Los complejos hidroeléctricos de remate
Las políticas económicas promovidas por el peronismo de los 90, con la ley de reforma del Estado, privatizó todos los recursos estratégicos que sentaban algunos límites al capital imperialista. Luego de los 30 años de concesión, se prorrogaron las mismas para una nueva entrega de las represas.
Ahora con el DNU 70/2023 vigente, a pesar de su carácter inconstitucional, junto con las facultades delegadas y la reforma administrativa y del Estado aprobadas en la Ley Bases, el Gobierno Nacional de Javier Milei emprende nuevamente la privatización de las Centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la región del Comahue entre las provincias de Neuquén y Río Negro, por otros 30 años.
Según los datos de la Fundación Rosa Luxemburgo, el Estado nacional invirtió cerca de U$S20 mil millones en la construcción de las hidroeléctricas, y se estimaba una amortización en 30 años, frente a lo cual se le adjudicó el usufructo al capital transnacional por una irrisoria cifra de US$2 mil millones aproximadamente. Las empresas obtienen una renta brutal anual que fluctúa entre los US$ 350 y US$750 millones.
“La inversión en el Chocón y Cerros Colorados, por ejemplo, recién hubiera sido recuperada en el año 2007 y en el 2010, por sólo citar dos casos representativos. Sin embargo, este hecho no sucedió debido a que para ese entonces ambas centrales ya registraban más de una década en manos de empresas privadas. Aún más llamativo es el caso de Piedra del Águila, cuya obra fue concluida en simultáneo con su privatización, lo que devendría en un plazo de amortización recién en 2023, cuando vence su concesión privada” (Fundación Rosa Luxemburgo).
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones está en manos del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En Alicurá, la sociedad controlante está en manos del grupo estadounidense AES, Cerros Colorados está a cargo de la local Aconcagua Energía; mientras que Piedra del Águila pertenece al grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens y Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany. Todos estos datos nos dejan en claro que la ganancia es para los grupos que “obtuvieron” los derechos de concesión y que el Estado burgués es el gran financista del capital.
La importancia del complejo hidroeléctrico es fundamental, en un momento que se nos dice que se deben “sincerar” las tarifas, una absoluta falsedad considerando la gran inversión estatal en las represas y las escasas rentas que obtiene el Estado. Mientras las fábricas recuperadas como Zanon o Stefani se ven obligadas a vender sus bienes o directamente no pueden afrontar las boletas millonarias que reciben por el funcionamiento de sus plantas, algo similar ocurre con diferentes instituciones públicas como las Universidades que enfrentan serias dificultades para afrontar los gastos de energía. Lo mismo ocurre, con los consumos domiciliarios, con cifras siderales para una población nacional que supera el 90% de pobreza.
Hoy frente al consenso del arco político de los partidos patronales (U.P, PRO, LLA, y demás…) que apoyan y se aferran a la “eficiencia” estatal y el ajuste de las masas populares para alcanzar “déficit cero”, seguimos reivindicando que las empresas del Estado no deben ser concesionadas y deben estar bajo el control obrero porque son los que conocen los medios de producción y pueden ponerlos al servicio de gestar una sociedad comunista que termine con la alienación capitalista.
(Nota de MASAS n°467)