Bolivia: Perspectivas y peligros de un nuevo proceso que parece iniciarse por la profundización de la crisis
Corresponde instalar en medio del escenario político la bandera de la independencia política del proletariado, cuyos gérmenes ya está surgiendo en Colquiri y Huanuni, para que éste le dispute a la vieja derecha la conducción del malestar social vigente.
La derecha tradicional, apoyándose en la profunda desconfianza de amplios sectores de la pequeña-burguesía a toda medida del gobierno, lanzó la alarma de que el Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales estaría poniendo en peligro la vigencia de la propiedad privada en el país. provocando la reacción de amplios sectores de cuentapropistas y otros sectores de la clase media empobrecida, exigiendo la abrogatoria de dicho decreto, agarrando la consigna de defensa de la propiedad privada.
El gobierno ante el peligro de que pudiera profundizarse y radicalizarse este movimiento, se apresuró en abrogarla. Ahora, la oposición, sintiéndose victoriosa, vuelve a arremeter exigiendo la abrogatoria de la Ley de Aduanas, la facturación electrónica, la suspensión del tratamiento proyecto de ley 148/23 de la Defensoría de la Madre Tierra, con el mismo argumento de que atentan a la propiedad privada.
Pero es la exigencia de solución a la escasez de dólares que está provocando la subida de los precios de los artículos de consumo y la caída de las ventas de los comerciantes minoristas provocando la agudización de la miseria, la que tiene preocupada a la población.
Se anuncian nuevas movilizaciones y bloqueos de caminos. El lunes 20 de mayo el transporte pesado ya ha comenzado bloqueado la carretera troncal que une La Paz con Oruro y Cochabamba por el problema de la escasez de dólares y de diésel.
El gobierno se encuentra acorralado. Es claro que no puede garantizar dólares suficientes en el mercado para atender la demanda de los comerciantes, transportistas, etc.
La burocracia sindical de la COB sólo atina a señalar que se trata de una escalada conspirativa timoneada por la vieja y la nueva derecha evista y que el gobierno aplique con severidad las leyes contra los conspiradores y terroristas.
Los cipayos de la COB junto al gobierno, denuncian que las anunciadas movilizaciones son por objetivos artificialmente enarbolados y que el
único propósito es desestabilizar el “proceso democrático” vigente. No perciben que el fondo real del malestar social es la caída de capacidad adquisitiva de la gente. Se trata de movimientos que parten de la necesidad de que este gobierno atienda sus exigencias para paliar su miserable existencia. En esto radica la peligrosidad de la situación para el gobierno que, al llegar a una situación incontrolable, puede poner en peligro el destino de Arce Catacora y de su camarilla gobernante.
Lo novedoso del actual proceso social, que lo diferencia del anterior que tenía la tendencia a las luchas sectoriales, es que todos los sectores tienen a movilizarse con un objetivo común, el paliar las consecuencias de la crisis económica que se está haciendo sentir en sus estómagos; esta es la causa de por qué tienden a unificarse, sin previos acuerdos y pactos entre ellos; se trata de movimiento espontáneo que, por ser tal, puede desembocar en cualquier parte si está ausente una dirección revolucionaria.
La ausencia del pliego único de reivindicaciones -que es lo que debería hacer la COB, si no fuera un apéndice del gobierno- claramente direccionado a que los explotados y oprimidos de este país marchen hacia una salida revolucionaria, está planteando nuevos peligros que debemos evitar por todos los medios para que no se desvirtúe la posibilidad de la salida revolucionaria a la crisis burguesa, dirigida por el proletariado.
Es inocultable el intento de la vieja derecha reaccionaria de cabalgar en el malestar social. Enarbolan sus propias consignas contrarrevolucionarias para arrastrar a esa clase media desesperada detrás de su política antiobrera y antinacional al estilo Milei, como eso de que la propiedad privada es sinónimo de libertad, de que Bolivia no es Cuba ni Venezuela, muerte al gobierno socialista y comunista del MAS, etc. Esta vieja derecha quisiera reeditar la eclosión social del 2019 para aprovechar de la situación y trepar nuevamente al poder.
(POR Bolivia – Masas n°2790)
LA TRAMPA DEL LEGALISMO
La primera reacción de los trabajadores frente a los despidos y los abusos patronales es recurrir al Ministerio de Trabajo y a los tribunales de justicia creyendo que ahí se defienden y se hace prevalecer los derechos de los trabajadores. Esta lógica, es alentada por la burocracia sindical, que sabe que en este ámbito se puede “negociar” con la patronal y obtener alguna que otra ventaja “por lo menos”, de las que no se excluye beneficio personal y de camarilla para los dirigentes.
No es que en el pasado los obreros no hayan tenido que recurrir a los métodos legales para defenderse frente a la patronal. La diferencia es que la experiencia política los llevó a comprender que no se puede confiar en el legalismo burgués y que cualquier lucha por las reivindicaciones de los trabajadores, debía ser subordinada a la movilización y la acción directa.
Aún quedan las huellas de esa tradición, pero la dirigencia actual se ha enfrascado en la tarea de combatir esa tradición, una dirigencia vendida que por la prebenda, repite las ideas reformistas democratizantes y se arrastra tras la impostura de que el gobierno del MAS es el gobierno de los trabajadores, y que por tanto lo que corresponde es “mejorar” las leyes y “saber” emplearlas para beneficio de los obreros. La medida del “buen” dirigente la da la calidad de su “asesor” legal y el nivel de “manejo” que éste tenga de la normativa legal laboral. En el marco de esta idea, cualquier tropiezo u obstáculo que enfrentan los trabajadores en el mundo de la chicanearía jurídica, seria expresión de que los que conducen son “malos dirigentes”. La burocracia sindical, al subordinar los intereses de los trabajadores al legalismo burgués, terminó facilitando a la patronal avanzar en la aplicación de sus medidas antiobreras de ajuste orientadas a bajar costos en base al sacrificio de los obreros y sus familias.
Por su parte, el gobierno, que supuestamente es el llamado a hacer respetar las leyes, simplemente hace la vista gorda frente al incumplimiento por parte de la patronal, de fallos judiciales favorables a la trabajadores y alienta que los trabajadores se pierdan en los recovecos y la chicanearía jurídica, es más, recomienda abogados “expertos“ y bufetes especializados, que como la experiencia enseña, juegan a las dos partes sacando beneficio tanto de trabajadores como de empresarios prestos a
comprarlos.
Los casos de las empresas SENDEX, PROSIL, BELEN, IMBA; etc. son ilustrativos; la mayoría tiene fallos judiciales favorables, sentencias constitucionales, incluso mandamientos de apremio contra los empresarios o sus representantes legales. Ninguno de los fallos ha sido respetado por la patronal, que siempre encuentra la manera de dilatar o burlar su cumplimiento. Los trabajadores a la par terminan enfrentando a sus abogados que les meten acciones legales por pago de “servicios”. Estamos ante la trampa del legalismo en todo su esplendor. Entrar al legalismo, abandonado la acción directa, es entrar al juego de la patronal.
Los trabajadores, decepcionados de la “ley y la justicia burguesa”, quieren en su desesperación retomar la acción directa, pero tropiezan con que sus dirigentes departamentales y nacionales, no están dispuestos a unificar la lucha para lanzar un combate de clase contra clase que obligue a la patronal a retroceder y al gobierno a hacer cumplir sus propias leyes. Los dirigentes se limitan a hacer “seguimiento” y lanzar discursos incendiarios para hacer la pose de “dirigentes luchadores y revolucionarios” pero, a la hora de la verdad no hace nada para unificar la lucha.
En este desencanto, frente al legalismo es que toca apoyarse para impulsar su superación. Un paso en este sentido es comenzar a unificar una denuncia conjunto sobre el incumplimiento de los fallos judiciales favorables a los trabajadores y del silencio cómplice del gobierno, que no hace nada para que la patronal respete dichos fallos. Esa denuncia debería venir acompañada de otras acciones de movilización orientadas a presionar al gobierno a que cumpla con sus obligaciones de hacer respetar mínimamente las leyes burguesas y los fallos judiciales favorables a los trabajadores que se dieron en el marco de ellas. ¿De qué sirve un gobierno que ni siquiera es capaz de hacer respetar sus propias leyes? Si, el gobierno de Arce Catacora, no puede, o. más bien, no quiere, ¡que se vaya!. Los trabajadores sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestra capacidad de organizarnos para la lucha unitaria en base a nuestros propios métodos, la huelga, el paro, la toma de fábricas, en resumen, la movilización y la acción directa.
(POR Bolivia – Masas n°2790)
