Avanza el saqueo sobre las represas construidas por el Estado
Objetivo: entregar nuevamente en concesión activos estratégicos por 30 años (decreto 718/2024), privatizando la concesión como ya hizo Menem en 1993, que las entregó por 30 años que vencieron a mediados de 2023. El gobierno de Fernández demoró qué hacer con las represas, en medio de discusiones en las que un sector proponía que sean operadas por la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa).
El Gobierno cree que está habilitado para avanzar con la entrega. En la Ley Bases, en el Artículo 1°- “Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”.
El Gobierno publicará en 180 días los pliegos para licitar la concesión por 30 años de las centrales hidroeléctricas del Comahue que generan el 10% de la producción total de energía eléctrica. Las represas están situadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Río Negro y Neuquén.
Las centrales en cuestión son Alicurá (1050 MW de potencia instalada), operada por la estadounidense AES; El Chocón y Arroyito (1417 MW), por la italiana Enel; Cerros Colorados y Planicie Banderita (472MW), bajo la concesión de Aconcagua Energía, y Piedra del Águila (1440 MW), operada por Central Puerto.
Las centrales seguirán siendo operadas por las actuales empresas que tienen la concesión hasta tanto termine el proceso de licitación en marcha, que podría tardar al menos un año. El Gobierno evaluará el estado actual de las represas y qué inversión demandarán para extender su vida útil.
El Chocón se construyó en 1973, y demanda una inversión grande para seguir operando. El Gobierno calcula que las empresas que ganen la concesión deberán invertir en promedio al menos US$100 millones por cada central hidroeléctrica.
Un tema importante es determinar cómo será la remuneración de la energía generada por esas centrales. A la fecha, las empresas cobran un valor en pesos por kwh que determina la Secretaría de Energía. El Gobierno plantea que las generadoras puedan hacer contratos de ventas con privados (cuyos intereses están entrelazados).
La política del Gobierno es crear las mejores condiciones para las poderosas empresas privadas que se queden con el negocio como está haciendo con todo lo que quiere privatizar, especialmente en tarifas: “La idea es que de acá a seis meses va a estar normalizado el mercado eléctrico, con precios más predecibles, para que quienes se presenten en la licitación puedan evaluar el negocio” (publicado por La Nación).
Y agregan: “Para que alguien quiera invertir US$200 millones para extender la vida útil de las máquinas, hay que tener alguna seguridad y la remuneración spot [que fija la Secretaría de Energía] no la da. Hay que darle al nuevo inversor todas las seguridades para cuando adquiera el paquete accionario”.
Las provincias de Río Negro y Neuquén se verían beneficiadas si se establece una mayor remuneración, ya que cobran regalías de 12% sobre el precio de venta de la energía eléctrica, que en los últimos años estuvo pesificada y con ajustes por debajo de la inflación. Esta cuestión opera como un chantaje sobre las provincias para que adhieran al plan de negocios de los empresarios con el gobierno.
La defensa de la soberanía nacional requiere que las concesionarias deben devolver las empresas al Estado en el momento del vencimiento de sus contratos para ser operadas directamente por el Estado que debe realizar todas las inversiones necesarias para mantenerlas activas.
Así como es estratégica la operación por parte del Estado, en un sector vital de la economía, es importante la política de precios teniendo en cuenta la necesidad de industrializar el país y el más bajo costo posible para las familias. Objetivo contradictorio con el Gobierno nacional que pretende privatizar todo y garantizar la máxima rentabilidad a las empresas. Para defender el interés nacional tenemos que desprendernos de este Gobierno y sus empresarios amigos. Tarea que debe ser liderada por la clase obrera.
(nota de MASAS n°463)