a los bloqueos del gobierno. Unir a todas las fuerzas sociales de la educación en defensa de las necesidades más apremiantes y generales de los explotados.
¡Viva la huelga de profesores y personal técnico-administrativo federal! ¡Todo el apoyo a la organización independiente de los trabajadores frente al gobierno y la burguesía!
(POR Brasil – Massas n°713)
